RICARDO AREIZA
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Sintiendo que en su caso no se ha hecho justicia, amigos y familiares del inmolado alcalde de Baraya, Jorge Eduardo Medina Torres, conmemoraron veinte años de su trágico crimen, ocurrido un año después de haber asumido el peligroso cargo.
El ex mandatario liberal fue ultimado a tiros por dos pistoleros que lo esperaron tranquilamente hasta que arribó a la una de la mañana a su domicilio.
El servidor público regresaba de una fiesta familiar con su esposa y sus pequeñas hijas cuando lo sorprendieron los gatilleros.
Los pistoleros, camuflados en la oscuridad, ingresaron hasta la puerta de su domicilio y le propinaron varios disparos con arma de fuego, sin ninguna posibilidad de defenderse. Los disparos le ocasionaron la muerte en forma instantánea el 23 de febrero de 1999.
El sábado pasado, veinte años después, volvieron a encontrarse miembros de su antiguo equipo de gobierno, sus 14 hermanos, los gestores culturales que lo acompañaron, el ex senador Jorge Eduardo Géchem y el ex magistrado Eduardo Rujana, amigos de viejas batallas para evocar la memoria del dirigentes vilmente asesinado, pero también para reclamar justicia. El gobierno local solo aportó un decreto de honores.
En peligro
Medina Torres fue elegido alcalde el 26 de octubre de 1997. Cuando le faltaba menos de dos años para terminar su mandato popular fue abatido miserablemente
Faltando un mes para las elecciones en septiembre de 1998 le llegó un aviso solicitándole que retirara su nombre para la Alcaldía. Medina, se reunió con sus amigos y equipo de campaña y entre todos decidieron que seguirían adelante, según lo relató Santiago Nieto Pérez, uno de los testigos.
“Todo el pueblo conocía de las amenazas del frente 17 de las Farc porque él dio a conocer a sus simpatizantes la situación de que él atravesaba”, precisó Joaquín Emilio Vargas. Incluso algunos dirigentes buscaron contactos con miembros de esa guerrilla, buscando explicaciones, en una etapa de violencia generalizada que se registraba en el Huila.
Trágico antecedente
Dos años antes habían corrido la misma suerte los alcaldes de La Plata, Jorge Eduardo Durán Rozo y de Acevedo, José Lizardo Peña.
El primero fue asesinado el 23 de febrero de 1997 cuando cumplía una cita macabra que le habían colocado miembros de las antiguas Farc.
El mandatario conservador, nacido en Pitalito, asistió la noche anterior a una misa con sus familiares luego de comunicarles que asistiría a la reunión con los subversivos. Durán Rozo, de 42 años, murió por un chisme. Sus detractores lo señalaban, sin razón, como promotor de las cooperativas de seguridad Convivir. Por eso lo mataron.
Tres meses después, también cayó abatido el alcalde de Acevedo, José Lizardo Peña Correa, cuando se dirigía a San Marcos a entregar varias obras.
Cuando arribaban a la vereda Corinto dos hombres armados le salieron al paso, detuvieron la marcha de la camioneta, los obligaron a descender y luego le dispararon a quemarropa.
El joven arquitecto fue ultimado a sangre fría el 25 de mayo de 1997. En su caso, hubo una captura y una sola condena.
Sin protección
Según sus amigos y familiares, Medina Torres no tuvo protección. Aunque las autoridades conocían a plenitud de las amenazas y el inminente peligro al que estaba sometido, lo dejaron solo.
Numerosas pruebas documentales allegadas al expediente señalan que el mandatario había recibido amenazas no sólo como alcalde sino como candidato. Las amenazas provenían del frente 17 “Angelino Godoy” de las antiguas Farc.
La Policía argumentó que “el funcionario de manera personal manejó su situación de seguridad desde el momento en que se postuló como candidato hasta cuando fue elegido alcalde.
Es más, argumentó que nunca solicitó ninguna medida de protección para él ni su familia.
“En esa época,-dijo- la guerrilla amenazó a muchos alcaldes del país, instándolos a abandonar sus cargos y hasta sus domicilios so pena de declararlos objetivo militar.
Esta circunstancia, según la Policía, fue enfrentada ofreciendo seguridad personal para todos los alcaldes del Huila. “El alcalde no aceptó los escoltas ni su acompañamiento”, precisó.
Fallo adverso
El 22 de noviembre de 2006 el Tribunal Administrativo del Huila rechazó una acción de reparación instaurada por su esposa y una de sus hijas.
En su criterio, no se logró demostrar que el Ministerio de Defensa-Policía Nacional incurrió en una falla en la prestación del servicio por acción u omisión, en tanto no tenían conocimiento previo de la existencia de amenazas.
Además, concluyó que el Estado no estaba en disposición de brindar a cada ciudadano vigilancia personalizada. “Y más aún cuando no se tenía conocimiento de que el señor Medina Torres, hubiese solicitado protección con anterioridad a la ocurrencia de los hechos”.
La decisión, sin embargo, fue revocada el 30 de julio de 2015 por el Consejo de Estado. El alto tribunal, declaró la responsabilidad del Estado y ordenó una indemnización.
Impunidad
La Fiscalía Delegada ante los Jueces Penal del Circuito Especializados de Bogotá con sede en Neiva avocó investigación preliminar por el delito de homicidio agravado con fines terroristas. Sin embargo, las investigaciones quedaron en los congestionados anaqueles de la justicia.
“Nunca supimos algún avance. Veinte años después, no hay un indicio, menos una captura y por supuesto, ninguna condena. Es triste pero este caso quedó en la impunidad”, relató uno de los 14 hermanos que concurrieron al homenaje póstumo.
“La Policía Nacional no ofreció ni prestó apoyo o seguridad al señor Medina Torres; es decir que por la misma situación de orden público que vivía el país, en donde diariamente asesinaban personas de la vida pública nacional, y conocidos los asesinatos de los alcaldes de municipios vecinos como La Plata y Acevedo (Huila); era evidente y obvio que Jorge Eduardo Medina Torres, en su condición de Alcalde Municipal, no requería solicitud expresa de protección o seguridad a la Policía Nacional.
“El Estado responde no solo porque no haya prestado protección a alguien que la solicite, sino por no haberla prestado a alguien que la necesitara por la previsibilidad de sufrir una acción que atentara contra su vida o integridad física, aún en el evento en que no la hubiera pedido formalmente”, precisó el magistrado Danilo Rojas Betancourth.
“En el caso concreto, añadió- está demostrado que los hechos ocurrieron en una zona del territorio nacional afectada por una fuerte presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, y en un momento histórico caracterizado por una agudización del conflicto a causa del incremento de las acciones cometidas por la guerrilla”.
“Esta circunstancia permite afirmar que los habitantes del municipio de Baraya (Huila), se encontraban en situación permanente de riesgo que, por su gravedad y notoriedad, no podía escapar al conocimiento de las autoridades”.
Y dejó otra precedente: Aunque pueda carecerse de elementos probatorios que permitan determinar el conocimiento previo de amenazas concretas y particulares en contra de la vida de la víctima, es evidente que las circunstancias que envolvían el ejercicio de sus funciones como alcalde le colocaban en una situación que ameritaba que el Estado pusiera especial atención en su protección, algo que no sucedió y que concreto el daño que alega la parte demandante.
Sin justicia
Aun así, veinte años después, los familiares y amigos, creen, que en su caso, no se ha hecho justicia. “No se ha proferido ninguna condena, los culpables siguen libres, no se ha dicho la verdad, tampoco hay reparación administrativa, ni simbólica”, expresó uno de sus hermanos.
“Son veinte años de olvido total, veinte años esperando infructuosamente una justicia que nunca llega, o por lo menos, la preservación de su memoria”, precisó.
Un busto de bronce brillante, esculpido por el artista de Alpujarra Simón Manrique fue colocado al lado del prócer granadino Antonio Baraya, asesinado como él, por levantar una bandera.
Desde allí, se escucharán sus gritos, exigiendo justicia, y, seguramente, llamando por su nombre a quienes le apagaron su vida, inmisericordemente.
