Juan Camilo Morales Conde
El pasado 12 de octubre el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, participó en el ‘XVII Encuentro Nacional e Internacional del Frente de Seguridad Empresarial’. Barbosa con un discurso político aseguró, “que la Fiscalía colombiana es actualmente las más sólida de toda América Latina…”.
¿Sólida?, una Fiscalía marcada por índices de desfavorabilidad que va en aumento, en donde claramente se puede ver que en los últimos años las sentencias absolutorias son superiores a diferencia de las condenatorias y que este resultado no solo se debe a la carga procedimental de los fiscales, sino a las precarias asignaciones presupuestales para una debida investigación, que hacen que los casos de impunidad sean el día a día del país y solo se miren los hechos populistas bajo la lupa de los medios.
A lo anterior se suma un alejado sistema de justicia real, que brinde las garantías tanto para víctimas como para victimarios, donde la regla general de un país desarrollado está enmarcado en un derecho penal menos retributivo inquisitivo y más restaurativo, terapéutico, composicional, propedéutico y prospectivo, que busque que el derecho a la verdad, reparación, no repetición y proscripción del olvido, sea el camino de una justicia transicional real en Colombia en cabeza del ente acusador.
Pues bien, esta justicia premiada no es más que el derecho penal restaurativo, que busca que las víctimas sean reparadas por daños causados, ¿pero cómo?, pues a través un principio de oportunidad efectivo. Pongo el siguiente ejemplo: Colombia está en el puesto 93 a nivel mundial de los países con más corrupción, y la justicia colombiana prefiere condenar en una cárcel a un (Emilio Tapias) a que pague unos cuantos años, sin reparar a las víctimas y a gozar de la fortuna producto de una capacidad brillante y audaz para desfalcar al Estado una y otra vez y no someterlo a mencionado principio de oportunidad, donde su obligación sea instruir a la Fiscalía en cómo se materializa el delito para que esta pueda aprender de la conducta en pro de mejores resultados contra el delito.
Esto no quiere decir que la justicia pase a ser un saludo a la bandera, sino por el contrario, que quien cometa el delito sea condenado a pagar en menos proporción su pena, pero que haya una reparación integral a las víctimas, algo que no está pasando en Colombia, claro está, teniendo presente que no a todos los hechos punibles se les puede otorgar el beneficio del principio de oportunidad.