Por: Flora Perdomo Andrade
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El campesino es una persona muy importante para un país como Colombia, pese a ello no se le reconoce debidamente su papel protagónico y trascendental a la hora de garantizar la seguridad alimentaria de 50 millones de personas.
Según el Censo Nacional Agropecuario, Colombia cuenta con una población rural de cerca de 12 millones de ciudadanos, algo así como el 20 por ciento de sus habitantes se encuentran localizados en las zonas rurales y cumplen o desempeñan labores propias de labranza, cría de animales y en general en su inmensa mayoría viven en condiciones en las que no cuentan con los servicios públicos esenciales, poseen un bajo nivel educativo -no han terminado el bachillerato y otros no logran acceder a la formación técnica o profesional -, el acceso al sistema de salud es precario, en conclusión su calidad de vida no está acorde con su nivel de importancia y el rol que cumplen en el esquema de desarrollo económico de esta nación.
No hay duda que el campesino es una persona que hoy recobra el mayor interés, entendiendo que son los llamados a ser quienes producen el alimento y que de una u otra manera con su trabajo y compromiso hacen posible que en la actual coyuntura el abastecimiento tan fundamental para alejar el hambre se mantenga.
En los últimos años desde el Congreso de la República, se han venido liderando acciones encaminadas a cambiar esa realidad. Hay que decir que la firma del acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las Farc, marcó unos derroteros muy claros en cuanto a la urgencia de adelantar una reforma rural integral en la que no se ha podido avanzar firme y decididamente, por aspectos como el interés político y desde luego por la injerencia de particulares que no tienen deseo en que esto se lleve a cabo.
Desde la Comisión Quinta de la que hago parte, hemos sacado adelante la Ley de Compras Públicas Locales, ya hemos dicho que se trata de un avance histórico, porque le permitirá a los pequeños y medianos productores poder ofrecer a las entidades del Estado y estos adquirir en un porcentaje no menor al 30% la producción de alimentos de alta calidad, a precios competitivos. Ya estamos viendo las bondades de esa norma en el departamento del Huila, donde sus autoridades regionales han asumido el liderazgo nacional en su implementación.
Pero también se le ha apostado a proyectos de vivienda rural, priorizando a las mujeres del campo. Se trabaja en una norma que busca dignificar el trabajo agropecuario, no es una misión fácil, pero hay pleno convencimiento en la bancada Liberal de la Cámara de Representantes que se debe dar una categoría especial al campesino de Colombia en el entendido que hay que generarles las condiciones para que en primera instancia, permanezcan en el campo, no se sigan yendo para las ciudades a engrosar los cinturones de miseria y no desistan de la labor de cultivar. La ruralidad no puede quedar abandonada, sería catastrófico.
En la actualidad me preparo para presentar ante la plenaria del Congreso la ponencia para segundo debate de un proyecto que busca promover la agricultura y economía campesina, familiar y comunitaria que busca dotar de herramientas para que los campesinos pueden mejorar sus canales de distribución y comercialización, fortalecer la asociatividad, promover incentivos a la producción, acceso al crédito, para poder avanzar hacia una política pública para el campo. Creemos que no habrá problema para que esta propuesta que hemos venido construyendo pueda avanzar al Senado de la República y en el menor tiempo posible se convierta en una ley que reafirme lo dicho por el propio Ministerio de Agricultura que reconoce que la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce más del 70% de los alimentos del país, es la actividad que más empleos rurales genera y cumple un papel invaluable para la conservación de la agrobiodiversidad.
Por estos días de crisis social, donde las comunidades han salido a las calles a exigir y demandar del Gobierno profundos cambios en sus políticas, las afectaciones económicas han sido inmensas. Hemos experimentado escasez de alimentos y por ende un encarecimiento de los mismos. Según Fedesarrollo el paro, aumentado por los bloqueos ha alcanzado pérdidas por el orden de los 155 mil millones de pesos y las afectaciones más grandes incluyen a la agricultura, por ende a los pequeños y medianos productores del campo que no pueden sacar sus productos para colocarlos en los centros de acopio.
En conclusión y tal y como lo dice la Comisión de la Verdad, la crisis ocasionada por el COVID-19 ha evidenciado lo indispensables que son las economías y las comunidades campesinas para el país, pero también ha hecho visible su situación de fragilidad y precariedad social, realidad que se deriva de una larga historia de abandonos y violencias, situación que nos obliga a ser actuantes para evitar que se les siga negando su bienestar y por ende su más que merecidos derechos y que como sociedad tenemos la obligación de contribuir para que el campo sea una prioridad.