Los ocho fueron capturados el 4 de junio de 2015 en un envolvente operativo realizado en Neiva y Garzón
El exmandatario conservador y la expersonera, Sandra Natalia Fajardo, quienes tienen detención domiciliaria, no concurrieron a la audiencia realizada en La Plata. Los dos renunciaron a ese derecho.
Los demás implicados concurrieron ayer a la audiencia de acusación que se inició en el Juzgado Segundo Promiscuo de La Plata.
Por el desvío de recursos destinados bajo la figura de la urgencia manifiesta, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
En un extenso escrito de acusación, radicado el 9 de noviembre de 2016, con más de 150 folios el fiscal develó las irregularidades en el proceso de contratación para atender las emergencias en la zona rural registradas entre el 2010 y el 2012 como consecuencia de la temporada invernal que dejó cuantiosos estragos.
La primera parte de la audiencia se desarrolló ayer durante ocho horas, pero no se pudo continuar por la abundante exposición. La diligencia judicial se reprogramó para el 22 de junio.
OTROS ACUSADOS
Por las anomalías en la supuesta contratación de maquinaria, adquisición de repuestos y recuperación de vías y viviendas también fueron acusados el entonces secretario de Hacienda, Luis Gonzalo Álvarez López; el extesorero Leyfer Cerón Velasco, el exsecretario de Planeación, Moisés Murcia, y Elka Tatiana Bohórquez, exdirectora jurídica.
Como supuestos copartícipes fueron acusados formalmente tres contratistas: Hernán Jaramillo Morera (esposo de la expersonera), Saúl Clavijo Ortiz y Camilo Andrés Jiménez García.
Otros dos contratistas, Óscar Mauricio Ramírez Valderrama y Hamilton Lugo Maldonado, inicialmente vinculados a la investigación, fueron excluidos del proceso al confirmarse que les habían falsificado las firmas.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón decretó el 20 de enero de 2016 la preclusión de la investigación y dispuso su archivo definitivo por expresa solicitud de la Fiscalía.
El exalcalde, la expersonera y los demás implicados en pleno ejercicio de sus funciones fueron detenidos luego de las denuncias que formularon los concejales Osser Campos Rueda, Yaneth Gutiérrez, Nubia Segura Losada, José Arley Álvarez y Jesús Antonio Páramo.
DESVIACIÓN
La defraudación fue estimada inicialmente en 1.630 millones de pesos que se destinaron para enfrentar los efectos de las avalanchas de las quebradas La Cascajosa y La Guadalosa y los estragos del invierno en otras zonas campesinas.
Según el escrito de acusación, 214 millones de pesos se destinaron para contratar el servicio de retroexcavadoras; 178 millones de pesos para suministro de combustible; 327 millones de pesos para adquisición de repuestos para maquinaria y 911, 30 millones de pesos para rehabilitación de acueductos. Sin embargo, muchos de esos elementos no se suministraron y terminaron en el bolsillo de funcionarios y particulares.
Entre los contratos cuestionados figuran el 407005 y 407006, firmados el 11 de mayo de 2011.
FUE UN MONTAJE
El exjefe de maquinaria del Municipio, Carlos Javier Cubillos Angulo, puso al descubierto las anomalías que se detectaron y que permitió la desviación de los dineros públicos.
Según Cubillos, se contrató la adquisición de repuestos para la maquinaria pesada destinada a recuperar las vías afectadas. Entre otros ocho juegos de cuchillas, baterías, mangueras hidráulicas, que en algunos casos no se instalaron, en otros eran repuestos viejos pero se cancelaron como si fueran nuevos.
Igual ocurrió con el alquiler de maquinaria pesada con empresas de fachada, sin experiencia y sin respaldo financiero. Con recursos del presupuesto se pagó el servicio de cuatro volquetas para ayudar a la evacuación de taludes pero solo dos estuvieron operando. Uno de los vehículos contratados era de propiedad del alcalde.
En las denuncias aparecen igualmente inversiones en las zonas afectadas por el invierno cuando nunca se ejecutaron. Entre esas obras aparece el mejoramiento de vivienda en la región de La Primavera, una de las zonas más afectadas.
Cubillos, encargado del mantenimiento vial, aseguró que la urgencia manifiesta fue “todo un montaje para atender otros sectores que no tenían nada que ver con la región impactada”.
Parte de la maquinaria usada para desviar recursos públicos.
Facsímil de la denuncia penal formulada por varios concejales:
