A primera vista, el hecho de que una comunidad tenga que acudir a una vaca para financiar obras públicas, muestra lo lento e ineficiente que es el Estado, a la hora de responder a las necesidades de su población. No obstante, cualquier persona que haya trabajado o estudiado la contratación pública en Colombia, sabrá lo extenuante e intrincado que resulta cada una de sus etapas (precontractual, contractual y poscontractual), así como lo fácil que es ganarse un proceso de responsabilidad fiscal, penal o disciplinario. Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta los potenciales choques que pueden existir entre los diferentes niveles de la rama ejecutiva, en torno a un determinado proyecto, tal como ha venido sucediendo con el proyecto del metro de Bogotá y las vías 4G en Antioquia. Choques que se traducen en la paralización o retraso de las obras.
Al margen de las anteriores consideraciones, los paisas han logrado recaudar más de $2.000 millones de pesos en pocos días, con el fin de financiar la construcción de vías 4G en el departamento. Con independencia del futuro que pueda tener la vaca antioqueña, considero que esta experiencia ofrece una valiosa oportunidad para desarrollar investigación en el campo de la contratación y de la administración pública, en los siguientes campos: (i). Clasificación de los recursos recolectados por medio de una vaca: En atención a que estos recursos son el producto de una mera liberalidad de los ciudadanos (donación) y no el de una imposición característica de la relación ciudadano – Estado (como es el caso de los tributos), vale la pena preguntarse ¿estos recursos podrían clasificarse como públicos?; (ii). Responsabilidad fiscal: Al estar difuminado el carácter público de estos recursos, debemos cuestionarnos si el financiamiento de una obra con recursos obtenidos por medio de una vaca, haría posible el ejercicio de la acción fiscal en contra de los funcionarios involucrados en dicha obra.
También deberíamos preguntarnos si el resarcimiento pecuniario de la acción fiscal cobijaría a los ciudadanos donantes; y (iii). Dilemas de la financiación directa: Al ser financiada la obra, de forma directa por la ciudadanía, debemos preguntarnos: ¿estos ciudadanos podrían ejercer una vigilancia especial respecto del uso de sus recursos? ¿Estaríamos frente al potencial nacimiento de una entidad o dependencia especializada en la vigilancia, sanción y fiscalización de recursos directamente aportados por la ciudadanía? En resumen, una simple vaquita, tiene el potencial suficiente para impulsar profundos cambios en el ordenamiento jurídico colombiano.