Por: Andrea del Pilar Bautista Perdomo
El día jueves 17 de junio se llevó a cabo el Seminario virtual “acoso sexual, violencia y discriminación de género” en convenio de la Universidad Nacional de Colombia con la Universidad Santiago de Chile, que, a propósito de la reciente publicación del Protocolo en casos de violencias basadas en género (VBG) de la Universidad Surcolombiana el año pasado, toca una problemática profunda y estructural como lo son las violencias directas en el marco de la vida universitaria. Según el estudio presentado por la UNAL, un mínimo del 42% de las estudiantes de educación superior, serán violentadas en el transcurso de su proyecto académico.
Las VBG son una vulneración a los derechos humanos, y en este sentido, el derecho colombiano e internacional ha blindado a las mujeres como sujetos de especial protección constitucional, donde “garantizar una vida libre de violencias es una obligación del Estado compartida con las instituciones de educación superior (Sentencia T-239 2018)”, que en el caso de la violencia sexual suelen hacer parte de las relaciones interpersonales y sociales que se dan en las actividades cotidianas de las instituciones, afectando las esferas académicas, laborales y administrativas de la estructura universitaria. Lo anterior, se manifiesta de manera más grave cuando las instituciones crean obstáculos que perpetúan prácticas burocráticas, negligentes y revictimizantes que dificultan los ejercicios de denuncia por parte de las estudiantes, ya que se pone de manifiesto un contexto jerarquizado entre estamentos, privilegiando a los agresores por encima de sus víctimas.
Las escuelas y universidades son espacios donde se ejercen derechos económicos, políticos, sociales y culturales, por lo que es menester construir políticas de equidad de género que busquen no solamente erradicar las formas de violencia y discriminación que viven las estudiantes, e incluso profesoras, al interior de estas, sino también disminuyan las brechas en el acceso. La creación de protocolos al interior de las universidades ha sido una victoria del movimiento feminista, y ahora nos corresponde como comunidad blindar esa disputa y buscar una implementación real y efectiva, donde cuenten con medidas de prevención, protección y reparación, donde se cimenten diagnósticos institucionales que den cuenta de los sesgos de género, donde se cuenten con profesionales especializadas en esta perspectiva para el tratamiento de casos, donde los hombres estudiantes, profesores y administrativos asuman su responsabilidad en la transformación, para que podamos, de una vez por todas, estudiar y vivir de manera digna y segura.