Estamos ad portas de otro festín electoral. Cuando el ciudadano deposita su voto, está definiendo el futuro inmediato y el de las nuevas generaciones. Esa es la dimensión de la responsabilidad al ejercer el derecho de elegir a sus gobernantes.
Por los resultados del ejercicio del poder político, en Colombia, podemos enfatizar que desde los albores de la República, siempre ha sido equivocada la decisión al votar por determinado candidato o lista de candidatos. Los niveles de atraso y precariedad nacional lo evidencian y confirman. Toda la problemática económica, social, fiscal, judicial. El atraso tecnológico-científico. El precario desarrollo económico-industrial. El tendencioso, irresponsable y criminal sistema de salud. El vergonzoso y engañoso sistema educacional público y privado. La amenazante y creciente inseguridad y criminalidad. La caótica institucionalidad. La claudicante soberanía nacional. El devorante chancro de la corrupción administrativa. El tenebroso poder de las mafias de la contratación pública, de la justicia y de la burocracia. El endémico desempleo y subempleo. Los trágicos índices de pobreza y de miseria, manipulados por el poder. Y toda suerte de factores que niegan el derecho a una vida digna y a un futuro mejor, a las mayorías colombianas, son consecuencia directa del irresponsable ejercicio del poder político y económico de las élites, que han usufructuado el poder, bajo las banderas de la demagogia y la ficción de democracia. ¿Por qué demagogia?
Durante la caza de votos, ofrecen ríos de leche y miel. Según ellos, trabajarán por solucionar todos los problemas del elector pobre y de esa manera superaran la pobreza.
Hasta ahora, después de más de 200 años de vida republicana, nada de eso ha sido cierto. ¿Y por qué ficción de democracia?
Porque una vez elegidos e integrados al poder político, hacen y deshacen, desde las instancias del poder, para el beneficio personal y de su entorno inmediato, a través de todo tipo de transacciones con el poder económico, nacional e internacional.
Sino. ¿Por qué el Congreso, no corresponde a sus electores y aprueba una Ley que desmonte el criminal negocio del actual Sistema Nacional de Salud y lo convierta en un Sistema capaz de garantizar el derecho fundamental a la salud, de todos los colombianos?
¿Y ante semejante irresponsabilidad, qué puede hacer el elector? Nada. No tiene voz, ni poder, ni derechos.
Los derechos sociales constitucionales, están definidos de tal forma, que cualquier iniciativa popular, debe ser aprobada por el Congreso. Entre otros, el Referendo y el plebiscito. Una verdadera democracia, debe permitir la convocatoria a utilizar esas herramientas populares constitucionales, mediante mecanismos racionales de iniciativa del pueblo, sin aprobación del congreso y el poder constituido acatarlo.
¿Por qué el Congreso no interviene y controla los abusos del ejecutivo, con los precios de los combustibles?
¿Por qué no legisla racionalmente sobre los costos de los insumos agropecuarios?
¿Por qué guarda silencio cómplice con la aberrante corrupción en la contratación pública?
Porque ante el hartazgo de mermelada, pierde el sentido de la responsabilidad política y social y prefiere negarle los derechos democráticos a sus electores. Elector. Decida el 9 de marzo. En sus manos está el futuro suyo y el de su descendencia.