«Este pabellón es antiguo y no contaba con sistema antincendios, lo que manejamos nosotros inicialmente son los extintores portátiles». En esos términos se refirió el director del INPEC, Brigadier General Tito Castellanos, con respecto a lo ocurrido en la madrugada del pasado martes al interior del pabellón 8 de la cárcel de Tuluá (Valle) donde de acuerdo con información oficial perdieron la vida 52 internos y decenas resultaron heridos a consecuencia de una conflagración provocada por hechos que son materia de investigación.
Cabe recordar que emergencias como la descrita tienen antecedentes relevantes en otros establecimientos penitenciarios, concretamente al interior de la cárcel Modelo y Picota en Bogotá, La modelo en Barranquilla, entre otras y por si fuera poco se trata de un fenómeno en ascenso que sin duda quebranta de manera ostensible la dignidad humana de la población reclusa de nuestro país.
En armonía con los derechos humanos cómo no referirnos a la deplorable realidad que se observa en la mayoría de centros de internamiento: inhumanas condiciones de hacinamiento, problemas en materia de infraestructura, inadecuada calidad de servicios públicos, inapropiados niveles de seguridad, deficiente acceso a servicios especializados de salud, por citar solo algunos.
Como es de todos conocido el debate sobre la crisis humanitaria y carcelaria en Colombia es de vieja data. Pareciera que las disposiciones que regulan y salvaguardan los derechos de la población privada de la libertad se han quedado en letra muerta al no tener un impacto real, circunstancia que en nada contribuye a alcanzar una verdadera resocialización y por el contrario quebranta su dignidad humana. Ya lo decía la Corte Constitucional en uno de sus pronunciamientos: «Los derechos de las personas privadas de la libertad son universales. Sin importar cuál haya sido su crimen o su falta, son seres humanos, y, por ese sólo hecho, la sociedad está comprometida con su defensa».
Infortunadamente a día de hoy no se evidencian empeños integrales y eficaces encaminados a abordar de fondo tan dramática problemática que vulnera de manera evidente los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en nuestro país. No seamos indiferentes ante un desafío de tal magnitud pues como lo advirtiera el activista sudafricano Nelson Mandela: «Cualquier hombre o institución que trate de despojarme de mi dignidad, fracasará».