Rodrigo Lara Sánchez
Avanzó en el Congreso de la República el proyecto de ley que endurece las penas para los reincidentes de delitos como el hurto, el uso de armas no letales y otros delitos menores, privándolos de la libertad y evitando que ladrones prolíficos sigan haciendo de las suyas. Se plantea como una solución que sacará de las calles a muchos delincuentes y devolverá la tranquilidad a los ciudadanos.
Seguro que esta medida contribuirá con la seguridad en cierta medida. Evita el dolor de cabeza de tener en la calle a ladrones de objetos de menor cuantía que conocen la ley y burlan el sistema judicial a diario; al menos estarán tras las rejas aquellos que tienen como profesión el hurto menor.
Pero esta medida dista mucho de ser la solución a la problemática de seguridad de las ciudades. Las grandes redes de microtráfico y de tráfico de celulares, hoy en día el objeto más robado, permanecen incólumes y resultarán poco afectadas. Hacen falta mejores medidas para solucionar esta problemática, que es el dolor de cabeza de las autoridades. Allí juega un papel trascendental la inteligencia policía y un equipo fuerte de policía judicial e investigadores que tienen la función de recopilar las pruebas necesarias para ser presentadas ante el juez y de esta manera desarticular peligrosas bandas y verdaderas mafias transnacionales. Son sofisticadas redes con gran poder que requieren equipos multidisciplinarios en la investigación del delito, en donde la tecnología hoy en día resulta vital a la hora de obtener resultados.
El Proyecto de Ley quizás logre aminorar el flagelo que se vive en las calles, pero no soluciona de fondo el problema de inseguridad. La tarea es multidimensional, va más allá de la política punitiva, se requiere políticas públicas encaminadas a la resocialización de delincuentes con programas duraderos en el tiempo y no iniciativas esporádicas. Inversión social y un gran aporte a la educación para lograr la permanencia de jóvenes en el sistema educativo, haciendo seguimiento y acompañamiento a aquellos que muestren comportamientos delictivos, evitando que se encuentren las puertas cerradas.
Adicional a esto, se debe mejorar la política carcelaria. Es un deber como país volver los ojos a una problemática olvidada. Hoy distan mucho las cárceles de ser unos verdaderos centros de resocialización, más bien resultan escuelas de enseñanza del delito. No hay un programa de apoyo y seguimiento como ocurre con los desmovilizados del conflicto armado, que logran tasas de éxitos superiores al 70%. Se deben tomar estos buenos ejemplos para aplicarlos y lograr mejorar la seguridad.