La Contraloría Departamental finalizó la auditoría que se adelantara al periodo de encargo como gobernador del Huila, de Julio César Triana Quintero.
Según la contralora Departamental, Indira Burbano Montenegro, la auditoría adelantada a la administración departamental del periodo comprendido entre el 6 de febrero y el 17 de abril de 2013, indica que fueron identificados ocho hallazgos de tipo administrativo y dos disciplinarios.
En el documento emanado del ente de control departamental no da cuenta de hallazgos de tipo fiscal ni penal.
Consultado por LA NACIÓN, Triana Quintero se mostró satisfecho con los resultados y dijo que el tiempo le dio la razón.
“El resultado de la auditoría de la Contraloría Departamental lo que hace es confirmar que realmente actuamos de manera correcta y no como algunos quisieron hacer ver.
El hecho de haber encontrado solo ocho hallazgos administrativos que realmente son llamados a corregir, y dos disciplinarios, lo que hace es darnos la razón cuando dijimos que no habíamos hecho nada que no estuviera apegado a la ley”, señaló Triana Quintero.
Las investigaciones se derivaron de un artículo publicado por LA NACIÓN, el 28 de abril del año pasado, titulado ‘Lo que el encargo de Triana atornilló’ en el cual se denunciaron presuntas irregularidades administrativas en las que habría incurrido Triana Quintero como gobernador (e).
La denuncia
Así, se tiene que durante el encargo de Triana Quintero en la Gobernación del Huila, se firmaron 407 contratos por $79.505 millones, los cuales significan un 70 por ciento de la inversión Correspondiente a la vigencia 2013.
De esos 407 contratos suscritos durante su encargo, 382 se celebraron por contratación directa por $54.279 millones equivalentes al 48 por ciento del presupuesto anual.
Asimismo, se contrataron 300 personas, de las cuales 127 corresponden a la Secretaría de Salud, $3.851 millones. El informe periodístico señaló en su momento que sólo dos contratos se adjudicaron por licitación pública por $23.708 millones, uno por concurso de méritos por $673 millones, dos por la modalidad de menor cuantía por $299 millones, diecinueve por el mecanismo de mínima cuantía por $438 millones y uno mediante subasta inversa
por $106 millones.
Pero la Contraloría señaló en su informe que dado que no existe un manual de funciones y requisitos que consolide los cambios realizados por las administraciones de turno; y sí hay una desorganización y desactualización, pues suele suceder que muchos de los empleados cumplan funciones que no están acordes con las registradas en las resoluciones modificatorias.
Ante esta situación, la Contraloría recomienda que se adelante correctivos en este caso. “Es urgente que la Administración Departamental Central consolide todas estas actuaciones administrativas en un único documento de Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, actualizado y vigente”.
Asimismo, en cuanto al Talento Humano, señala la Contraloría Departamental que no se cuenta con un estudio técnico global de las necesidades del recurso humano que le permita establecer el verdadero requerimiento de personal calificado y no calificado para mediante la modalidad de prestación de servicio.
De las cifras
En cuanto al comportamiento de los contratos, celebrados hasta el 18 de abril de 2013 y la ejecución presupuestal, durante las vigencias 2008 a 2013; para la Contraloría Departamental resulta claro que la situación se ha venido repitiendo dentro un patrón cíclico de comportamiento.
“Deja en evidencia que en el primer año de cada período constitucional del Gobernador (2008 y 2012), el número de contratos es equiparable, mientras en el segundo año (2009 y 2013), tiende a crecer. En ese orden de ideas, una primera consideración estaría indicando que durante el inicio del año 2013, que corresponde al segundo año de la administración, no hay un comportamiento extraordinario frente al antecedente registrado en 2009”, señala el documento de la Contraloría.
Es decir que, el monto contratado a abril de 2013, frente al mismo periodo de 2012 fue para la Contraloría, no muy superior al registrado en el mismo lapso 2008 – 2009.
Además, la Contraloría estableció tras la evaluación a la contratación celebrada por el Departamento del Huila en el periodo comprendido del 1 de enero al 18 de abril de 2013, se logró evidenciar que no todo lo que se contrató pertenece a alguno de los de los Gobernadores encargados.
Los hallazgos
El primero de tipo disciplinario, tiene que ver con el contrato interadministrativo No. 719 del 5 de diciembre de 2012, celebrado entre el Departamento y la Empresa Social del Estado ESE Hospital San Vicente de Paúl de Garzón, para la transferencia de recursos para apoyar a la Secretaría de Salud Departamental en el desarrollo de actividades de educación e información en temas de promoción de la salud y prevención de la discapacidad dentro del desarrollo del programa de atención integral a la discapacidad, por $89.600.000, para ejecutar en tres meses.
Actualmente, el contrato está en ejecución y al cierre de la vigencia fiscal 2012 no se había ejecutado. Por tanto, la Contraloría señaló que la Secretaría de Salud debió constituir la reserva presupuestal por el 100 por ciento de lo contratado.
De tipo administrativo, se encontró una no conformidad sobre los informes presentados donde se transcriben las mismas actividades registradas en el contrato No. 223, que tenía como objeto la prestación de los servicios de apoyo a la Secretaría de Hacienda Departamental.
En este caso, la Administración Departamental, no hizo llegar los respectivos soportes para desvirtuar la no conformidad encontrada.
Además, al revisarse el contrato de prestación de servicios No. 235 del 2013, se encontró que la contratista a quien se le exigió el perfil de administradora de empresas, no registra dicho título ni la tarjeta profesional.
Otro de los hallazgos administrativos da cuenta de que la Administración Departamental, no tiene un estudio técnico global real que soporte y determine la carga laboral asignada a los cargos existentes en la planta de personal, y que además justifique la necesidad y conveniencia del
personal a contratar por prestación de servicios.
Asimismo, se encontró que en un contrato celebrado con Empresas Públicas de Neiva, no se justificó ni en los estudios previos, ni en la resolución la contratación directa o soporte alguno para demostrar la conveniencia de transferir los recursos a la contratante.
En la Secretaría de Salud Departamental se encontró que en convenios y contratos de prestación de servicios, escogidos de manera aleatoria, existen muchas debilidades como la falta de soportes de los requisitos, mientras que otros estaban vencidos en su plazo de ejecución hasta en seis meses.
Además, se registró una falta de planeación en la celebración de los convenios, al parecer para comprometer los recursos, antes de que entraran a regir las restricciones a la contratación debido a la convocatoria a elecciones atípicas de Gobernación.
“Todas estas irregularidades han retrasado el proceso de ejecución de los convenios, colocándolos en un alto riesgo, toda vez que los precios de las ambulancias fluctúan de acuerdo al mercado y podría incrementarse el valor de las mismas, más aún cuando la mayoría de los proyectos no cuentan con las respectivas cotizaciones que soporten el valor”, señala la Contraloría.
Salud Departamental la que más contrató
De acuerdo con el informe de la Contraloría Departamental, la Secretaría Departamental de Salud fue de las dependencias que más contratación de prestación de servicios realizó durante el periodo de encargo de Triana, entre el 6 de febrero y el 17 de abril. Alcanzó un 44.4 por ciento, seguida por la General con un 17.4 por ciento.
Pero la Contraloría también advierte que en la Secretaría de Salud igualmente se encontraron vencimientos de plazos en algunos convenios, lo que para el organismo de control significa una flagrante pretermisión de las normas de orden contractual, presupuestal y disciplinario, poniendo en riesgo el cumplimiento de los cometidos estatales y la salvaguarda de los recursos públicos, pues se dejan vencer los instrumentos de reclamación que pudieran requerirse.
Por último, se encontró que en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo en el CRUE, hubo falta de seguimiento y controles por parte de los supervisores. “ Más aún cuando al certificar el cumplimiento del mismo, se deben verificar las actividades realizadas. Además, la entidad debe contar con un archivo actualizado, en las carpetas que soportan los contratos donde se deben anexar todas las evidencias”.