El procurador Regional César Augusto Murcia le formuló cargos la semana pasada por la contratación de operarios para el servicio de aseo en la galería central.
El mandatario local fue sancionado ayer con suspensión del cargo por seis meses, e inhabilidad por el mismo lapso. El fallo, comunicado ayer en audiencia oral, podrá ser apelado. De ser impugnado pasará a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para que decida si confirma o revoca la medida.
Según el pliego de cargos, la vinculación de los operarios se hizo con una “oferta artificialmente más baja” para poder adjudicar el contrato. Estas circunstancias cambiaban las reglas fijadas por la administración local en el pliego de condiciones, en caso de adjudicársele e influían decisivamente en la determinación del referido ítem contenido en los términos de referencia.
El contrato así adjudicado, según el pliego de cargos, atenta contra los principios básicos que rigen la contratación estatal.
En criterio del ente investigador, una propuesta en esas condiciones debía rechazarse por la administración. Sin embargo se hizo, para asegurar la prestación del servicio de aseo.
El “precio artificialmente bajo”, según la Ley 80, resulta artificioso o falso, disimulado o disminuido, cuando se hace sin sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio.
El mandatario por el contrario, argumentó a través de su apoderado que la selección fue objetiva y se escogió la más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta los factores de escogencia, como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones.
El alcalde de Garzón Delio González Carvajal enfrenta numerosas investigaciones por supuestas anomalías en materia de contratación. La semana pasada, el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo anunció que le imputará cargos por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir. El mandatario es investigado con otras 16 personas, entre ellas contratistas y concejales, por graves irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos, supuestamente para atender la emergencia invernal en el 2012.