Modificar la categoría de conservación del desierto La Tatacoa, que establecía como intangibles 36 hectáreas del municipio de Villavieja, que incluía una parte de Tello y Baraya, resolvió la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).
La variación permitirá flexibilizar las restricciones de la utilización de estas zonas que habían sido delimitadas en lo que inicialmente se declaró Parque Natural Regional y lo que ahora se llamará Distrito de Manejo Integrado, otorgando la oportunidad para que la gente pueda seguir cultivando, realizando labores de la cría de ganado caprino, ovino y vacuno, así como comercializar sus predios.
Así lo reveló el director de la CAM, Carlos Cuéllar, durante un cabildo abierto en el Concejo del Municipio de Villavieja al que asistieron habitantes de las zonas del área de protección, que preocupados por la estabilidad económica de sus familias recibieron la nueva determinación jurídica.
“Producto de un ejercicio de socialización, diagnóstico, fotografía aérea, información cartográfica, pudimos demostrar que aparece una figura alterna para preservación de esta importante zona de bosque seco tropical que correspondería a un Distrito de Manejo Integrado (DMI). La intención es poder bajo el proceso de homologación que estamos articulando con la unidad de parques y el Ministerio de Ambiente, poder traer una posible verificación que esta figura de parque natural se revise y parezca un escenario de DMI, que es mucho más acorde a la realidad social, a la cobertura y la conservación estratégica como lo es La Tatacoa”, manifestó el director Cuéllar.
Concesiones con esta nueva figura
Mediante el Acuerdo 017 emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), en el 2008 declaró que 56.576 hectáreas estarían delimitadas como zona protegida con el fin de garantizar el ecosistema bosque seco tropical.
Esta determinación abarcaba varias veredas del municipio de Villavieja, así como dos y seis veredas, respectivamente, de los municipios de Tello y Baraya. Sin embargo, la comunidad afectada en el año 2010 logró mediante Acuerdo 016 la reducción de esta área a 36.000 hectáreas.
Pese a esto, el área continuaba catalogada como intangible por hacer parte de un parque natural. Ninguno de sus habitantes que había crecido y había mantenido a su familia a través de la ganadería y cultivos ahora no podían ejercer dicha actividad, sino vivir como parte del paisaje del área protegida.
Esta inconformidad originó la preocupación entre campesinos, ganaderos y agricultores de los tres municipios incluidos como área de parque natural regional. De esta situación nació el Comité de Afectados por la Declaratoria de Parque Natural Regional de La Tatacoa, quienes tras varias mesas de concertación lograron que se modificara esas restricciones o por lo menos que tuvieran cierta flexibilidad.
“Encontramos unas zonas de actividad intensiva sobre la zona protegida para el sector de San Alfonso, coberturas con producción agropecuaria, básicamente con cultivos de arroz y algodón y otro sector del Doche que requiere continuar con una visión de producción. Entonces se replanteó que pensar en tener un área estrictamente para la conservación nos implicaría un conflicto social y eso es lo que se está concertando hoy”, manifestó el Director de la CAM.
El funcionario explicó que sí se tendrán en cuenta algunas determinaciones como establecer el tema del ganado tabulado y proponer alternativas que permitan la reducción de la presión en las áreas de bosque seco-tropical sin afectar en gran medida la productividad de la zona y la sostenibilidad de la comunidad que habita en ella.
Para esto ya se están desarrollando unas pruebas piloto con la producción de especies alternativas como totumo, sábila, marañón, tamarindo, entre otras actividades propias que conciernen a la asimilación del DMI.
Las dudas continúan
Si bien con la modificación de la categoría de Parque Natural Regional a Distrito de Manejo Integrado (DMI) permitirá una flexibilidad en el tema de restricciones en el área protegida, la comunidad aún continúa con ciertas dudas.
Para Édgar Almanza, concejal del municipio de Villavieja, la lucha continuará hasta acabar totalmente con las medidas que según el “son más los maleficios que los beneficios que nos trae esta medida. Sin duda alguna esto acaba con el ente territorial en sus finanzas, porque no tiene la certeza de qué va ocurrir con su propiedad, porque según la norma no puede vender ni hacer escritura alguna y le van a indicar qué pueden y no hacer con sus predios. Creo que se violó el artículo segundo de la Constitución Nacional”.
Amparo Vanegas, habitante de la vereda Palmira, coincide con la incertidumbre del cabildante, al asegurar que aún no es claro cómo se manejará el tema de los predios que han sido y serán la herencia de su familia.
“Tenemos la incertidumbre que no podemos vender. De aquí a mañana yo me aburró por acá y me quiero ir, pero entonces no sé si podré conseguir dinero por esta propiedad para comprarme otra en otro lado, esa es mi mayor preocupación. Mejor dicho tenemos, pero no tenemos”, manifestó Vanegas.
Al respecto Carlos Cuéllar, director de la CAM, aseguró que se había generado una mala información en cuanto al tema de propiedad privada, “lo que se tiene es una mayor flexibilidad en términos de tenencia y en la posibilidad de negociación de estos títulos de propiedad dentro del área”.
“Antes se hablaban de zonas intangibles, ahora esto no existirá, pero sí habrá unas definidas como zonas de reserva que tendrá muchos propietarios. Sin embargo, la CAM no ha definido cómo será esta implementación y cómo será el plan de choque para estos parceleros”, dijo preocupado Carlos Alberto Cortez, concejal y habitante de una de las veredas ubicada en el área protegida.
Distrito de riego continúa en espera
Carlos Alberto Cortez, concejal del municipio de Villavieja, manifestó su preocupación de que no se tengan en cuenta para los proyectos pilotos que realizará la CAM al 25% de la población de la vereda La Victoria, que si bien no hace parte del área protegida del desierto La Tatacoa, sí se ha visto afectada colateralmente desde que se declaró como parque natural en el 2008.
“Resulta que acá se estaba adelantando la implementación de un distrito de riego que beneficiaría a un buen número de campesinos, que incluso la CAM había expedido una licencia ambiental para la construcción del mismo en el año 2003. En la actualidad no hay dicho distrito porque la normatividad rige que este tipo de implementación no se puede construir en una área protegida como lo es ahora el desierto y esa comunidad se quedó sin distrito y con una deuda millonaria”, agregó Cortez.
El Distrito de Riego Venado-Boquerón, que es un anhelo de más de 50 años en la región, según Raúl Ramírez, alcalde de Villavieja, es ahora un proyecto regional que compete hasta el departamento del Tolima. “Estamos hablando de 4.500 hectáreas a irrigar, que consiste este proyecto multipropósito que esperamos la CAM nos otorgue el permiso muy pronto”, indico Ramírez.
En ese sentido, el director de la CAM manifestó que: “Habrá un área de protección agropecuaria sostenible, eso es lo que estaríamos definiendo en el proceso de zonificación. Tenemos que tener claro que dentro de cualquier proceso de construcción de un distrito de esa magnitud se requiere unas autorizaciones ambientales.
Debemos tener muy claro que se requieren unas autorizaciones ambientales y esas licencias requieren de unas evaluaciones de impacto ambiental. Lo que no puede pasar es que este tipo de proyectos genere más impactos negativos, estoy hablando de pérdidas de coberturas boscosas, que positivos”, afirmó Carlos Cuéllar, quien aseguró que los resultados cartográficos con los que se modificó la categoría del área protegida será presentada a la Secretaría de Agricultura para que sirva como elemento de juicio y se dé un diagnóstico ambiental que determine si se pude o no generar la licencia.