Un juez de garantías definirá en las próximas horas la libertad de los cuatro jóvenes de la ‘primera línea’ en Neiva que serán designados ‘voceros de paz’ por el Gobierno Nacional. El proceso penal se encuentra en un juzgado de conocimiento. En Bogotá dos jueces ya han negado la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
Rafael Rodríguez C.
A horas de conocer si los dejan en libertad o no se encuentran los cuatro jóvenes de la denominada ‘primera línea’ ‘Los Escuderos’ en la ciudad de Neiva, designados ‘voceros de paz’, por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.
La solicitud, que será resuelta mañana por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, había sido radicada a finales del año pasado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda Rodríguez, en el centro de servicios judiciales.
La petición de libertad beneficia a Cristian Andrés Reyes Cuéllar, Andrés Felipe Yara Vargas, conocido como ‘Retazos Clown’, Edwin Herrera Pimentel y Kevin David García Mosquera, quienes a inicios del 2023 firmaron el acta de compromiso para que cumplan con las funciones asignadas por el Gobierno.
El documento fue enviado a la Oficina del Alto Comisionado de Paz en la ciudad de Bogotá. “El acta de compromiso ya fue radicada al Comisionado de Paz, la cual es llevada ante un juez de garantías ante quien solicita la libertad”, dijo el Richard Gil.
El proceso penal de los cuatro jóvenes y sus compañeros de andanzas, Pablo Fernando Vargas Lima, Angie Carolina Cuellar, Ignacio Zambrano y Vanessa Cabrera Sánchez, se encuentra ya en el despacho de la Juez Quinta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento.
Jueces ya han negado a la libertad
Dos jueces en la ciudad de Bogotá ya han negado dos peticiones de libertad a jóvenes de la primera línea en la capital de la República.
La primera en no otorgarles la libertad, fue la Juez 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, manifestando que no tiene competencia para concederla, el pasado 12 de enero. “La única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el juez de control de garantías”.
Ocho días después, el 20 de enero, la Juez 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, volvió a negar la libertad a jóvenes de la ‘primera línea’ señalando que no había suficiente claridad en el marco jurídico y normativo para dar vía libre a la excarcelación.
“Se concluye que el legislador, desde 1997 hasta su última prórroga en 2022, ha querido que cuando se adelanten diálogos con grupos armados organizados solamente se pueden suspender órdenes de captura contra quienes figuren, funjan o se designen como representantes o voceros de esos grupos”, indicó la juez durante la audiencia.
Argumentó que la ley de paz total y las resoluciones del Gobierno que dieron piso jurídico a la solicitud “no dicen nada” sobre la suspensión de las medidas de aseguramiento, una libertad provisional o definitiva o el acceso a algún beneficio.
“No es pensable que con la expedición de la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones presidenciales del 29 de diciembre se puedan suspender unas medidas de aseguramiento y se pueda con ese fundamento otorgar la libertad a tres personas que ni siquiera se demuestra la pertenencia a un grupo armado y que en caso de que así fuera, tampoco tendrían lugar a la libertad por esa razón”, explicó.
Siguen en el proceso
En caso que los cuatro jóvenes queden en libertad por ser designados ‘voceros de paz’, esto no significa que el proceso penal en su contra continúe. “Seguirán siendo investigados, van a comparecer cuando sean llamados por el ente judicial. Hay relativas restricciones”, dijo el comisionado de Paz, Rueda Rodríguez.
Indicó que los jóvenes podrán movilizarse por la ciudad sin ninguna restricción y con las garantías de seguridad. “Las garantías de seguridad estarán dadas, al igual que las de libre locomoción e inclusión de estos jóvenes, en todas las dimensiones sociales y gubernamentales”.
Los cargos
La Fiscal Primera Seccional de Neiva acusó a los miembros de la agrupación de los delitos de incendio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, perturbación en el transporte público colectivo, obstrucción a las vías públicas y concierto para delinquir.
La delegada del ente acusador manifestó que la abundante evidencia fílmica da cuenta de la participación de estas personas en múltiples actos vandálicos en la capital huilense y municipios aledaños. “Asimismo, permitió identificar a un hombre que, disfrazado de payaso, incitaba para que la violencia aumentara y se burlaba de las víctimas”.
Agregó que estas personas, al parecer, participaron en 10 eventos delictivos ocurridos entre mayo y julio de 2021, durante las jornadas de protesta social. “Los elementos de prueba dan cuenta de que incineraron vehículos de servicio público, el CAI del barrio Cándido, en Neiva; y una estación de servicio, en Palermo”.
Según las autoridades judiciales, los detenidos serían responsables de la incineración del vehículo de servicio público de la empresa Autobuses, ocurrida en inmediaciones del intercambiador vial de la Universidad Surcolombiana (Usco), el 12 de mayo. También son investigados por la incineración y hurto de la estación de servicio Cootrasganadera, ocurrida el 17 de mayo.
Sostuvo el ente acusador que, además, estarían involucrados en hurtos y saqueos a supermercados; así como a la exigencia de dinero a un transportador de carga para permitirle pasar con mercancía, el 29 de mayo de 2021. “Hay elementos de prueba sobre el robo de un arma traumática a un hombre, a quien, supuestamente, agredieron y se apoderaron de sus pertenencias”.
Precisó que el día 3 de junio de 2021, habrían hurtado un revólver y retuvieron a su propietario, el conductor de un vehículo que transportaba medicamentos. Ese mismo día, un médico que trabajaba en el área de urgencias de una clínica ubicada en el barrio Los Andaquíes también fue “secuestrado” y llevado a un centro universitario para que atendiera a un integrante de ‘Primera Línea’.
Además, que estarían comprometidos en la incineración del tractocamión de la empresa de transporte de carga pesada Cemex y de un colectivo de la empresa Expreso Bolivariano, ocurridos también el 3 de junio.
Los miembros de la ‘primera línea’ son señalados de la vandalización, hurto y saqueo del establecimiento D1 el 17 de junio. Además, la destrucción del peaje de Neiva, el 17 de junio.
Fotográficas, videos de cámaras de seguridad, testimonios de víctimas, interceptaciones telefónicas, y trabajo de inteligencia por parte de las autoridades, fueron claves para que un juez de garantías expidiera las órdenes de captura contra los ocho miembros de ‘Los Escuderos’.