Con fines de extinción de dominio, fueron embargados algunas propiedades del ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, de su esposa Madeleine Pantoja, y de otros miembros de su equipo de gobierno, vinculados por la fallida remodelación del escenario deportivo.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
La Fiscalía General de la Nación ocupó ayer con fines de extinción de dominio, algunas propiedades del ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez y de otros de sus colaboradores, investigados por las irregularidades en la fallida remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.
La decisión fue ordenada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Derecho de Dominio como medida cautelar por las probables irregularidades en el proceso de contratación de la fallida remodelación de la tribuna occidental que se desplomó en agosto de 2016.
La extinción de dominio es un proceso judicial, independiente que el Estado ejerce sobre los bienes obtenidos presuntamente ilícitamente o usados en actividades ilegales.
La Fiscalía Delegada inició oficiosamente el trámite de la acción de extinción del derecho de todos los implicados. Hasta anoche solo se habían ocupado los bienes de los tres ex funcionarios, detenidos en agosto de 2017, quienes se encontraban en plena libertad, respondiendo en lento proceso penal, hoy en pañales.
Aunque el juicio no ha empezado ni existe una condena sobre los hechos que originaron la acusación, la Fiscalía inició de manera oficiosa la acción extintiva, independientemente del proceso penal que se adelanta actualmente.
En esta primera fase fueron ocupados algunos bienes del ex alcalde Pedro Hernán Suárez y de su esposa Madeleine Pantoja. También fueron ocupados algunos bienes del antiguo jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes y su grupo familiar y propiedades del ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací y de su esposa.
El embargo
El operativo arrancó el miércoles pasado, coincidiendo con la continuación de una frustrada audiencia preparatoria, vez aplazada nuevamente por dificultades en el descubrimiento probatorio.
Según fuentes del organismo investigador, fueron ocupados algunos locales comerciales, un apartamento en Bogotá y otros bienes no precisados.
La Fiscalía Delegada para la Extinción de Dominio con el apoyo el grupo de Policía Judicial ocupó los inmuebles, notificaron las medidas y asumieron el control temporal de los inmuebles, que serán puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Una de las viviendas ocupadas está ubicada en la carrera 18 con calle 42, en el barrio Villa Regina, sede de la campaña del ex alcalde y de su portal Akí Noticias.
También otro apartamento en Bogotá a nombre de su esposa, Madeleine Pantoja. Hasta el cierre de esta edición no se había reportado el listado de los bienes.
Igualmente se ocupó un establecimiento comercial, ubicado en la carrera segunda con calle 9, en el centro de Neiva, de propiedad de la esposa del ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací.
En su calidad de director de Deporte y Recreación de Neiva, le correspondió realizar los estudios previos, incluyendo la adecuación, remodelación arquitectónica y reforzamiento estructural del estadio, inscrito en el banco de proyectos desde septiembre de 2013.
Sorpresa
La medida causó enorme sorpresa, no solo entre los afectados y su círculo familiar, toda vez que estas propiedades fueron adquiridas mucho antes de la adjudicación del polémico contrato de remodelación del estadio, origen del proceso penal, que se viene adelantando desde el 4 de diciembre de 2017 cuando se radicó el escrito de acusación.
“La extinción de dominio, es una institución autónoma, de rango constitucional, de carácter patrimonial, que la Fiscalía puede iniciar independientemente del proceso penal, por lo tanto, es legítima. Solo que tendrá que demostrar el origen ilícito”, explicó uno de los abogados consultado sobre la intempestiva decisión.
La medida incluye también a los contratistas. Hasta el cierre de esta edición no se habían confirmado otros embargos con el mismo fin.
“Solo conocimos estas primeras acciones, pero no sabemos si se extendió a otras personas. Es posible, que incluya a los contratistas y demás personas que han sido vinculadas en este proceso”, respondió uno de los abogados.
Suspendida audiencia
La acción de extinción de dominio se inició el miércoles pasado, el mismo día en que se había programado la continuación de la audiencia preparatoria del juicio oral después de un año y ocho de meses de haber iniciado.
La diligencia no pudo realizarse, esta vez, por solicitud de un abogado de la defensa. Mientras se notificaba esta decisión, el equipo encabezado por un fiscal delegado, inició la ocupación de las propiedades del ex alcalde Pedro Hernán Suárez y su grupo familiar.
La continuidad de la audiencia preparatoria se frustró una vez más, por petición de uno de los abogados de la defensa, por la imposibilidad física de asimilar el material probatorio y las evidencias físicas, entregadas a cuenta gotas, por parte de la Fiscalía. Esta excesiva morosidad, frustró la realización de la diligencia judicial.
El escrito de acusación fue radicado el primero de diciembre de 2017, pero fue adicionado en marzo y abril de 2018.
Sustentada la acusación, la audiencia preparatoria fue citada para el 6 de marzo de 2018 pero fue suspendida.
Se reprogramó por expresa solicitud de la Fiscalía para el 4 de abril. Luego se aplazó para el 8 de agosto de ese mismo año. Ese día tampoco pudo realizarse la audiencia preparatoria. Entonces se volvió a programar para el 15 de febrero de 2019. Finalmente, se fijó para este 17 y 18 de septiembre. Tampoco se pudo realizar.
El fiscal la reprogramó para mayo de 2020 y fijó fecha para iniciar el juicio oral en julio. El cronograma tampoco se cumplió.
Los abogados de la defensa pidieron de nuevo el aplazamiento, argumentando que después de 13 meses no han recibido toda la evidencia probatoria que le Fiscalía hará valer en el juicio oral.
A esta morosidad se sumó el cambio de fiscal. El titular, Rodrigo Hernández, quien documentó y preparó la imputación, renunció al cargo. El nuevo fiscal, Carlos Alberto Ladino, tuvo que retomar el caso.
Adicionalmente, el juez de conocimiento, Jorge Enrique Luna Corrales, fue designado en diciembre del año pasado Juez de Ejecución de Penas y tuvo que entregar el proceso. Lo reemplazó la juez Elvira Inés Zamora Gnécco, quien se declaró impedida, por haber conocido el proceso, siendo juez octavo de garantías.
La juez Cuarto Penal del Circuito María del Pilar Ochoa asumió el caso a pesar de la complejidad del proceso.
La funcionaria reprogramó la continuación de la audiencia preparatoria para el 4 de noviembre de 2020 y la iniciación del juicio oral. Pero tampoco se pudo.
El abogado de la ingeniera Érika Johana Hernández solicitó nuevamente el aplazamiento la audiencia volvió a aplazarse, indefinidamente.
La congestionada agenda del despacho judicial impedirá una nueva fecha este año. La funcionaria tiene copada su agenda hasta mayo de 2021, lo que significa que después de esa fecha podría convocar nuevamente la continuación de la audiencia, que puede extenderse todo el año.
El juicio, por el volumen de evidencia y número de procesados, puede tardar, según los propios abogados, otros cuatro años.
La Fiscalía presentó 280 elementos materiales probatorios, 104 testigos (87 de la Fiscalía y 17 de la defensa).
Los elementos materiales probatorios están contenidos en cien gigas de información, unos 20 millones de documentos que hay que revisar uno por uno. La norma contempla que la Fiscalía tiene tres días para entregar las pruebas y lleva casi dos años y no ha terminado.
El origen
Un año después de la tragedia que dejó cuatro muertos y diez herido, la Fiscalía ordenó las capturas de los funcionarios y contratistas, por las probables irregularidades en el proceso de contratación.
La Fiscalía les imputó cargos en calidad de coautores como supuestos coautores “con probabilidad de verdad” de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros, cometidos en concurso, con dolo y en condiciones de mayor agravación.
El representante legal del consorcio Estadio 2014, Miguel Alejandro Lozano Castañeda, fue vinculado formalmente por las mismas conductas pero a título de interviniente.
Según la Fiscalía desde el comienzo, la licitación estuvo ‘amarrada’ para favorecer al único contratista.
“Como alcalde de Neiva direccionó los pre-pliegos, que dieron lugar a los pliegos definitivos del proceso de licitación pública No. 004 de 2014 para que fuera elegido el contratista Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del Consorcio Estadio 2014 al establecerse que estos fueran ajustados a circunstancias financieras, técnicas y experiencia que representaba el consorcio Estadio 2014, negando cualquier posibilidad que se presentaran otros proponentes”, argumentó la Fiscalía.
“Los pliegos se diseñaron acordes a la medida del consorcio ganador, el único oferente que se presentó finalmente a la licitación”, afirmó el fiscal durante la imputación. Los implicados, entre ellos, el ex mandatario neivano, han negado los cargos. Incluso, se preparan para rendir versión libre en la Contraloría, donde se adelanta el juicio de responsabilidad fiscal por el mismo caso.
Licitación amarrada
La Fiscalía argumentó por ejemplo que el capital de trabajo, contemplado en los pliegos, se redujo del 50 al 35%; la experiencia se fijó en 30 años, y se colocó otro requisito que solo Lozano Castañeda podía cumplir: haber construido o remodelado dos estadios en los últimos ocho años.
Igualmente subió el nivel de endeudamiento. Lo pasó de ser igual o mayor al 30% lo fijó en igual o mayor al 35%.
También se ajustó la cantidad de acero a las condiciones del contratista. Se pasó de 450 toneladas a ejecutar en el proyecto que no cumplía a sólo 40 toneladas de acero.
Asimismo dispuso que la suma de dos contratos de obra aportados en la experiencia específica, sea equivalente al 50% del presupuesto oficial del proyecto. Igualmente estipuló que el área mínima intervenida en los contratos que acrediten la experiencia sea de 20 mil metros cuadrados.
“Lo que indica que se vulneró el principio de selección objetiva por parte del señor Alcalde de Neiva, al direccionar el contrato hacia este proponente en la etapa de tramitación”, subrayó el fiscal investigador.
Durante la ejecución de la obra, dice el escrito de acusación, se adicionaron desproporcionadamente mayores cantidades de obra para justificar presupuestos adicionales.
Según el escrito de acusación, el ex mandatario “sabía que no tenía estudios previos de sismo-resistencia para el sector occidental del estadio, no contaba con presupuesto aproximado a las obras a realizar, sino completamente desfasado, con diseños incompletos de rampas, gradas, red de gasoducto, juntas entre estructuras nuevas y viejas, entre otros”.
