Rodrigo Villalba Mosquera
Regresó a Colombia, en calidad de extraditado, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, para purgar una pena de 17 años de prisión tras un fallo que mantiene al país dividido, un debate que se ha centrado erradamente en lo político, dejando de lado lo legal.
En primera medida tengo que manifestar mi solidaridad personal con el colega -como Arias también fui Ministro de Agricultura- un profesional brillante, economista de profesión, muy preparado, cuyo gran error fue convertir el cargo en su trampolín para aspirar a la presidencia. Las oportunidades se pueden aprovechar, pero haciendo las cosas bien y si al final de la jornada se presenta un balance favorable, nuevas oportunidades se abrirán. Pero en este caso el bicho de la política lo desbordo.
La condena que pesa contra Arias es por haber utilizado recursos públicos para favorecer a terceros a cambio de respaldos políticos, terceros que evidentemente hicieron las cosas mal, como se demostró, algunos dividiendo predios para favorecer a familiares con subsidios del programa Agro Ingreso Seguro. Se trató de la mala fe de algunos ‘amigos’ de Arias, que terminó pagando él como ordenador del gasto. Pero considero que al juzgador se le fue la mano al no dosificar la pena, pues si Arias no se apropió de recursos para su interés personal (no se echó al bolsillo ni un solo peso) su pecado pudo reducirse a alguna dosis de laxitud y mucho de tecnicismo jurídico.
Pero además están los otros debates. Que si Arias hizo bien huyendo del país para no enfrentar la pena en Colombia, que si la extradición era viable o fue una presión política del anterior gobierno. Al respecto considero que sí fue un error de Arias haber abandonado el país, como también defiendo el proceso de extradición como algo normal que se dio en un contexto legal, en donde existe tal convenio entre dos países, sin que se pueda calificar de persecución política.
Con el regreso de Arias al país, considero que la mejor forma de apoyarlo no es victimizándolo como perseguido político, es mirando con buenos ojos la doble instancia para que su caso sea revisado, por lo menos para que examinen la dosificación de la pena. Creo que, con la pura jurisprudencia de la Corte Constitucional, la doble instancia se puede aplicar para este caso. Acordémonos que ya existe este recurso para los procesos nuevos, y el principio de favorabilidad en temas penales es claramente aplicable para adelante o para atrás. El recurso de alzada es un derecho universal de cualquier procesado, pero nadie puede utilizar la lamentable circunstancia del exministro Arias para atizar la polarización política que tanto daño le hace a nuestra sociedad.
Démosle todas las garantías procesales al ex ministro Arias, pero no hagamos un debate político a su alrededor.