Los personeros de Altamira y Guadalupe quedaron al borde de la suspensión. A las acciones de nulidad, ya admitidas, se sumaron las demandas de la Procuraduría por anomalías en el proceso de elección.
RICARDO AREIZA
Investigacioneshuila@gmail.com
La ‘amarrada’ reelección del personero de Altamira (Huila) Héctor Augusto Vargas Toledo, quedó en la cuerda floja.
Como ocurrió con su colega de Guadalupe, María Alexandra Floriano Parra, la Universidad Popular del Cesar (UPC) solicitó la nulidad de su elección y la convocatoria a nuevos concursos por haberse surtido, irregularmente, con personas ajenas a la institución, quienes, al parecer, la suplantaron y se quedaron con los dineros exigidos para acompañar el concurso.
A esta nueva demanda se sumó igualmente la Procuraduría General de la Nación, al considerar, que los dos concursos carecen de validez y, por lo tanto, los nombramientos, deben anularse.
Los dos personeros fueron ratificados en sus cargos para un nuevo periodo de cuatro años, en concursos ‘fraudulentos’, por una entidad desconocida, sin idoneidad, que habría suplantado a la Universidad Popular del Cesar (UPC) con sede en Valledupar.
Las denuncias, avaladas por el rector de la institución, Rober Romero Ramírez, están en trámite. Sin embargo, pese a las graves advertencias sobre la suplantación, los concejos de Altamira y Guadalupe, desatendieron las anomalías descubiertas y, antes que reversar el irregular procedimiento y enderezar el concurso, persistieron en el proceso hasta la designación de los dos funcionarios en enero de 2024.
Las demandas
La primera demanda de nulidad la radicó la universidad vallenata con el ánimo de salvaguardar la imagen y credibilidad de la institución.
Como ocurrió con la demanda de la elección de la personera de Guadalupe, María Alexandra Floriano, la UPC solicitó también la nulidad del personero de Altamira, Héctor Augusto Vargas Toledo, quien venía ocupando el cargo desde 2018. También solicitó la convocatoria a un nuevo proceso.
Vargas Toledo fue reelegido para un nuevo periodo por el Concejo (Resolución 007 de 2024) expedida el 10 de enero de este año. El nombramiento fue firmado por los miembros de la mesa directiva, Luis Humberto Jiménez, en calidad de presidente; Juan Manuel Cárdenas, primer vicepresidente e Isaac Ramírez, segundo vicepresidente.
Convenio cuestionado
Sus antecesores, iniciaron el proceso de elección mediante Resolución 029 de 2023. El cuestionado convenio fue suscrito por la presidenta de la corporación María Edith Cano Serrato y Orlando Seoanes, quien firmó como supuesto rector encargado de la UPC.
La argumentación es similar. A pesar de las advertencias realizadas desde el año pasado, sobre las irregularidades en el proceso de contratación, los concejales de Altamira hicieron caso omiso y mantuvieron el proceso irregular hasta su culminación.
El rector de la institución, Robert Romero, les advirtió que la Universidad Popular del Cesar no tiene la reglamentación, el presupuesto ni la estructura para adelantar ese tipo de concursos. Por eso les insistió en que los convenios firmados en su nombre no tenían el aval ni habían sido autorizados.
“La rectoría a mi cargo no ha suscrito ni autorizado la suscripción de convenio relacionado con el concurso público de méritos para la selección de los candidatos al ejercicio de empleo público de Personero en ese municipio”, informó Romero Ramírez. Sin embargo, los concejales pasaron de agache.
La suplantación
En el caso de Altamira, Seoanes Lerma, se hizo pasar como rector encargado y como tal suscribió el convenio de manera inconsulta, abusando de una delegación transitoria, según lo denunció el rector de la institución.
“Ni en la rectoría, ni en la oficina jurídica ni en la Unidad de Contratación de la Universidad Popular del Cesar, reposa documento alguno sobre convenio o contrato interadministrativo celebrado entre esta entidad y el Concejo Municipal de Guadalupe”, reiteró abogado de la institución, José Rodríguez Araque. Por estos hechos, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía.
Según la denuncia penal, el Vicerrector Administrativo envió propuestas a más de 300 concejos municipales del país y alcanzó a firmar 41 convenios, sin haber sido autorizado. Por eso fue relevado en diciembre pasado.
Agencia especial
Pero no es la única demanda. La Procuradora Judicial, Natalia Paola Campos Sossa en calidad de agente especial, también demandó, separadamente, la elección poniendo en evidencia la cadena de anomalías que se presentaron, en este proceso de selección del personero de Altamira.
Adicionalmente, la procuradora judicial, Beatriz Eugenia Ríos, hizo lo propio, en otra acción de nulidad por la irregular reelección de la personera de Guadalupe María Alexandra Floriano Parra. Las funcionarias fueron comisionadas el 5 de febrero de 2024 como agentes especiales para estos dos casos por el procurador delegado Luis Ramiro Escandón.
La procuradora Beatriz Eugenia Ríos puso en evidencia, además, graves inconsistencias en el proceso de calificación, seguridad y cadena de custodia de las pruebas practicadas.
La funcionaria recalcó que el concurso de méritos no fue apoyado por una entidad idónea, como lo exige la ley. “Si bien es cierto la UPC al ser una universidad pública, la haría en principio idónea para acompañar al concejo municipal en la realización del concurso de méritos para la selección de personero municipal, para el momento de la suscripción del convenio respectivo no contaba con las herramientas humanas, administrativas y financieras para la ejecución de la mencionada tarea de apoyo, desvirtuándose de esta manera la aludida idoneidad”, precisó la Procuradora Judicial.
“En consecuencia, -agregó- el acto de elección acusado es nulo por expedición irregular y violación de las normas en que debía fundarse, concretamente, por desconocimiento del estándar mínimo de idoneidad de la entidad encargada de adelantar el concurso de méritos”.
En su criterio, “ese vicio del procedimiento es trascendente en el acto definitivo, pues no permite asegurar que la lista de elegibles a partir de la cual se hizo la elección se configuró luego de un proceso de selección realizado con respeto de los estándares mínimos de objetividad, transparencia e independencia que tanto la jurisprudencia constitucional como la ley exigen”.
En consecuencia, solicitó la nulidad del nombramiento y urgió la suspensión provisional, como medida cautelar.
El Tribunal Administrativo del Huila avocó de inmediato el estudio de la tercera demanda, esta vez, sustentada por la procuradora judicial. El caso le correspondió a la magistrada Nelcy Vargas Tovar, quien definirá en los próximos días, la admisión de la demanda y con ella la eventual suspensión de la personera de Guadalupe.
Nueva demanda
La otra demanda, como lo registró LA NACIÓN, fue presentada, con similar argumentación por el abogado Grenfell Lozano Guerrero. Ahora, la UPC solicitó también la nulidad del personero de Altamira, Héctor Augusto Vargas Toledo con similar argumentación.
“En la compleja actuación administrativa que culminó con el acto de declaratoria de elección del Personero se incurrió en violación de determinadas reglas jurídicas de inexcusable observancia por parte de la autoridad pública responsable de la elección”, aseguró el abogado Grenfell Lozano Guerrero.
“Se trata de reglas jurídicas de gran incidencia en la validez de la decisión definitiva, al punto de que, de no haberse infringido, el resultado electoral bien habría podido ser otro”, anotó el segundo demandante.
En su demanda, aseguró que el concurso de méritos al no haber sido apoyado por la Universidad Popular del Cesar, carece de validez jurídica de quien suscribió el convenio de cooperación, desconociendo quién fue el verdadero responsable de realizar todo el proceso, avalado por el entonces presidente del Concejo 2023.
Adicionalmente, las demandas coincidieron en solicitar, la suspensión inmediata de los dos personeros, como medida cautelar. La medida de urgencia tendrá que adoptarse en los próximos días, con carácter preferencial.