RICARDO AREIZA
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La cuestionada propuesta del uribismo de acabar con las altas cortes y crear una sola, quedó por ahora descartada. La iniciativa sólo fue un tema de campaña y nada más. Por lo menos así lo expresó el presidente electo Iván Duque durante una reunión sostenida con los presidentes de las altas cortes, el Contralor y el Procurador General de la Nación.
La afirmación la hizo el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar, durante la cumbre realizada en Neiva, con ocasión del taller “Justicia abierta, diálogos con la comunidad’ realizado en el centro de Convenciones ‘José Eustasio Rivera’.
La designada ministra de Justicia, Gloria María Borrero, también anunció que ese tema no figura en la agenda ni es una de las prioridades del nuevo gobierno.
En lo que sí se comprometió fue en garantizar la independencia y la autonomía de la Rama Judicial. Bula Escobar, abordó otros temas cruciales, la urgencia de una reforma judicial, la revisión de las competencias, la unificación de jurisprudencia, y por supuesto, el impacto que les genera el ‘Cartel de la Toga’.
-¿Cómo avanzan los contactos con el nuevo presídete?
Nosotros sostuvimos una reunión con el presidente electo, en compañía de José Luis Barceló de la Corte Suprema; Alejandro Linares de la Corte Constitucional y otros dignatarios de las altas cortes. En esa reunión hablamos con mucha franqueza de parte y parte.
La reunión transcurrió más bien de manera convergente. Hay un tema fundamental: la independencia, la autonomía de la Rama Judicial porque la independencia de la Rama Judicial es una garantía para la ciudadanía.
Está demostrado que los países que no gozan de la independencia de su Rama Judicial carecen, por esa misma razón de ese último baluarte de la democracia y de los derechos humanos, según la Declaración de Bangladesh, “Cuando todo falla, el bastión que finalmente queda es la justicia.
-¿Pero qué concluyeron?
El presidente Duque reconoció la importancia de la independencia de la Rama Judicial y la importancia de dialogar alrededor de las reformas que necesita la justicia colombiana. De manera que estamos trabajando para eso, para contribuir a que los proyectos que circulen en el Congreso tengan la mejor calidad y sean los más pertinentes en lo que se refiere a la justicia que necesita la gente.
Tenemos una expectativa favorable de que a través del diálogo podamos acuñar buenos proyectos de reforma.
-¿Se avanzó en la unificación de las cortes, o en la creación de una corte única?
Yo le pregunté al presidente Duque sobre ese tema. Y él nos dio la siguiente respuesta: “Esa es una simple mención que hice en un escenario académico en Estados Unidos y que fue manejada de manera hiperbólica porque en tiempos de campaña cualquier cosa que diga alguno de los candidatos, con razón en las otras campañas le de resonancia. Pero no está, según nos contó, dentro de su agenda.
-¿Cree que los acuerdos de paz están jurídicamente blindados? ¿Cree que se pueden desmontar?
Son asuntos que en principio, competen más a la Corte Constitucional. Tenemos dos circunstancias que valen la pena resaltar: Somos respetuosos de las instituciones y segundo porque tenemos un compromiso constitucional porque en los nuevos tiempos, en los tiempos que corren, el estado constitucional implica que hay que atender siempre los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política. De manera que para nosotros lo que de los acuerdos es ley o norma constitucional es sencillamente nuestra guía para poder fallar procesos.
-¿Hay que pensar en un nuevo mapa judicial?
Evidentemente si se quiere más acceso a la justicia de la ciudadanía se requieren más juzgados. En eso no hay duda. Se necesitan más juzgados. Hay regiones apartadas de las capitales en donde el acceso a la justicia es muy hostil.
La demanda de justicia creció en el país desde la nueva Constitución alrededor de un 320 por ciento. Eso es mucho. Más de 300 veces lo que se demandaba antes. Sin embargo la justicia no ha crecido condignamente.
Podemos decir que la justicia creció por ahí en un 27 por ciento. Eso genera una asimetría que en parte explica esa enorme congestión que tenemos en ciertos estadios de la justicia administrativa.
¿Por qué razones?
Es un tema presupuestal, es un tema de voluntad política, los jueces hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mejorar la eficiencia pero va a ser necesario la creación de nuevos juzgados y modificar de alguna manera la arquitectura organizacional de la Rama Judicial colombiana. Eso es parte de lo que discutimos con el nuevo gobierno a propósito de las reformas.
-¿Cuál fue la respuesta?
En general hay una actitud en principio positiva entre otras cosas porque hay una convergencia con el nuevo gobierno. El presidente Duque piensa como nosotros que las primera y segundas instancias pueden ser fortalecidas, de tal manera que las altas cortes se dediquen más a asuntos de unificación jurisprudencial. Recuperar un poco la figura piramidal de la justicia.
Hoy tenemos por ejemplo magistrados en el Consejo de Estado con 2.300 procesos a su cargo, cuando un magistrado de tribunal tiene 400 si es racional, hasta 900 procesos.
-¿Hay que repensar las competencias?
El Consejo de Estado está interesado en modificar sus competencias en esa dirección. Hay que tener mayor confianza en los tribunales porque el país ya la tiene porque ha construido una judicatura a través de la carrera judicial y la experiencia. Esa judicatura tiene la capacidad para responder por procesos de mayor calado que ya no tienen que llegar al Consejo de Estado. Si tenemos que hacer eso tenemos que fortalecer la base de la pirámide también. El asunto es que todo esto hay que hacerlo con bastante cuidado. No se puede como decía tal vez el presidente López, ‘chambonear’ en estas materias; chambonear en estas materias es un crimen de lesa patria porque toda institución mal diseñada afecta al conjunto de la Nación. Es un tipo de falta de calidad que no se debe permitir la nueva Colombia que está naciendo.
-¿Frente a la unificación de jurisprudencia?
Este es un tema crucial. El Código de Procedimiento Administrativo constituye un gran avance para construir una mayor seguridad jurídica. En la ley se prevén las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia. La primera juega un gran papel, si se hace un gran esfuerzo por unificar jurisprudencia, eso va ayudar a la descongestión, obliga a los jueces a fallar de manera más expedita ese tipo de negocios que por una cierta ambigüedad del legislador hace necesaria una interpretación más precisa que fije la jurisprudencia. Las sentencias de unificación implican un esfuerzo argumentativo especial.
-¿Las más representativas?
La Sección Segunda ha venido trabando en varias de ellas, las llamadas nóminas paralelas, el contrato-realidad, la pensión gracia, una serie de temas que la Sección Segunda ha venido trabajando para entregar a la jurisdicción contenciosa en todo el país, líneas jurisprudenciales unificadas.
-Demandar al Estado es un deporte. ¿Hay un desangre por las acciones de reparación?
Aquí hay que hacer algunas distinciones. El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado insiste en que demandar al Estado es un deporte, un deporte ruinoso para el país. Es posible que haya algunos abogados y ciudadanos consideren que ahí pueden capturar algunas rentas del Estado a través de demandas temerarias. Pero lo que no es correcto es confundir esa posibilidad con que la jurisdicción administrativa esté concediendo reparaciones a la ‘topa tolondra’, en absoluto. Ahí se hacen cuentas muy alegres porque la jurisdicción es muy juiciosa en relación con la aplicación del daño antijurídico.
Ahora, la principal defensa de las venas rotas de las arcas públicas es la calidad de la actuación del Estado, no la calidad de la actuación de los jueces. Están buscando el ahogado aguas arriba o la fiebre en las sábanas.
Si los gobernadores y alcaldes no hacen contratos laborales disfrazados de órdenes de servicios (contratos-realidad), si pagan bien las prestaciones sociales, sino despiden a los funcionarios de manera indebida, obviamente llegaran menos casos a la jurisdicción administrativa y será menos condenado el Estado.
Si la contratación pública se hace con decencia y rigor, habrá menos casos de contractuales que lleguen a la jurisdicción administrativa. Si el Estado quiere proteger sus arcas lo que tiene que hacer es sencillamente hacer las cosas bien.
-¿De qué manera el llamado ‘Cartel de la toga’ ha empañado la imagen de la justicia?
Claro. No es juez quien no tiene una conducta proba, absolutamente intachable. Cuando se trata de magistrados de las altas cortes es un daño muy grande porque es un tejido ecológico frágil.
Naturalmente, aparece la frase bíblica, “Si la sal se vuelve sosa con qué se salará”, cuando en las altas cortes hay algún tipo de quiebres que desdoran la justicia. Aspiramos a que esos quiebres desaparezcan por completo de las altas cortes. En eso debemos trabajar arduamente.
-¿Las cortes están en capacidad de auto reformarse?
Para estos casos sí. Para la conducta de los jueces, sencillamente venimos, rendimos cuentas a la ciudadanía, El Tribunal Administrativo del Huila lo está haciendo, lleva tres años haciéndolo porque sencillamente en medio de la transparencia es más fácil aupar por la ética judicial, sin transparencia y sin ética judicial no podemos sentarnos a hablar de cultura de la legalidad y sin cultura de la legalidad no podemos construir un país que merecemos.
