La Fiscalía abrió una nueva investigación por hechos relacionados con Comfamiliar del Huila, estaba vez se analiza la compra o presuntas irregularidades en la compra de un predio de aproximadamente 50 hectáreas denominado lote 11 de El Chaparro, La Jabonera y Las Palmas, donde se tiene planeado construir muchas viviendas por parte de dicha empresa.
Según lo señaló el Fiscal General encargado Jorge Fernando Perdomo, “nosotros sabemos que Comfamiliar compró ese lote por un valor superior a cuatro mil millones de pesos, cuando un año antes ese lote había sido adquirido por otra personas por un valor de 700 millones de pesos, es decir abrimos una nueva investigación para establecer si allí hubo algunas irregularidades”.
La Fiscalía tomó la decisión de llamar a interrogatorio algunas personas de las que han sido vinculadas en los procesos que tienen que ver con Comfamiliar y con los desfalcos a la salud, por lo que se ha programado para los días 18 y 20 de noviembre el llamado a interrogatorio de las siguientes personas: Yesid Orlando Perdomo, revisor fiscal de Comfamiliar y de Richard Castro contador de la misma empresa.
“Ellos deberán explicarle a la Fiscalía la presunta participación y el conocimiento que pudieron tener por el ejercicio de su actividad como revisor y contador, sobre las irregularidades que la Fiscalía ya ha encontrado e imputado en los casos de la Clínica Revivir”, señaló Perdomo.
De igual forma Javier Osorio Manrique será llevado a interrogatorio por la investigación que existe por las presuntas irregularidades en la contratación entre la clínica Comfamiliar y la clínica Uros.
Caso salud
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos materia de investigación contra Ariza Quintero, el exalcalde de Garzón Clodomiro Rivera y la representante legal de Mediláser, María Cristina Vargas Urazán, tienen que ver con unas presuntas irregularidades registradas entre los años 2003 y 2004.
Las averiguaciones adelantadas por el ente investigador, dan cuenta de que se habrían presentado irregularidades en el contrato suscrito entre el exalcalde de Garzón, Clodomiro Rivera Garzón, como interventor, con la ARS Cajasalud, el cual tenía como objeto la prestación de servicios de salud del régimen subsidiado.
Entre algunas de las situaciones anómalas encontradas por la Fiscalía, se tiene que el servicio fue a su vez subcontratado por la ARS Cajasalud con la IPS Clínica Mediláser Ltda.
Para la Fiscalía, toda esa situación se llevó a cabo con conocimiento de causa, es decir que quienes participaron sabían que se trataba de una facultad que es exclusiva de las Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS y las Entidades Promotoras de Salud, EPS.
La resolución de acusación fue proferida por un fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía en Bogotá, luego del análisis de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.
En el oriente de la capital huilense se encuentran los terrenos por lo que se inicia la investigación.
El ente acusador endilgó a los tres los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por el contrato en que se habrían presentado irregularidades por más de $4.500 millones.
CIFRAS
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía pudieron establecer que en el desarrollo del proceso, se habría cometido el presunto delito de peculado por la suma de $4.571.000.000.
Lo anterior, como quiera que Ariza Quintero, Rivera Garzón y Vargas Urazán habrían incurrido en la utilización de la figura de la tercerización “para apropiarse de los recursos; es decir que contrataron dichos servicios con empresas prestadoras de salud que sirvieron de intermediarias con otras entidades, a las cuales les pagaban una tercera o quinta parte del valor total del contrato para cumplir el objeto del mismo”, señala en su acusación la Fiscalía.
En ese orden de ideas, se encontró entre algunas irregularidades, que la ARS Cajasalud celebró un contrato con la Clínica Mediláser mediante el cual se prestaba el servicio de salud del régimen subsidiado en el II y III nivel.
El costo del mismo, por un valor total de $3.350.000.000; además, se estableció que a su vez, la Clínica Mediláser subcontrató con el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito por un costo de 337.7 millones de pesos.
El encargado de la Fiscalía además de acusar a Ariza Quintero como representante legal de la ARS Cajasalud; llamó a juicio al exmandatario Clodomiro Rivera Garzón y a la representante legal de la Clínica Mediláser María Cistina Vargas Urazán.
En este sector se encuentran los terrenos del caso Comfamiliar.