En un país cuyas cifras de criminalidad han estado en los primeros lugares a nivel mundial durante los recientes 25 años, debería esperarse un sistema de lucha contra el delito robustecido, ágil, eficaz y eficiente. En un país cuyas cifras de criminalidad han estado en los primeros lugares a nivel mundial durante los recientes 25 años, debería esperarse un sistema de lucha contra el delito robustecido, ágil, eficaz y eficiente. Por lo menos eso se ha intentado con sucesivas reformas a los códigos penal y de procedimiento penal, y la implementación del revolucionario esquema de investigación y juicio oral acusatorio, luego del experimento de un sistema mixto en el que el respectivo investigador incluso tenía funciones de ordenar capturas y prisión. Pero la grave noticia que hoy tiene el país, de boca de la prestigiosa Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) es que el sistema penal acusatorio oral se está hundiendo en medio de un maremágnum de procesos represados: un millón y medio de casos sin avanzar en los despachos de los fiscales, falta de preparación de los jueces y los fiscales. Y todo pese a siete reformas legales de los últimos años. Según el juicioso estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en un seguimiento de ocho años al reciente modelo de lucha contra la criminalidad, la congestión lo tiene “casi al borde del colapso”. Para el prestigioso centro de crítica y análisis, el Estado fracasó en la implementación del sistema, por lo cual exigió a las autoridades judiciales y al Gobierno que “se sinceren con el país y expresen con claridad si su voluntad es llegar al desmonte definitivo del sistema”. A contrario sensu, la voz oficial del Gobierno, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, reconoció que si bien hay crisis, estamos lejos del fracaso o colapso del modelo y ha descartado dar marcha atrás en la aplicación del sistema. Pero las cifras no mienten: la cuarta parte del millón y medio de casos represados son por hurto, seguido de lesiones personales, inasistencia alimentaria y porte y tráfico de estupefacientes, y los procesos por éste último delito han aumentado: representan el 8 por ciento del total de las noticias criminales. En su mayoría, dice el informe, son personas detenidas por llevar cantidades de droga que superan levemente la dosis mínima. Y como si no fuese suficiente, la mitad de las 963.769 denuncias que fueron tramitadas por la Fiscalía en el 2010 terminaron archivadas y el 15 por ciento acabó por extinción de la acción penal. Finalmente, solo en 57.378 reportes se consiguió condena, es decir apenas algo cercano al 3 por ciento. Por supuesto que en esto pesa muchísimo la complejidad del fenómeno criminal colombiano, en donde hay que actuar frente a muy bien organizadas empresas del delito, estructuras que se sostienen bajo aceitadas maquinarias que, incluso, cuentan con la complacencia o complicidad de agentes estatales. Por ello, en los proceso de criminalidad a gran escala o de delincuencia organizada, las cifras son más preocupantes. En homicidios sólo se emitieron 4.312 condenas cuando en Colombia ocurrieron en el 2010 más de 15 mil asesinatos, según cifras de la Policía. El caos tiene otra grave consecuencia: el hacinamiento carcelario y el aumento consiguiente de un sistema penitenciario también corrupto y evidencia clara del mismo caos. El crimen, lastimosamente, sigue pagando. Destacado “Según el juicioso estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en un seguimiento de ocho años al reciente modelo de lucha contra la criminalidad, la congestión lo tiene “casi al borde del colapso”. EDITORIALITO En medio de una preocupante informalidad, baja remuneración, altas tasas de desempleo y bajo nivel de aseguramiento el país celebra hoy el Día Internacional de los Trabajadores. Los niveles alcanzados durante este gobierno en este campo no son los mejores. La locomotora sigue frenada y nada que prende motores.