Dayana Méndez Aristizábal
La Revista Semana reveló un informe elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional USAID, producto de un estudio efectuado en la Corte Constitucional colombiana, que puso en evidencia casos de acoso y discriminación laboral al interior de esta corporación. Entre los hallazgos se narran situaciones tipo comentarios sexistas, tocamientos y caricias no consentidas, propuestas sexuales en el marco de relaciones laborales; situaciones donde las víctimas son mayoritariamente mujeres, siendo las judicantes (practicantes, becarias) las personas más vulnerables.
La Corte Constitucional no es sólo la guardiana de la constitución política y garante de los derechos fundamentales en Colombia, sino que además, históricamente a través de sus sentencias ha sido la protectora de diversos colectivos en condición de vulnerabilidad, dentro de ellos a las mujeres, reconociendo la efectividad de sus derechos cuando ninguna otra institución en Colombia se ha atrevido a hacerlo. Sin embargo, lo que revela el informe, no es algo que nos cause demasiada sorpresa y no
porque no sea sumamente reprochable y vergonzoso, que lo es; sino porque esa es la realidad que viven diariamente las mujeres en sus entornos laborales y el poder judicial está conformado por personas
educadas en ese mismo entorno social, en el que las bromas sexistas, las propuestas de contenido sexual, el acoso y las relaciones de poder, son absolutamente normalizadas; es decir, nos acostumbramos a ellas, como si eso estuviera bien y como si fuera el orden de las cosas, uno inalterable.
Esas mismas personas son quienes elaboran las sentencias judiciales, decisiones que muchas veces son una auténtica salvación y acierto para la protección de los derechos de las personas; pero otras tantas, son
verdaderos adefesios llenos de estereotipos y revictimización.
Las manifestaciones artísticas, culturales, e incluso la misma ciencia, están plagadas de producciones sexistas y discriminatorias, ¿por qué iba a ser la justicia diferente? Es absurdo pretender que las decisiones judiciales, estén libres de la perspectiva de quien las elabora. Es verdad que las sentencias deben fundamentarse en las pruebas, pero es verdad también que esas pruebas son analizadas por hombres y mujeres formados/as en un contexto patriarcal, que inevitablemente se cuela en esa interpretación. De ahí que las sentencias sobre violencia sexual -pero no solamente esas- estén llenas de prejuicios que intentan responsabilizar a la víctima por la forma en como iba vestida, por no haberse resistido lo suficiente, por ir sola a altas horas de la noche por la calle, o por haber aceptado ir a la casa de su agresor y una vez allí negarse a tener sexo con él, etc. Esto explica también que el sistema judicial no tenga problema con
pedirle a una victima de violencia sexual que cuente una y otra vez qué fue lo que le sucedió o que la exponga a escuchar esos hechos una innumerable cantidad de veces en un juicio, sin importar que eso sea una revictimización constante; o que muchos/as funcionarios/as judiciales tengan cero empatía en la atención de estos casos.
Cuando el movimiento feminista habla de una justicia patriarcal, se refiere a estas cosas, no es un ataque al derecho y las instituciones jurídicas por sí solas, sino a las cosas que hacen y que lesionan fuertemente los derechos humanos de colectivos en condición de vulnerabilidad, en lugar de protegerlos y respetarlos.
Lo que sucede en la Corte Constitucional, es un secreto a voces, sucede en todas las demás instituciones judiciales y en todos los demás entornos laborales, eso lo sabemos las mujeres que de alguna manera en algún momento de nuestras vidas lo hemos vivido y lo saben también los hombres que protegidos por el privilegio que les da la masculinidad, van muchas veces ejerciendo estas prácticas o callando y siendo cómplices de sus compañeros. Hace falta una reflexión profunda al respecto, una personal, social y definitivamente institucional, que conlleve a tomar medidas al respecto y que redunden en una sociedad más incluyente y respetuosa con los derechos de las mujeres y que eso se refleje en las instituciones y las decisiones judiciales.