Dayana Méndez Aristizábal
Un país en el que la Policía asesina a una persona a punta de golpes y choques eléctricos y que responde a las protestas ciudadanas por ese homicidio, asesinando a 7 personas más, y dejando a más de medio centenar de personas con heridas de arma de fuego, no es sólo un Estado represor, es un Estado homicida. Esto está lejos de ser simplemente un exceso aislado del uso de la fuerza; nadie se lanza a disparar de manera indiscriminada contra un grupo de personas, si no es con el objetivo de causar un efecto letal, no eran disparos para disuadir (bastante cuestionables también), eran disparos al cuerpo. Las víctimas, jóvenes entre 17 y 27 años, murieron por impactos de bala en el tórax y el abdomen.
La ONG Temblores, que se dedica a trabajar por los derechos humanos de diversos colectivos y a hacer seguimiento a casos de víctimas de violencia policial, registro 639 civiles asesinados por las fuerzas militares y de policía entre 2017 y 2019 –cifras contrastadas con medicina legal-. En lo que va del año hasta la noche del 09 de septiembre, iban 10 casos de personas asesinadas a manos de la policía en medio del uso excesivo de la fuerza, es decir que en una noche casi se dobló la suma de todos los homicidios de civiles en lo corrido del año, cometidos por agentes de esa institución.
Esto es una barbaridad, injustificable desde cualquier punto de vista. Las fuerzas militares y de policía, son cuerpos uniformados cuya misión es brindar seguridad y protección a la ciudadanía, son agentes estatales, están obligados al estricto cumplimiento de la ley; no pueden ir por ahí abusando de su poder, atacando y asesinando a la gente; no pueden ir por ahí actuando como lo hacen los criminales de quienes se supone ellos nos defienden.
Necesitamos que el gobierno se haga responsable, que dé la cara por todo lo que está pasando y que establezca responsabilidades disciplinarias y penales. Necesitamos saber quién está dando la orden de masacrar al pueblo colombiano, necesitamos saber quién está ordenando la continuidad de esa política militarista y asesina que le quitó la vida a casi 6.000 jóvenes en Colombia a cambio de ascensos militares entre los años 2000 y 2010, y a por lo menos 255 en el Huila, cuyas víctimas, por cierto, no han tenido derecho siquiera a hacer un ejercicio de memoria. Sorpresivamente ha desaparecido el mural reivindicativo que hicieron el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos -OBSURDH- y otras organizaciones civiles en la ciudad de Neiva, sin que hasta la fecha se sepa el responsable.
No nos sigan diciendo que por lo que hacen unos, no podemos responsabilizar a todos, ya sabemos que hasta en los peores lugares hay buenas personas, gente que pone el pecho y que sola no puede contrarrestar tanta podredumbre, pero eso no hace que pasemos por alto que se trata de instituciones corruptas, abusivas y criminales. Es hora de que exijamos profundas revisiones, reformas y justicia real y efectiva. Colombia tiene que movilizarse y rechazar estas injusticias con vehemencia, dejar de naturalizar los asesinatos, la violencia sistemática y el dolor. No nos sigan diciendo que son algunas manzanas podridas, que por lo visto se les iba pudriendo todo el manzanal