RICARDO AREIZA
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El congresista huilense Álvaro Hernán Prada, fue vinculado formalmente por la Corte Suprema de Justicia a una investigación penal como ‘enlace’ de un plan de falsos testigos para favorecer al ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Prada Artunduaga, elegido por el Huila para su segundo periodo en la Cámara de Representantes, fue señalado como partícipe en el diseño y ejecución de un plan orientado a desviar la atención de la justicia, y, por esa vía hacerla incurrir en error conjuntamente con el senador Uribe, quien anunció que renunciará a su curul.
El 16 de febrero de 2018 la Corte se abstuvo de iniciar la investigación penal contra Cepeda, origen del nuevo complot y en cambio, ordenó investigar a otras personas, entre ellas al ex presidente Uribe. Allí nació el nuevo complot, en el que resultó implicado el representante Prada.
El nuevo complot
El 22 de febrero pasado, mientras la Corte estudiaba el recurso de reposición contra la decisión, el abogado Reinaldo Villegas Vargas, apoderado de Cepeda, puso en conocimiento de la Corte, las gestiones que desde Neiva se estaban fraguando.
El reporte entregado a la Corte decía: “El señor Juan Guillermo Monsalve recibió de un amigo suyo de Neiva, vía WhatsApp, un mensaje escrito en el que le dicen “hay un man muy grande” que quiere hablar por medio mío “referente a ese chicharrón… me llegaron de parte del ex… pues para que hable con usted de parte directamente del ex”. En dicho mensaje se mencionaba al viejo ‘Cepe’.
Ese personaje, según el abogado Villalba, era Carlos Eduardo López Callejas. El ex paramilitar, conocido como ‘Caliche’, se comunicó con Monsalve, a través de un mensaje de voz, donde le dijo que había sido contactado por el congresista Álvaro Hernán Prada (también llamado a indagatoria por el nuevo complot). “le pidió que tramitara- con él… un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones. Que dicho video tenía que ser radicado con urgencia el viernes”.
Además le dijo que le enviarían un abogado. Igualmente señaló que Prada “desde su teléfono lo puso en altavoz directamente a hablar con ‘el viejo’ que ‘era la voz del viejo’ y que éste le manifestó que le ayudara con lo del video”.
En efecto, ‘Caliche’ le pidió a Monsalve que tramitara con él un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Iván Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir sus declaraciones.
Otros hechos
La prueba recaudada, – según la Corte- también evidenció que Diego Javier Cadena fue el abogado que el 21 de febrero intentó entrevistarse con Juan Guillermo Monsalve y que el 22 de febrero logró su objetivo gracias a la intervención de Enrique Pardo, su compañero de celda, en el pabellón de extraditables. Ese día ingresaron varios abogados, entre ellos Cadena, quien le pidió que firmara un documento que llevaba redactado para presentarlo el viernes siguiente.
El encuentro quedó grabado con un dispositivo secreto que tenía Monsalve. Esa es una de las pruebas que envió a la Corte Suprema, además de copias de chats, y fotos.
Cadena lo visitó en otras dos oportunidades para que redactar de su puño y letra otro documento disculpándose con Uribe y afirmando que fue víctima de una “falsa ilusión” ofrecida por Cepeda. El documento fue redactado pero nunca fue entregado.
Adicionalmente, la Corte asegura que Uribe Vélez, de manera personal y directa ha tenido contactos en el exterior para obtener testimonios en su favor de ex paramilitares extraditados, entre ellos, ‘El Tuso’ Sierra y otros para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo contra Santiago Uribe.
La confirmación
Prada, quien se encontraba en plena campaña, confirmó el encuentro sostenido con alias ‘Caliche’, en el aeropuerto ‘Benito Salas’ de Neiva.
Advirtió que el encuentro ocurrió el miércoles 20 de febrero, pero aseguró que otro amigo suyo, Rodrigo Vidal Perdomo, fue quien le presentó a ‘Caliche’.
“Me dijo que quería decir toda la verdad. Se comunicaron a través de wasap, quedó de enviar el video y no lo hizo. Es un charlatán, nunca le volví a contestar”, aseguró Prada.
El congresista también confirmó que llamó a Uribe para preguntarle sobre Monsalve. Pero negó que hubiera puesto el altavoz con Uribe. “Nunca he puesto una llamada del expresidente Uribe en altavoz, tampoco he recibido insinuaciones del expresidente sobre este u otro caso”, afirmó Prada Artunduaga.
Versiones encontradas
Antes le había dicho a la periodista Vicky Dávila que el encuentro nunca se dio y que el contacto fue por wasap.
Después admitió que el encuentro si se produjo y que tuvo “dos o tres encuentros más con ‘Caliche’.
Prada afirmó que nunca estuvo en La Picota ni habló con el testigo Monsalve, incluso aseguró que no lo conoce. Sin embargo, confirmó que el año pasado estuvo en La Picota para recibir un testimonio del exsenador Otto Bula.
Según el documento de la Corte, los contactos se realizaron días antes de vencerse el plazo para sustentar el recurso de reposición que se vencía el viernes de febrero.
“Efectivamente, aseguró la Corte, en desarrollo de la pesquisa se estableció que Álvaro Hernán Prada Artunduaga fue el congresista, con quien, al parecer, Carlos Eduardo López Callejas, se contactó durante los días 21 y 22 de febrero del año en curso y la persona importante que le refirió a Juan Guillermo Monsalve en los ‘WhastsApps’, como aquella que le pidió contactarlo con el propósito de convencerlo de hacer un video retractándose de sus declaraciones en las que señaló al doctor Uribe Vélez como partícipe en la comisión de varios delitos, lo cual tampoco se logró ante la enfática negativa de Monsalve”.
Prada aseguró que no renunciara porque en su criterio, “no he cometido ningún delito”, argumentando que ha sido un “entramado criminal”.
Otra cosa, concluyó la Corte Suprema de Justicia.
“De todo lo anterior, en criterio de esta Sala, se vislumbra la posible participación de varias personas, y probablemente entre ellas, la del congresista Álvaro Hernán Prada Artunduaga, en el diseño y ejecución de un plan orientado a desviar la atención de la justicia, y, por esa vía hacer incurrir en error en las determinaciones que habrán de tomarse a la hora de ponderar la veracidad de las imputaciones que pesan en contra de los señores Álvaro y Santiago Uribe Vélez”.
“Así las cosas- subrayó- y como tales hechos pueden tipificar en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal…se dispone abrir investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada”.
Los dos fueron citados a rendir indagatoria. Adicionalmente llamó a rendir una declaración a 31 personas, entre ellas al empresario Rodrigo Vidal Perdomo, quien habría hecho el contacto con alias ‘Caliche’ y al abogado huilense Hugo Tovar Marroquín.
Este último se mostró sorprendido. “Desconozco las razones por las cuales me llaman a declarar. No tengo nada que ver con este asunto, no tengo, ni he tenido ninguna relación, aseguró en diálogo con LA NACIÓN. En cambio, admitió su amistad con Rodrigo Vidal Perdomo.
También serán escuchados en ampliación de declaración los dos testigos claves, Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López (‘Caliche’).
Prada, nacido en Bogotá, pero hijo de padres huilenses, anunció que “pondrá la cara” pero reiteró que no renunciará a su curul.
Los falsos testigos
El 16 de febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de iniciar investigación en contra del senador Iván Cepeda denunciado en el 2014 por el propio Uribe.
Durante un debate realizado en el 2014 Cepeda presentó los testimonios de dos ex paramilitares del bloque Metro, Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Pineda, quienes afirmaron que esa estructura criminal fue creada en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe Vélez.
Ese día el ex presidente se retiró furioso del Senado y denunció a Cepeda por los delitos de abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio en calidad de determinador. Uribe presentó la versión de cinco ex paramilitares presos, que resultaron falsos testigos.
La conclusión se llegó luego de estudiar el origen de numerosas interceptaciones telefónicas, legalmente obtenidas. Las interceptaciones realizadas por la Sala Esperanza de la Fiscalía General de la Nación demostraron que personas cercanas a Uribe eran los encargados de ejercer presiones.
“Las labores de verificación arrojaron como resultado que fue Juan Guillermo Villegas Uribe, quien con tanta insistencia quería comunicarse con Óscar Monsalve Correa luego de cumplir su cita con la Corte para rendir declaración (…). Lo anterior pone de presente que el 24 de marzo de 2015, Juan Guillermo Villegas Uribe tuvo un marcado interés en la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda (uno de los testigos)”, afirmó la Corte.
“Como resultado de las interceptaciones telefónicas ordenadas, se obtuvieron miles de llamadas, cuyo análisis, y el de los múltiples testimonios y documentos acopiados, ponen de presente una serie de intríngulis detrás de todo este asunto”, explicó la Corte.
Con testimonios directos, fotografías y audios obtenidos durante cuatro años de rigurosa investigación, la Sala Penal concluyó que Cepeda no manipuló testigos y que las visitas que hizo a las cárceles –donde los paramilitares le contaron sus versiones sobre Uribe– se dieron en medio de su labor legítima en la defensa de derechos humanos. Las visitas fueron realizadas entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 2011.
Según la Corte, esas visitas no deslegitiman ni desbordan el ámbito funcional de competencia de Cepeda, “no solo porque no está prohibido que un congresista visite y entreviste a un interno (…), sino porque como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, desde el mes de mayo (del 2011) adelantaba un intenso y arduo trabajo con el apoyo de su Unidad Legislativa, precisamente con miras a documentar la crisis carcelaria”, concluyó el alto tribunal.
En cambio, ordenó una investigación contra al senador Álvaro Uribe Vélez por, presuntamente, haber manipulado testigos contra Cepeda.
De igual forma solicitó al magistrado ponente un informe sobre los avances en la investigación por la masacre de La Granja (caso con el radicado 45.110) ocurrida cuando Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Esta investigación se encontraba engavetada en el despacho del magistrado Malo Fernández, investigado por el ‘cartel de la Toga’.
En el mismo auto ordenó la protección de los ex paramilitares presos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Areiza, asesinado un mes después.
Las pruebas
Entre otros, la Corte ordenó la interceptación de los paramilitares relacionados con el caso, del abogado Wilser Molina y del empresario Juan Guillermo Villegas Uribe, quien ejercía una fuerte presión sobre la familia de Juan Guillermo Monsalve, hijo Óscar Monsalve antiguo administrador de la hacienda Las Guacharacas- para evitar que sus declaraciones afectaran a Uribe Vélez y su círculo más cercano.
El senador huilense Ernesto Macías mostró como prueba contra Iván Cepeda un cheque que supuestamente el congresista Cepeda le había girado a la familia Monsalve. El cheque, en realidad, fue emitido por una organización de derechos humanos para facilitar el sustento temporal de la familia Monsalve en la ciudad de Bogotá, obligada a desplazarse por amenazas y hostigamientos, como lo reconoció la Corte.
La Corte encontró inconsistencias y contradicciones en los testimonios de alias ‘Simón’ y alias ‘Castañeda’, y obtuvo grabaciones de conversaciones constantes entre el senador Uribe y el abogado Wilser Darío Molina, y de Uribe con Villegas, tendientes a la presunta manipulación de testigos que deberá ser investigada por la misma Corte.
Muchas de esas interceptaciones en días claves fueron borradas misteriosamente.
Entre las pruebas aparece también un registro fotográfico de una reunión en un establecimiento comercial en Medellín entre Villegas, Uribe y Humberto Gómez Garro.
El abogado Wilser Molina, en una declaración ante la Corte aceptó que visitó al menos dos veces la finca del senador Uribe en el municipio de Rionegro (Antioquia), quien lo autorizó para que recogiera esos testimonios. También reconoció haber pagado a un investigador privado ex agente del DAS para esa tarea.
Otro de los falsos testigos que ahora involucran al senador Uribe, es el ex policía Pedro Manuel Benavides Rivera, señalado de participar en la conformación del grupo paramilitar “Los doce apóstoles” y quien recientemente, declaró en el caso contra Santiago Uribe alegando no recordar nada.
En el caso de los falsos testigos, Benavides afirmó que el senador Cepeda le había ofrecido una suma de dinero a su compañero el ex agente Alexander Amaya, señalado de pertenecer a “Los doce apóstoles”.
La Corte determinó que dicho ofrecimiento nunca se realizó y que el policía Amaya no tuvo ningún tipo de contacto con el senador Cepeda, y ordena investigar a Benavides Rivera por falso testimonio.
Además, apareció el otro testigo clave, Carlos Enrique Areiza Arango, asesinado en abril pasado en Bello (Antioquia).