Una burla, además burda, que acaba de realizar el Consejo de Estado, en la providencia expedida, contra la ley y toda la jurisprudencia. Se debería cerrar el Congreso, por esta otra razón adicional, cuando en la rama judicial se han especializado en reformar la ley, y la Constitución, y desde luego, modificando sorpresivamente la reiterada jurisprudencia, contribuyendo en gran medida, a la inseguridad jurídica reinante. Para qué acudir a la administración de justicia, cuando de acuerdo con los parámetros legales, se presentan demandas, y en el transcurso del proceso, como por arte de magia, en otro proceso de similares características, salen con el esperpento, como acaba de suceder, de exigir ahora, cuando nunca había sucedido, la prueba del dolo, para conceder la suspensión provisional de un acto administrativo. La mora judicial deliberada, como sucede en la gran mayoría de los procesos judiciales y especialmente en las altas cortes, o es producto de la incapacidad e ineptitud del operador judicial, cuando ni siquiera aprueban las pruebas judiciales del Estado, o es preparando el escenario propicio para la rampante corrupción de la rama, como lo estamos viendo, y en este caso particular, para defender intereses particulares de una administración como la de Bogotá, absolutamente desprestigiada pero que deben soportarla los capitalinos con fundamento en esperpentos como lo acabamos de ver. Muchas historias se han conocido sobre cambios intempestivos de jurisprudencia para favorecer intereses particulares. Ahora si cabe la expresión de que la justicia es para los de ruana, se necesitan grandes capitales para acudir exitosamente ante ciertos organismos de la administración de justicia con posibilidades de éxito; existe un interés marcado de proteger determinados intereses políticos, especialmente del gobierno, que ha prostituido todo, hasta la dignidad de la patria, manteniendo unas negociaciones con el cartel de los más ricos del mundo, cuando acaban de incinerar a un soldado que fue secuestrado por sus contertulios de La Habana. Importa un pepino la dignidad de la patria representada en un soldado, es la consumación del estado de postración en que nos encontramos, en el fondo no es más que lavar los dineros del narcotráfico de quienes participan en representación del narcoterrorismo en el sainete conocido. El problema de la postrante corrupción de la justicia, no se arregla vendiendo el sofá pidiendo irresponsablemente la renuncia del magistrado Pretel, deben renunciar todos los miembros de las altas cortes, el Ministro de Justicia y el Fiscal, que se convirtió en la fábrica del delito con los falsos testimonios, que equivalen a falsos positivos, para perseguir a quienes son opositores del gobierno.