La doble ola invernal que ha padecido Colombia ha estragado la infraestructura del país; carreteras, puentes, oleoductos, gasoductos y redes eléctricas se han visto afectados notablemente por ella. La intensidad y duración de las lluvias han causado avalanchas, inundaciones, deslizamientos de tierra sin precedentes. Todos estos eventos tienen en común que han sido causados por derrumbes, deslizamientos o la erosión a consecuencia de la furia de la naturaleza provocada a su vez por los desafueros de la actividad humana, causa fundamental del cambio climático. Esta emergencia a la que nos hemos visto abocados pone de manifiesto la gran vulnerabilidad a que está y estará expuesta la infraestructura del país frente a los fenómenos extremos del Niño y de la Niña, los cuales serán de ahora en adelante más frecuentes e intensos y para ello hay que estar preparados. La coyuntura actual marca el umbral entre un antes y un después, que obliga a una mejor gestión del riesgo y a la implementación de medidas de prevención y mitigación nunca vistas. La matriz de riesgo de la infraestructura se debe adecuar y adaptar a los nuevos tiempos, para que ofrezca confianza tanto operativa como estratégica. La ingeniería y el diseño de las obras hacia el futuro deberán repensarse y replantearse. Particularmente en el caso del transporte del gas desde los campos de producción a los centros de consumo, lo que antes era una necesidad ahora se vuelve un imperativo: contar con una redundancia en la red de conducción y disponer de reservorios de gas en proximidades de los centros urbanos e industriales para almacenar gas y de esta manera contar con esta reserva para los planes de contingencia. Se tendrá que analizar la conveniencia de cambiar en muchos casos el trazado de los gasoductos, al tiempo que las autoridades deben ser más severas en la vigilancia y control de asentamientos humanos en proximidades de los mismos. El servicio de gas natural ha mostrado ser el más eficiente, económico y de mejor calidad; la tendencia en el mundo apunta hacia una mayor participación del mismo en la canasta energética; Colombia cuenta con unas reservas que le garantizan el abastecimiento por lo menos en los próximos 15 años. Pero, todo esto se puede malograr si no se actúa a tiempo por parte del regulador, en este caso la Creg, para ajustar las políticas a los nuevos requerimientos, dando pautas claras y seguras, especialmente a través de la estructura tarifaria, para que la dinámica de este sector no se frene. Sus señales a los agentes de la cadena en este sentido deben ser diáfanas y contundentes. Es hora de actuar, hay que ser más proactivo y diligente que reactivo, si queremos enfrentar con éxito la amenaza de un colapso en ciernes.