Los focos de corrupción que escandalizan al Huila 1 16 febrero, 2020
HUILA INVESTIGACIÓN

Los focos de corrupción que escandalizan al Huila

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

Los niveles de corrupción en el Huila alcanzaron niveles alarmantes durante los últimos cuatro años. Solamente la Contraloría Departamental del Huila reportó un detrimento patrimonial de 31.844 millones de pesos, consolidados durante 580 auditorías realizadas que concluyeron con 4.044 hallazgos, que son objeto actualmente de procesos de responsabilidad fiscal.

Las cifras fueron confirmadas por la contralora Adriana Escobar, quien terminará su periodo el 31 de diciembre.

Las  111 auditorías especiales realizadas dejaron 261 hallazgos fiscales con un presunto detrimento de 16.524,8 millones de pesos. Otras nueve auditorías exprés para temas especiales de gran impacto dejaron 68 hallazgos con connotación fiscal por un valor de 7.329,5 millones de pesos.

Solamente los robos en las tesorerías de Paicol, Baraya y en el Hospital San Carlos de Aipe, ascendieron a 3.200 millones de pesos. Además, once mil de pesos, corresponden a una masiva defraudación al Fondo Territorial de Pensiones, detectada en el 2017 y desarrollada en los años siguientes.

La jefe de la Oficina de Responsabilidad fiscal, Diana Carolina Fernández anunció que terminará el año con 240 procesos de responsabilidad en trámite de los 416 que tenían al comenzar la gestión. En el 2019 se abrieron 55  procesos de responsabilidad. En total 96 fueron archivados y 39 con responsabilidad por 774 millones de pesos.

El reporte contempla 2.994 hallazgos administrativos;  425 hallazgos fiscales,  427 disciplinarios 71 penales  y 127 procesos sancionatorios.

Durante el 2019, en medio de los grandes escándalos de corrupción, el organismo de control realizó 34 auditorías con daños patrimoniales estimados de 3.918 millones de pesos entre ellos los fraudes confirmados en las tesorerías de Baraya, Paicol y en el hospital San Carlos de Aipe.

Los focos de corrupción que escandalizan al Huila 2 16 febrero, 2020

Desfalco en Baraya

El ex secretario de Hacienda de Baraya, John Edison Torrejano Sandoval, quien se preparaba para aspirar a la Alcaldía de Villavieja, su pueblo natal, terminó enredado en uno de los más sonados casos de corrupción.

Torrejano, como lo documentó  LA NACIÓN, creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, debidamente inscritos y registrados, pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración municipal.

El ex funcionario utilizaba las claves personales en el software contable HAS SQL, así como el token de seguridad entregado para el uso exclusivo por parte de las entidades financieras.

Las transferencias bancarias irregulares fueron realizadas entre 2017 y 2018 a personas que para la fecha de estos movimientos, no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración del municipio de Baraya.

La defraudación, según la Contraloría,  ascendió a 749, 85 millones de pesos. La Procuraduría la estimó en 732 millones y la Fiscalía la cuantificó en más de 900 millones de pesos.

Torrejano fue capturado el 22 de octubre de 2019 en Villavieja. También fueron detenidos el comerciante Luis Miguel Charry Forero, Jorge Edgardo Soache Perdomo, John Edison Castro Sandoval y Edisson Izquierdo Sabogal, quienes figuran como supuestos beneficiarios de los giros fraudulentos.

La contraloría inició el juicio de responsabilidad fiscal, la procuradora provincial Yulieth Cristina Cortés lo investiga en un proceso verbal y vinculó a otros funcionarios incluyendo al alcalde saliente Luis Enrique Cardoso.

Los focos de corrupción que escandalizan al Huila 3 16 febrero, 2020
Los casos emblemáticos de corrupción registrados en LA NACIÓN fueron destacados por la agencia fiscalizadora.

Fraude en Aipe

El otro escandaloso fraude se descubrió en enero de este año en el hospital San Carlos de Aipe.

El subgerente financiero Edilberto Macías Villarraga, la auxiliar de cartera y el almacenista general, entre otros empleados,  se apropiaron de 1.621 millones de pesos, a través de giros fraudulentos, dobles pagos y mayores valores pagados a los legalmente devengados.

Las irregularidades, como lo registró LA NACIÓN, se destaparon en enero pasado. La Oficina de Control Interno de la entidad reveló los primeros hallazgos.

Al revisar los pagos efectuados por concepto de nómina y demás prestaciones laborales correspondientes a las vigencias 2017 y 2018, detectó pagos dobles, o montos superiores a los devengados por los funcionarios de planta. Los dineros fueron girados mediante cheques, transferencias bancarias o autorizaciones de pago a través de la Cooperativa Coopeaipe.

Durante los cuatro años anteriores (2013-2014-2015 y 2016) se registraron las mismas irregularidades (pagos superiores a los devengados) por un monto de 209,39 millones de pesos.

El desfalco se perpetró durante seis años a través de la cuenta oficial destinada para el pago de nómina. El subgerente administrativo y financiero, Macías Villarraga, y otros funcionarios de la entidad se apropiaron ilícitamente de los recursos que ascienden a 1.621 millones de pesos. Los giros estaban asociados a la nómina, otros se desviaron camuflados por pagos de servicios personales a contratistas y en otros casos por pago a proveedores.

Macías Villarraga, el ‘cerebro’ de la operación fraudulenta, fue relevado fulminantemente del cargo, una vez se destapó el escándalo pero sigue campante en Neiva.

También fueron desvinculados de la entidad, la jefe de facturación y cartera, Eliana Medina, vinculada por prestación de servicios y el almacenista, Héctor Favían Díaz, quienes aparecen también como beneficiarios finales de giros irregulares.

 

Robo en Paicol

La misma situación se repitió en Paicol. La defraudación alcanza los 810 millones de pesos. La modalidad la misa;  pagos  sin respaldo presupuestal, sin contrato ni soporte legal. Igualmente pagos dobles.

El primer hallazgo del 2015, da cuenta de transacciones electrónicas sin afectación presupuestal y contable sin soportes para pago por a favor del beneficiario por $337.371.103.

Según lo detectado, se presentaron pagos dobles y pagos adicionales a funcionarios en esa época (2015) sin el respectivo soporte presupuestal o administrativo que generaran obligaciones laborales.

Estos giros se hicieron desde las cuenta de la Alcaldía de Paicol en el Banco Agrario y Davivienda directamente a las cuentas personales de funcionarios como el entonces Alcalde, el Personero, los  secretario de Gobierno, General y Hacienda. Los primeros montos ascendieron a  340 millones de pesos. También aparecieron pagos dobles o pagos adicionales en cuantía de 284  millones a nombre de terceros, generalmente contratistas sin vínculo laboral o contractual sin afectación presupuestal.

El monto de la defraudación ascendió a 641 millones, según la Contraloría. Otras fuentes lo estimaron en 810 millones de pesos.

Como ocurrió en Baraya, otros giros ficticios aparecían a nombre de a la ESE de Paicol, el Fondo Mixto de Cultura, Empresas Públicas de Neiva, Electrohuila, la Alcaldía de La Plata, la CAM, Ciudad Limpia, Federación de Municipios, y  el Icbf. Sin embargo, otros eran los beneficiarios.

Las anomalías se registraron durante la administración de Norberto Palomino, cuando se desempeñaba como tesorero Julián Perdomo Cuéllar, ex candidato a la Alcaldía por el Centro Democrático.

 

Cartel pensional

Finalmente, otro de los casos emblemáticos de corrupción destapados durante este cuatrienio, fue el cartel de las pensiones en la Gobernación del Huila.

Con la complacencia de funcionarios de la Gobernación y varios secretarios Generales se descubrió una masiva defraudación al Fondo Territorial de Pensiones.

La investigación concluyó con un daño patrimonial inicial estimado en la suma de $3.582 millones. En una segunda fase el fraude pensional se elevó a 6.206 millones de pesos y actualmente la cifra se duplicó. Siete pensionados con documentos falsos fueron detenidos.

Durante la primera fase de la investigación se analizaron y revisaron selectivamente 26 resoluciones de pensiones reconocidas durante las vigencias 1985, 1987, 2001, 2002 y 2006. Luego se amplió a otros años con la misma modalidad.

Entre otros, se efectuaron reconocimientos pensionales  pagos de mesadas atrasadas y retroactivos pensionales, con soportes adulterados, sin que se hubieran incluido en nómina o cobrado por parte de quien figura como beneficiario.

También aparecieron personas devengaban simultáneamente dos pensiones: un pago reconocido por el Fondo Territorial de Pensiones y otro, por el Instituto de Seguro Social (hoy Colpensiones).

Con estas irregularidades se pensionaron numerosas personas de la antigua Beneficencia del Huila, de la Secretaria de Agricultura, Gobierno, Obras Públicas y Educación. Muchos de los beneficiados están siendo judicializados por la Fiscalía.

Los funcionarios responsables hacían el reconocimiento de pensiones con base en decretos de nombramiento cuyo número es acompañado de la palabra “bis”; Sin embargo, al ser verificados con el consecutivo de decretos que reposan en el archivo central no existen “Se descubrió que el número del decreto registrado, correspondía a otro asunto”.

Los beneficiarios no cumplían con los requisitos para acceder a la pensión y los acreditaban con tiempos de vinculación laboral inexistentes.

En las tarjetas de ‘kardex zafiro digitalizado donde se maneja el archivo departamental aparecieron adulterados los  registro de cargos desempeñados. Al cotejarlo con los decretos de nombramiento que reposan igualmente en el archivo no coincidían. En otros casos resultan inexistentes.

Algunos fueron pensionados sin haber trabajado un solo día en la administración seccional.

De los 29 hallazgos configurados, 28 tuvieron  alcance fiscal por 6.206, 8 millones de pesos; 28 hallazgos con presunción disciplinaria, 28 hallazgos con presunción penal y un hallazgo sancionatorio. Por este hecho varios de los beneficiarios están siendo judicializados.

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