La Justicia ha condenado a dos funcionarios del CTI de la Fiscalía del Huila, un expolicía y un particular, integrantes de una banda delincuencial responsable no solo de hurtos a establecimientos de comercio, cooperativas financieras y viviendas en conjuntos residenciales sino de la casa cural en el municipio de El Pital.
La condena, a penas entre cinco y siete años de cárcel, fue impuesta por el Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento, luego de legalizar el preacuerdo que suscribieron los procesados con el Fiscal Cuarto Seccional. Los cobijados fueron: el entonces jefe de Seguridad de Sedes y Personas de la Seccional de Fiscalías en el Huila, Héctor Engelberth Rodríguez Salazar; y el investigador Héctor Medardo Ramos Lozano; además del expolicía Jeison Esteven Acosta Ibarra y el particular Wilfredo Antonio Cruz Triana.
Estamos hablando de una bien organizada banda delictiva que, lamentablemente, contó con el apoyo de servidores públicos. Esta organización perpetró asaltos entre los años 2018 y 2019, para los cuales fue utilizada una camioneta Chevrolet Dimax color blanco, de placa GAO-012 asignada a la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones de la misma Fiscalía, Rodríguez Salazar, para esa época funcionario de alto rango de la Fiscalía del Huila, tenía la facultad de facilitar el transporte con vehículos oficiales y “acceder a sistemas de información de la Fiscalía para dar a conocer procesos y los estados de los mismos a nombre de personas requeridas por la organización”.
En el caso de los investigadores del CTI de la Fiscalía involucrados, estos deshonraron a la institución a la cual pertenecían y sus ‘torcidos’ representaron un duro golpe para la administración de Justicia. Por eso, en buen momento esta ejemplarizante condena de la Justicia huilense para quienes se desviaron de su deber institucional.
El mensaje es aleccionador.