Un grave escándalo de corrupción sacude hoy nuevamente a las altas cortes. Esta vez, un supuesto soborno para revisar un fallo de tutela adverso puso a la Corte Constitucional en el ojo del ‘huracán’.
La grave denuncia relaciona al presidente de la corporación Jorge Pretelt, quien supuestamente habría solicitado 500 millones de pesos para cambiar un fallo. Gravísimo.
Se trata de una tutela que fue seleccionada para revisión y fallada en el 2014 por la Corte Constitucional y que comprometía a la Fiduciaria Petrolera (Fidupetrol), intervenida en junio del año pasado por la Superintendencia Financiera luego de un juicio fiscal concluido por la Contraloría General de la República. Fidupetrol administraba 182 negocios fiduciarios de carácter privado, de los cuales 3 corresponden a fondos de inversión colectiva y 37 públicos.
La tutela pretendía que se revocara una condena proferida por la Corte Suprema de Justicia por más de 22.000 millones de pesos. Sin embargo, el 16 de octubre del 2014 todos los magistrados, incluidos González y Pretelt, dejaron en firme la cuantiosa sanción y le denegaron las pretensiones de la fiduciaria representada por el abogado Víctor Pacheco.
Este último, según las denuncias, habría girado la suma solicitada pero ante al ver que el fallo no fue favorable, decidió develar el supuesto soborno. Pretelt lo negó y reiteró que nunca recibió el dinero y que votó negativamente la tutela.
El caso ocurrió el año pasado y se revivió en febrero cuando el alto tribunal se preparaba para renovar sus dignatarios. Pero no pasó nada. Pretelt fue elegido presidente por la mínima diferencia y con una amplia oposición. Pese a la gravedad nadie denunció. Solo hasta el fin de semana cuando los rumores salieron de la Corte, el magistrado Mauricio González, denunció el caso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
El caso no es el único que sacude la justicia colombiana. Es el primero en el tribunal constitucional y uno más en las altas cortes del país. Por eso no tiene espera. Para bien del país y de la justicia, el caso debe esclarecerse ya.
El tráfico de influencias, los sobornos que se pagan para cambiar los fallos son recurrentes en todas las instancias judiciales y los organismos de control, incluida la Procuraduría y la Contraloría.
Esta denuncia prende las alarmas en Neiva. Una tutela contra un fallo que anuló un laudo arbitral contra la firma Diselecsa, con incalculables efectos económicos, puede correr la misma suerte. De hecho, el pleito judicial que cumplió ocho años ha tenido todas las interferencias del caso, comenzando por la insólita anulación del laudo arbitral. Y ahora cuando la Corte está a punto de fallarlo, aparece este escándalo que puede tener visos similares.
Ante estos episodios, la tutela sobre alumbrado público debe tener vigilancia y seguimiento especial para asegurar que esta vez se falle con absoluta transparencia.
“Ante estos episodios, la tutela sobre alumbrado público debe tener vigilancia y seguimiento especial para asegurar que esta vez se falle con absoluta transparencia”.
Editorialito
Después de luchar infructuosamente para salvar su vida, la docente Ruth Cano falleció ayer en Neiva. Todos los esfuerzos desplegados por sus seres queridos para obligar a su EPS a atenderla adecuadamente fueron insuficientes para frenar la meningitis viral que adquirió en una excursión en Egipto. Sentimos su partida.