Pasadas las festividades sampedrinas, las próximas elecciones regionales y locales se convierten en el foco de atención. Y resulta importante que los funcionarios públicos tengan claro el papel que deben jugar de cara a estos comicios convocados para el próximo 27 de octubre. Las normas vigentes son claras: ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas podrá participar en política.
La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 08, sobre el cumplimiento de reglas de participación en política de servidores públicos en las elecciones territoriales de 2019, y la Circular 07, que hace recomendaciones para los procesos electorales de autoridades locales y territoriales. Ese sentido, ningún servidor público, por ejemplo, puede utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular; usar su empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña; hacer uso de la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política; usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o realizar en cualquier sentido actividad política electoral; usar la capacidad contractual del Estado o sus instituciones para influir en favor de una causa política; emplear el tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar este tipo de intereses; exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política; realizar o propiciar eventos o reuniones institucionales para patrocinar apariciones o causas de personas con aspiraciones electorales o políticas; presionar a particulares, subalternos o contratistas a respaldar una causa o campaña política, o influir en procesos electorales de carácter político partidista, o ejercer influjo sobre jurados de votación; hacer contribuciones financieras a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan; favorecer una causa política o presionar a otros a respaldarlas, por parte de particulares que ejerzan funciones públicas y/o manejen recursos públicos.
Ojalá los servidores públicos huilenses tomen atenta nota y eviten caer en este tipo de conductas.
“Las normas vigentes son claras: ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas podrá participar en política”