El gobierno de Gustavo Petro ha decidido suspender el cese al fuego que acordó en enero pasado con el autodenominado Estado Mayor Central, una de las vertientes de las disidencias de las Farc que están al mando de ‘Iván Mordisco’, luego que ese grupo ilegalmente armado atacara en el Cauca a varios indígenas.
El decreto, firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, asegura que el gobierno ha decidido “suspender el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-Ep en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”. En el documento, se ordena además que se reanuden las operaciones militares y policiales ofensivas a partir de la medianoche de este miércoles 20 de marzo de marzo “en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc-Ep presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”.
El decreto insiste en que: “El Estado Mayor Central de las Farc-Ep presente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca ha incumplido los presupuestos fundamentales del cese al fuego pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la Fuerza Pública, y evidenciando poca voluntad de paz”.
Los hechos que motivaron esta crisis de los diálogos de paz tuvieron lugar en Toribío, Cauca, en donde producto del ataque armado contra los indígenas, fue asesinada la dirigente Carmelina Yule. Otros dos comuneros resultaron heridos. De acuerdo con los mismos indígenas, fueron atacados por disidentes de las Farc cuando impedían que secuestraran a un menor de edad en la región.
Tal parece que el gobierno de Petro apenas se está enterando que las disidencias de las Farc han utilizado la mesa de diálogos para fortalecerse; los huilenses hace rato lo saben bien de sobra. La gran inquietud que surge ahora es que al reanudarse los operativos militares en Nariño, Cauca y Valle del Cauca es inevitable que estas estructuras ilegales buscarán refugio en territorio huilense. ¿Están preparadas las autoridades para ello?