Andrade señaló que, si bien no se puede bajar la guardia frente a evidentes riesgos que corren determinados servidores y grupos poblacionales como periodistas, defensores de Derechos Humanos, activistas de izquierda y sindicalistas, también lo es que en muchos casos tener escoltas y carros blindados se convirtió más que en seguridad en símbolo de estatus y de abusos frente al ciudadano del común. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo aceptó que sí deben revisarse los “esquemas” y que, en algunos casos, es posible que se desatiendan verdaderos amenazados mientras se le entrega seguridad a otros que no lo requieren.
“Y esto aplica para todos, para nosotros los congresistas, para los magistrados, procuradores, contralores, ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y toda clase de funcionarios”, dijo Andrade y a continuación le solicitó, en público, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Policía que le revisen su propio “esquema” de seguridad y de ser necesario, que lo reduzcan. La solicitud fue compartida por la senadora Claudia López.
Dijo el senador conservador, con cifras en la mano, que en estos tiempos donde las amenazas terroristas de la mafia o de la guerrilla han caído a niveles históricos, no necesitamos de una caravana de gente armada hasta los dientes, con carros y motos para cada funcionario de alto o mediano nivel, también en muchos casos para sus hijos, padres y cónyuges.
Cuestionó que, por ejemplo, en Bogotá el Distrito gastará este $3.434 millones solo en alquilar carros blindados para 43 de los 45 concejales, o que la UNP adjudicó este año cinco contratos por $438 mil millones para escoltas durante 24 meses, con empresas privadas, algunas cuestionadas como las del señor Jorge Moreno Ojeda, quien huye de las autoridades.