Desde el Gobierno anterior se ha implantado una nueva moda en la política social: los intermediarios. Lejos de ser ejecutor directo de programas como la distribución de alimentos, manejo de hospitales públicos, entre muchos otros, la administración pública resolvió subcontratar con una serie de instituciones de carácter privado bajo el supuesto de que son más ágiles que el Estado. Nació así un sector que podría llamarse meso, entre lo macro y lo micro que ha crecido como espuma sin que nadie haga ya una verdadera evaluación de su desempeño. Como este gobierno resolvió seguir con la moda, es hora de mostrar los problemas que empiezan a percibirse. La verdad es que existen muchas pruebas de que los privados no ven la diferencia; las EPS’s privadas por ejemplo. Pero además, si el gobierno deja de ser ejecutor necesariamente tiene que concentrar sus esfuerzos en la formulación de políticas y sobre todo en la vigilancia de los intermediarios. ¿Cuál es la superintendencia que controla a los intermediarios de la política social? Ninguna hasta donde se sabe. Pero lo más grave es que los astutos políticos colombianos sí han entendido el juego y se han convertido muchos de ellos en los lobistas de los intermediarios ante el Estado. Así, un intermediario en potencia tiene que ayudar a elegir al político para que la Alcaldía de Bogotá o Bienestar familiar le de el contrato del suministro de alimentos para guarderías, comedores de niños y de ancianos, entre otros. Y esto termina en comida pobre para los pobres cuando no está contaminada, y en una fuente de enriquecimiento para políticos corruptos y sus respectivos intermediarios. ¿Quien pierde? Pues los de siempre, la población objetivo de los programas sociales. Pero también pierde el gobierno que gasta millonadas de pesos y no mejoran los indicadores sociales en relación con el monto de recursos asignados. Porque la mayoría se queda en los bolsillos de intermediarios y políticos. Claro que el Estado con su burocracia, también impuesta por los políticos clientelistas, es muy ineficiente, pero la duda que surge es si el remedio no ha resultado peor que la enfermedad. Razón tenía el Presidente Lula cuando vino recientemente a Colombia. Una de sus recomendaciones cuando explicaba los avances sociales en su país, era precisamente acabar, óigase bien, acabar con los intermediarios en las políticas sociales. Pero eso sí, nadie le paró bolas porque el negocio está boyante y el gobierno no ha hecho la evaluación que le corresponde. ¿Será que no le interesa? Lástima que la habilidad que han demostrado muchos colombianos para exprimir al gobierno supuestamente para ayudar a los más necesitados, no la apliquen para lo que toca: lograr que este país crezca de manera sostenida, a altas tasas y abarcando con sus beneficios al mayor número de personas que están, en situaciones precarias. Pero no, aquí riqueza y política van de la mano. Algunas de las figuras políticas de este país, que se supone han dedicado su vida a servir al país, terminan llenos de dinero. ¿Cómo hacen? Así no hay país que progrese por cantidad de recursos humanos y mineros que tenga.