Preocupante lo que ocurre con nuestros dirigentes, empresarios, rectores de universidades y de instituciones educativas y líderes en general huilense que se han quedado pálidos, fríos, callados y expectantes ante todo lo que implica la institucionalidad para la paz. Es decir, aquí (salvo dos eventos, pero donde no fueron los agentes que menciono) no impulsamos, ni realizamos debates serios, como está ocurriendo a lo largo y ancho del país en torno al proceso y agenda de negociación entre el gobierno y Farc en la Habana, ni de sus avances, retos y desafíos de cara, no sólo a la firma de lo que allí se logre, sino todo lo relacionado al postconflicto del que los expertos calculan tendrá una etapa más o menos de 20 años.
Para quiénes nos dedicamos a la academia y tenemos cierto interés de adquirir mayores puntos de reflexión sobre la temática, debemos recorrer el país, tratando de participar en seminarios internacionales, foros, debates, paneles, conversatorios y encuentros con distintos actores que hacen ver la realidad y el futuro de lo que esto representa y la responsabilidad que tiene a cargo toda la institucionalidad y sociedad civil.
La verdad, ha faltado coraje y valentía para que no sólo apropiemos lo que otros y en distintos lugares dicen, sino para que escuchen las propuestas de lo que aquí pudiese surgir en cuanto a cada uno de los puntos de dicha agenda: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y verdad.
Tampoco, se ha visto abanderados en promover discusiones sobre el balance de los dos puntos tratados y del que no conocemos mayor cosa, pero que se atreven con un alto rigor académico e intelectual en otros escenarios a interpretar, aprobar, improbar o encontrar otras alternativas.
Se siente regocijo cuando uno escucha la preocupación o propuestas en otros departamentos o ciudades sobre los cambios que deben surtirse en un escenario de firma o acuerdo de paz (en las dos décadas) o plan de choque en torno al manejo que se le debe dar al territorio como principal elemento de desarrollo, instituciones a transformar, crear o desaparecer, inversión para el desarrollo rural, tratamiento a víctimas, reincorporación, seguridad ciudadana, convivencia plena, derechos de víctimas y victimarios, justicia transicional; es decir, la nueva Colombia. Aun podemos abanderar estos debates.