Es evidente la amenaza climática global. Inevitablemente, sus efectos generarán conflictos, éxodos, crisis alimentaria y agudización general de la pobreza, como lo alerta el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Bajo esta sombría perspectiva, ya verificable en todo el planeta, los gobiernos, organizaciones sociales y empresarios deben asumir responsabilidades y tomar medidas racionales para revertir la amenaza y degradación climática global oportunamente.
Los diagnósticos del problema climático dan cuenta de que los países desarrollados y emergentes son los mayores responsables de la generación de gases de efecto invernadero, en particular CO y CO2,y al mismo tiempo los más reacios a asumir compromisos para reducirlo, por no afectar la rentabilidad de sus industrias y su desarrollo. De no hacer nada, la encrucijada climática compromete la sostenibilidad de la vida en la tierra.
Está probado que el incremento del calentamiento atmosférico altera el régimen de lluvias en intensidad y frecuencia y que el aumento de la temperatura multiplica la evaporación e irregulariza las precipitaciones. Se sabe que, por cada grado de aumento medio de temperatura, las precipitaciones aumentan entre 10 y 15 centímetros y que algunas naciones sufrirán disminución en intensidad y frecuencia de precipitaciones y en otras aumentarán. Esto trae consecuencias graves para la producción agropecuaria, las inundaciones y estabilidad de suelos e infraestructura.
En tal sentido, las predicciones abarcan toda la superficie de la tierra y, en consecuencia, las políticas sobre control y reversión de la amenaza climática son un reto social y ético, del cual no debe sustraerse ningún gobierno, organización social o ciudadano. En lo que respecta a Colombia, recientemente observamos impotentes el panorama de la sequía y la ruina en la altillanura de Vaupés y Arauca, donde murieron miles de bovinos, chigüiros y otras especies.
Son situaciones previsibles, mitigables y hasta evitables, si el estado desarrolla políticas de aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos, de acuerdo con las características climáticas, hidrológicas, orográficas y geomorfológicas de las regiones. Lo pudieron hacer y pueden hacerlo. En Vaupés y Arauca, el problema podría contrarrestase, si construyen depósitos de reserva de aguas, utilizando las que descienden abundantemente desde la vertiente oriental de la Cordillera Oriental al oeste de esos departamentos, en periodos lluviosos. Y en toda la nación es factible hacerlo con estrategias de abastecimiento del consumo humano y del sector agropecuario.
El calentamiento climático y la deforestación son determinantes en la reducción de las fuentes de agua subterránea y superficial. En el caso colombiano, hay leyes vigentes que regulan uso del suelo y protección de los recursos naturales, pero nadie las cumple ni las hace cumplir.
Es menester reconocer que ríos caudalosos lucen como meras quebradas en verano, y que esto tiene sus correspondientes consecuencias. La reforestación, junto con la protección de los bosques naturales, asegura restitución y sostenibilidad de acuíferos y manantiales alimentadores de fuentes superficiales; reduce la erosión y sus efectos.
La evidente degradación climática y sus amenazantes efectos deberían obligar implementar políticas de reforestación intensiva y extensiva para lograr metas ambientales, industriales y laborales. Multinacionales y países industrializados destruyen bosques para ampliar la acumulación de capital, con el beneplácito y tolerancia de instituciones ambientales y el proclive marco legal que supuestamente protege el medio ambiente.
Ante la real amenaza climática ambiental, todas las naciones deben y pueden aportar a la reversión del problema climático y deben respetar y exigir a organismos y potencias económicas internacionales, y garantizar la sostenibilidad de una vida digna en la tierra.