La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que condenó esta semana al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 integrantes y militantes de la Unión Patriótica, tiene no solo un mensaje de justicia sino una gran dosis de restauración.
El fallo ha sido claro: “El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (“UP”) a partir de 1984 y por más de veinte años”. Y contundente: “de los hechos que vulneraron las obligaciones internacionales, se superponen formas de responsabilidad directa que se desprenden tanto de la participación directa de agentes estatales y de actores no estatales…hubo diversos mecanismos de tolerancia, aquiescencia y colaboración para que éstos sucedieran”.
Como muchos recordarán, la UP surgió en el año de 1985 como resultado de los diálogos de paz frustrados entre la entonces guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Belisario Betancur. Su presencia política fue notoria en varias regiones del país, incluyendo el Huila, pero paralelamente se acrecentaron los ataques contra sus integrantes o todo lo que ‘oliera’ a ellos. Hubo no sólo crímenes sino desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros vejámenes. Y la corte internacional confirma que toda esa violencia fue producto de una “alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales”.
Además de ofrecer justicia, el fallo de la CIDH enaltece la memoria de las víctimas de ese plan de exterminio y reivindica el sufrimiento de sus familias. Es darles la razón en algo que tantas veces denunciaron.
La sentencia representa ahora un enorme desafío para las autoridades en el sentido de ‘desempolvar’ las investigaciones y procesos judiciales para esclarecer los crímenes y buscar a los desaparecidos. Y lo más importante: sienta un precedente para que hechos como estos jamás se repitan en Colombia.