RICARDO AREIZA
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El cobro de tarifas y la reglamentación del ingreso y disfrute de los sitios turísticos en el emblemático desierto La Tatacoa son ilegal y por lo tanto, deben anularse.
La solicitud fue hecha por el director del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila, Ricardo Moncaleano.
El funcionario ejerciendo el control de legalidad que le corresponde demandó el Acuerdo 007 aprobado a finales del año pasado por iniciativa del alcalde Yordan Pacheco.
En su criterio, tanto el alcalde como el Concejo de Villavieja, se extralimitaron al expedir la reglamentación sin tener la competencia para imponer unas tasas de ingreso, regular su destinación e intervenir la zona protegida.
La medida fue adoptada a finales del año pasado por el Concejo fijando las tasas de ingreso al museo paleontológico, al observatorio astronómico y al área denominada El Cuzco, ubicadas dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado La Tatacoa, creado en el 2014 por el consejo directivo de la CAM.
Esta especie de ‘peaje’ serviría para recaudar recursos para la protección y conservación, pero también para otorgar incentivos a estudiantes de la localidad.
La medida
El acuerdo fue aprobado por el Concejo el 29 noviembre de 2018 en los dos debates reglamentarios. El alcalde Yordan Pacheco, autor de la iniciativa, lo sancionó el 26 de diciembre de 2018, fecha en la que entró en vigencia.
El citado acuerdo fijó el valor de las tasas que deberán cancelar los visitantes colombianos o extranjeros residente en el país por el ingreso a los tres lugares.
La entrada al museo costará $4.973; el mismo valor para la entrada al área de El Cuzco y $9.947 al observatorio astronómico.
Las tarifas se incrementarán anualmente de manera automática en cada anualidad, una vez se fije por el Gobierno Nacional el valor de la UVT para cada vigencia fiscal.
Exentos
Estarán exentos del gravamen, los niños menores de cinco años, las personas en situación de discapacidad física o cognitiva, los guías y orientadores turísticos quienes deberán portar la respectiva credencial emitida por la alcaldía y todas las personas oriundas de Villavieja.
Tendrán tarifas diferenciales los estudiantes cualquiera sea su nivel de formación, quienes deberán exhibir el carné que los acredite como tales; los adultos mayores de 65 años y los miembros de la fuerza pública y sus familiares hasta el segundo grado de consanguineidad.
Destinación
Los recursos que se capten por el ingreso a los sitios turísticos, serán destinados primordialmente para la conservación, mantenimiento, sostenimiento y mejoras de estos sitios turísticos.
Una parte de los dineros que se obtengan por visitante al área denominada El Cuzco, se destinará en un porcentaje del 5% al fondo educativo ‘Alvaro Charry Conde’ para financiar estudiantes de carreras afines al turismo y la astronomía.
Los beneficiarios recibirán durante su carrera un apoyo económico equivalente a tres salarios mínimos mensuales (cerca de 2,5 millones de pesos aproximadamente) durante cada semestre.
Cerramiento
Adicionalmente el acuerdo contempla el cerramiento del área El Cusco, supuestamente para garantizar la protección y conservación de este sector, especialmente los llamados Laberintos del Cuzco o zona roja del parque natural. El concejo autorizó al alcalde para efectuar el cerramiento de esta zona de tal manera que “no atente contra el paisaje”. La medida se hará conforme al Plan de Manejo Integrado.
De hecho algunos guías turísticos han criticado algunos senderos construidos en piedra que no cumplen con esas expectativas.
Otras regulaciones
El acuerdo prevé la instalación de tres puestos de información turística y el establecimiento de tres zonas de parqueo y dos zonas para camping (una adyacente al observatorio astronómico y otra marcada por senderos).
Igualmente determinó unas rutas de senderos para la conservación del ecosistema. El alcalde quedó autorizado para fijar publicidad exterior.
El acuerdo fijó los horarios de atención en los tres sitios, entre martes y domingo. El observatorio sólo podrá funcionar entre las siete y las doce de la noche. Los demás sitios entre las ocho y las seis de la tarde.
Asimismo se ordena la creación de un registro de guías y orientadores turísticos, los únicos que podrán acompañar a los visitantes.
Objeciones
El municipio, no es el órgano competente para fijar y cobrar las tarifas para el ingreso a las áreas naturales protegidas como el Distrito Regional de Manejo Integrado cuyo manejo y conservación ambiental es de competencia del Ministerio de Ambiente en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM.
El Ministerio, según ese análisis jurídico, es el encargado de la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas.
Por su parte la CAM, en ejercicio del principio de coordinación y desconcentración de funciones procederá a recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Inconveniente
El director de la CAM Carlos Alberto Cuéllar advirtió que con antelación a la expedición del acto administrativo, la entidad formuló las respectivas advertencias.
“Hay un marco regulatorio pero nunca se han entregado facultades al municipio. Para hacerlo debía realizarse un estudio previo para determinar si se amerita. El municipio no tiene un sustento legal para fijar estos cobros. Lo primero que hay que hacer no es cobrar sino diagnosticar sobre la conveniencia”, explicó.
“El acuerdo no fue concertado. La entidad actualmente viene realizando un estudio de carga, en el marco del plan de manejo del área protegida, para definir la conveniencia o no de esas intervenciones”, precisó.
Reparos
“En esas condiciones, el Concejo de Villavieja, quebrantó la ley al intervenir en asuntos que no son de su competencia como lo consagra la Ley 136 de 1994 (artículo cuarto)”, explicó el abogado Juan Pablo Cháux, quien documentó el pliego de objeciones que comenzó a estudiar el Tribunal Administrativo del Huila.
El estudio le correspondió al magistrado Enrique Dussán Cabrera, quien decretó las primeras pruebas para determinar las posibles restricciones para la explotación del bien inmueble, considerado como área protegida.