Empieza a ponerse sobre la mesa, en todos los escenarios gubernamentales, la viabilidad, conveniencia y eficacia de las concesiones, contratos y negocios que el Estado ha firmado con empresas privadas para operar o administrar servicios esenciales como el aseo y el transporte masivo. Empieza a ponerse sobre la mesa, en todos los escenarios gubernamentales, la viabilidad, conveniencia y eficacia de las concesiones, contratos y negocios que el Estado ha firmado con empresas privadas para operar o administrar servicios esenciales como el aseo y el transporte masivo. La conclusión parcial es que han sido excelentes negocios, jugosos si se quiere, para los empresarios y bastante malos, por no decir pésimos, y deficitarios para el Estado. Ahí está la ya aguda discusión de los millonarios contratos de operación del Transmilenio en Bogotá y ahora surge la inquietud en torno a la concesión de aseo en Neiva, firmada con Ciudad Limpia y que vencerá en septiembre próximo, con posibilidad de prorrogarse. El caso de Transmilenio en Bogotá tiene cifras francamente abismales. Los empresarios privados, que son los mismos que siguen manejando el viejo transporte de buses urbanos, agrupados en menos de 20 familias, han recibido 4,4 billones de pesos en diez años de operación del sistema masivo, en tanto que al Distrito sólo le han ingresado 297.000 millones, esto es apenas el 5 por ciento. Y la diferencia se acrecienta si se tiene en cuenta que el Distrito y la Nación – es decir todos los colombianos – hemos pagado la construcción de las troncales, el mantenimiento y la reparación de las vías exclusivas que tienen los buses rojos, hasta hoy más de 6 billones de pesos. Y la distancia del negocio para los privados y el Estado se alarga a niveles siderales cuando se considera que, además, los empresarios tienen unos ingresos fijos por kilómetro recorrido y no por número de pasajeros. En cuanto a Neiva deberá discutirse abierta y públicamente la conveniencia del actual contrato con Ciudad Limpia. Las finanzas de Empresas Públicas (EPN) son cada vez más complicadas ahora que se sabe que hay una deuda de 10.000 millones de pesos con la concesionaria por subsidios que no se le han girado. Es una deuda legal y habrá que pagarla, previa verificación de su certeza, pero el punto central lo ha puesto el mismo Gerente de EPN al señalar que la empresa privada se queda con el 80 de los ingresos y el Municipio apenas el restante 20 por ciento, pese a que debe responder por el mantenimiento de la planta de tratamiento de las basuras, construir nuevas celdas y manejar lixiviados, cuyos costos superan con creces los ingresos. Una sola celda puede costar hasta 3.000 millones de pesos y una planta de lixiviados, aproximadamente otros 5.000 millones. Y como lo plantea el mismo gerente Aurelio Navarro, aquí hay que jugarle al famoso ‘gana – gana’, que gane Ciudad Limpia pero que también gane las EPN y los neivanos con la prestación de un buen servicio en materia de aseo. Estamos en un mercado abierto, en donde hay muchos potenciales oferentes. Lo que valdría considerar es si se prorroga el contrato, renegociando sus condiciones tan desfavorables hoy para la ciudad, o se abre una licitación en donde la ley de la oferta y la demanda nos arroje mejores dividendos para Neiva. DESTACADO “La conclusión parcial es que han sido excelentes negocios, jugosos si se quiere, para los empresarios y bastante malos, por no decir pésimos, y deficitarios para el Estado”. EDITORIALITO La selección de candidatos para los hospitales deben ser transparente. Hay muchas quejas sobre la falta de garantías de quienes aspiran a concursar limpiamente. Sin embargo, en muchas ESES, ya se habla de virtuales ganadores, sin haberse agotado el concurso. Los organismos de control deben verificar el proceso.