Han pasado casi ocho años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). A esta altura y con un gobierno progresista que insiste en su apuesta por lo que ha denominado Paz Total, es necesario revisar los avances y los retrasos en los compromisos de un Acuerdo que sentó apuestas fundamentales para el avance del país en materia de justicia integral para las víctimas del largo conflicto bélico y de desarrollo democrático para el conjunto de la ciudadanía.
Uno de los puntos positivos en las acciones del actual Gobierno fue que se incluyó el Plan Cuatrienal de Implementación (PCI) en el Plan de Desarrollo 2023-2026; esto significa que la apuesta por la Paz Total tiene en cuenta la necesidad de la implementación efectiva del Acuerdo. Para el periodo presidencial en curso fueron asignados 50,4 billones de pesos, es decir, un 27% por encima de lo destinado en la administración anterior. Además, se entiende que el éxito de la política en materia de paz de la administración de Petro depende de la implementación del Acuerdo del Teatro Colón. El informe de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación destaca que la Ley 2272 de 2022 se constituye en un logro importante, ya que prorroga la facultad al Gobierno para realizar negociaciones de paz. A pesar de esto, la Secretaría Técnica advierte que es necesario aumentar la gestión presupuestal en aras de fortalecer los mecanismos de seguimiento a la implementación; también insiste en la actualización del Plan Marco de Implementación (PMI) de manera que se haga un balance riguroso y se adecuen algunas políticas al presente. En términos de Reforma Rural Integral, se destacan las dos reformas constitucionales conducentes al cumplimiento del Acuerdo de Paz: La creación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección. No obstante, preocupa que del total de tierras incorporadas al Fondo de Tierras solo el 0.63% están disponibles para la entrega.
En términos de seguridad preocupa la exacerbación de la violencia en varios territorios, ya que esto pone en riesgo a las víctimas y a los firmantes afectando la participación política, otro de los puntos del Acuerdo. Hasta diciembre de 2023 ya habían asesinado a 406 excombatientes. Se destacan las investigaciones de los macro-casos y el papel de la JEP. Finalmente, hay indicadores bajos que revelan que se debe acelerar el proceso de implementación en lo que queda de este Gobierno.