La victimización por desplazamiento forzado en Colombia es una tragedia. La Contraloría General de la República acaba de revelar un dramático cuadro medido en términos de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad, lo que pone en evidencia la crisis humanitaria que se continúa acentuando especialmente en las zonas de conflicto.
El documento destaca esencialmente los niveles de empobrecimiento masivo y sistemático de millones de desplazados que abandonan sus regiones de origen, presionados por el conflicto interno.
Según el organismo fiscalizador, el número de víctimas del desplazamiento alcanza 5,61 millones de personas, el 11,9 por ciento de la población total, lo que genera graves condiciones de marginalidad que amenaza todos los demás derechos.
Las brechas creadas por el desplazamiento y el despojo son enormes. La pobreza entre la población desplazada alcanza el 80%. El mismo organismo fiscalizador admitió que los esfuerzos institucionales han sido importantes pero insuficientes para atender adecuadamente esta condición.
En su criterio, los efectos del conflicto armado siguen vigentes; las víctimas son superiores a las que se previeron en el 2011, pero además las metas resultaron inferiores a las calculadas inicialmente.
Es cierto. El país ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, en la planeación estratégica para su garantía, y en la coordinación interinstitucional para su concreción. Sin embargo, las medidas orientadas para restablecerle sus derechos, se han quedado cortas.
Con razón el contralor Edgardo Maya estimó que el desplazamiento como la situación de las víctimas sigue siendo dramática. En estas condiciones, es prioritario redireccionar hacia las víctimas una parte de la oferta social diseñada por el gobierno para enfrentar la pobreza en general.
En el caso de desplazamiento, es urgente la ayuda humanitaria que le garantice mejores condiciones de vida, acceso a los servicios de salud y educación, pero ante todo, garantizarle a las familias afectadas, el retorno a sus lugares de origen. No se trata, de sacarlos de su entorno, complicando su protección, o condenarlos a convivir en cinturones de miseria, en medio de la informalidad y el rebusque.
Las víctimas del desplazamiento forzado, como lo sentenció la Corte Constitucional, tienen derecho a obtener la pronta restitución de la tierra de la cual fueron expulsados por situaciones de violencia. Las entidades territoriales tienen la obligación de remediar este panorama que no tiene espera.
“Las brechas creadas por el desplazamiento y el despojo son enormes. La pobreza entre la población desplazada alcanza el 80%.”
EDITORIALITO
En buen momento, la Alcaldía de Neiva viene impulsando programas de emprendimiento como alternativa para enfrentar el mototaxismo. Por ahora 150 mototaxistas buscan alternativas laborales para abandonar el transporte ilegal. Un esfuerzo loable que debemos apoyar.