Definitivamente Colombia no es uno sino muchísimos países, la mayoría, no en población pero sí en extensión, absolutamente marginados. No solamente están alejados físicamente de los centros de desarrollo ubicados en las grandes capitales sino con demasiada frecuencia olvidados o peor aún, mal interpretados por las autoridades nacionales. El resultado es obvio: protestas y marchas que vienen apareciendo cada vez con mayor frecuencia en diferentes puntos del país. Son los campesinos los protagonistas porque no ha pasado en vano la acumulación de problemas en el campo colombiano así como los errores, cuando no la desidia, de los gobiernos hacia esta parte del país. Se han desarrollado estrategias equivocadas que lejos de resolver crisis las agravan.
Hoy la situación del Catatumbo tiene al gobierno en alerta roja y se trata de nuevo de movimientos de cocaleros. Las causas de estas protestas que ya han cobrado vidas de campesinos, son las mismas de siempre: la “erradicación forzada” de los cultivos de coca y amapola por parte del ejército colombiano, y la demanda de esta población para que se cumplan sus derechos consagrados en la Constitución de 1991.
Pero lo que sucede es que el Gobierno no aprende y lo peor, quienes se equivocaron hace algunos años siguen en el poder de una manera u otra. En el gobierno anterior, el entonces General Naranjo, director en ese momento de la Policía Nacional, afirmó en medio del paro cocalero de Tarazá: "son poblaciones (los cocaleros) que quedaron atrapadas por cantos de sirena que los narcotraficantes les vendieron". Y con base en esa premisa se aplicó una estrategia militar, de represión. Estrategia que no funcionó en ese entonces y que tampoco ahora ayudará a encontrar una solución.
Lo que sucede con las poblaciones cocaleras es que nunca han sido realmente objeto de estudio y de acción por parte del estado. Las estigmatizan porque obviamente están en regiones donde las FARC y los paramilitares hacen sus negocios. Pero nadie se ha preguntado si el Estado y la sociedad colombiana como tal, les ha ofrecido alternativas productivas reales, oferta de bienes públicos para que mejoren su calidad de vida. Para empezar, están muy lejos de mercados de productos agrícolas y de los sitios a donde llegan los pocos servicios agropecuarios que el Gobierno ofrece.
Da tristeza pensar que esa misma hipótesis y sus estrategias de represión que se derivan de ella, es la que impide que se discuta lo que los campesinos del Catatumbo demandan: una Zona de Reserva Campesina, la cual ha sino estigmatizada por el mismo ministro anterior de Agricultura. De nuevo, las FARC y el paramilitarismo que cambió de nombre pero no desapareció, siguen acabando con la posibilidad de que el gobierno y la sociedad escuchen y comprendan la realidad de sus demandas . Es hora de cambiar ese discurso militarista y de una vez por todas comprometerse con una verdadera política de desarrollo rural que no existe.
En el campo colombiano tienen que caber los 11 millones de campesinos, incluyendo a los hoy cocaleros, y una nueva clase empresarial que no repita los errores de la actual, que solo ve a la población del campo no como propietarios sino como sus jornaleros. Sin esto no hay paz, señores latifundistas.