Derecho, política y sociedad
Germán Alfonso López Daza*
La Constitución Política de 1991 define la Policía Nacional (art.218) como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
Este deber constitucional no ha sido de fácil cumplimiento por parte de la Fuerza Pública, debido a factores propios de la realidad colombiana como el conflicto armado, el narcotráfico, la delincuencia desbordada, las manifestaciones sociales, entre muchos otras.
Bajo este panorama, el manejo del orden público por parte de la Policía es un asunto bastante complejo en momentos de alteración o grave perturbación, debido a la presión de las circunstancias que debe soportar los agentes del orden y al mismo tiempo, al deber de protección de la integridad de los ciudadanos y la búsqueda del restablecimiento de la normalidad.
Para cumplir su misión, la Policía ostenta el privilegio exclusivo de portar y utilizar armas letales (como armas de fuego) y no letales (gases lacrimógenos, taser, cachiporras, etc.), debiendo siempre evaluar rigurosamente su utilización en cada caso.
Este frágil limite es el que frecuentemente se ve sobrepasado por la fuerza pública y es allí donde se violan de manera flagrante y directa los derechos humanos, principalmente la libertad, la integridad física y la vida humana.
Casos más despreciables son el uso de su investidura como forma de retaliación o venganza, como aparentemente pudo haber ocurrido con Javier Ordoñez, quien murió víctima de la paliza que le propinaron varios policías en un CAI de Bogotá y con quienes al parecer habría tenido enfrentamientos anteriores.
Para evitar que estos hechos vuelvan a suceder muchos cambios se deben dar, pero ante todo se requiere voluntad política. Es indispensable revisar la selección del personal, mejorar la formación en derechos humanos, usar cámaras en todo procedimiento y sobre todo restablecer la confianza con el ciudadano. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).