Sergio Felipe Salamanca Borrero
Como colombianos muchas veces no somos conscientes de los diferentes tesoros que se encuentran en nuestro país, como ocurre con los tesoros arqueológicos, que en la mayoría de los casos no reciben la atención y protección requerida para garantizar su preservación. Para fortuna nuestra y de las generaciones futuras, está situación ha comenzado a cambiar gracias a la iniciativa de las entidades públicas involucradas.
Como huilense, siempre me he sentido orgulloso del legado cultural que heredamos de las culturas ubicadas en el departamento, especialmente en la zona de San Agustín, razón por la cual, celebro el hecho de que las entidades departamentales reanuden esfuerzos en la recuperación de diferentes piezas arqueológicas de la cultura agustiniana que actualmente se encuentran en Alemania. Ahora bien, también existen en el país tesoros que están escondidos a la vista de todos, pero que hacen parte del patrimonio cultural e histórico de la Nación, como es el caso del galeón San José.
Transcurría la primera década del siglo XVIII cuando uno de los buques más representativos del imperio español fue hundido por los ingleses en el Caribe colombiano, con un tesoro estimado de 1.500 millones de dólares, además del valor histórico y cultural. El valor del Galeón quedó plasmado en una frase del presidente Juan Manuel Santos al anunciar el descubrimiento del sitio exacto del naufragio, quien manifestó que el galeón es “uno de los más grandes hallazgos de patrimonio sumergido, si no el más grande dicen alguno, de la historia de la humanidad”. Además de haber localizado el lugar exacto del hundimiento, los exploradores tomaron una serie de fotografías que permitieron corroborar la identidad del naufragio y los tesoros del mismo, lo cual ha despertado el interés no solo de los científicos y curiosos, sino de los cazadores de tesoros.
Este caso es apasionante por la serie de cuestionamientos científicos y jurídicos que origina.
Desde el punto de vista científico la gran discusión siempre ha girado en torno a la conveniencia de modificar el estado original del naufragio y a la legitimidad científica de las empresas que van a participar en el proceso de extracción. Desde punto de vista jurídico se discute sobre la idoneidad de figuras como la APP (Asociación Público Privada) para llevar a cabo el proyecto; y la antigua discusión respecto de la titularidad de derechos sobre el yacimiento arqueológico.