La Registraduría mantuvo incólume el informe técnico de verificación de firmas que le abrió las puertas a la revocatoria. La alcaldesa pidió la suspensión del proceso y la anulación de todos los apoyos suplantados.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanacion.com.co
La revocatoria de la alcaldesa de Campoalegre Elizabeth Motta Álvarez entró en la recta final, al no prosperar la totalidad de las objeciones que formuló por supuestas anomalías en el proceso de recolección de los apoyos ciudadanos.
A pesar de las observaciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, dejó incólume, el informe técnico que le abrió las puertas a la revocatoria.
La revelación la hizo el director nacional de Censo Electoral Roberto Carlos Cadavid, quien descartó de plano la mayoría de las observaciones que formuló la alcaldesa Elizabeth Motta Álvarez.
La Registraduría revisó de nuevo las 11.355 firmas entregadas por el comité promotor de la revocatoria en 757 folios organizados en ocho tomos.
Martha Lucía Isaza Rodríguez, coordinadora del Grupo de Verificación de Firmas, mantuvo en su mayoría la invalidación de los apoyos por graves inconsistencias que pusieron en duda la transparencia del proceso, como ocurrió en Pitalito, cuya viabilidad quedó al borde del abismo.
De las 11.355 presentadas en Campoalegre solamente 2.523 resultaron válidas (25 menos de las inicialmente convalidadas (2.548).
El reporte de firmas válidas corresponde al 22,21% del paquete revisado nuevamente por las autoridades electorales.
Sin embargo, el 77,78% de las firmas recaudadas (8,832) fueron anuladas por irregularidades en su registro y recolección.
Aun así, la revocatoria pasó el primer umbral por un estrecho margen. Se requería como mínimo 1.922 firmas, es decir que pasó el cedazo con 601 apoyos adicionales a los que se requerían.
“El informe quedó incólume, ratificando la viabilidad de la revocatoria. Solamente invalidaron 25 firmas adicionales por algún tipo de irregularidades. De las 11.355 firmas que presentamos la Registraduría confirmó que superamos el umbral mínimo requerido, es decir, 2.523 firmas válidas, ratificando la viabilidad de la revocatoria”, afirmó Edwin Lombo Moncaleano, vocero del movimiento ciudadano.
Será la tercera revocatoria que se abre paso en el país. Las dos primeras fueron Cúcuta y Suesca (Cundinamarca).
“La Registraduría respondió en el término legal las objeciones que formuló la administración y nos restaron solamente 25 firmas, notificándonos que el proceso sigue adelante. Quedamos a la expectativa de que el gobernador fije la fecha para la revocatoria”, afirmó Oscar Alberto Perdomo Rojas, líder de la revocatoria.
“El gobernador, según la ley, tiene sesenta días, dos meses, para convocarlas. Lo que significa que quedaría para febrero del próximo año”, calcularon los dos dirigentes.
Inválidas
Del total de apoyos recolectados en Campoalegre 8.832 firmas registraban inconsistencias y por lo tanto fueron anuladas. Las firmas anuladas inicialmente llegaron a 8.807.
Es decir, el 77.78% de las firmas recolectadas resultaron inválidas, porque no se ajustaron a los requisitos legales exigidos. Estas firmas según el estudio corresponde a suplantaciones, no aparecieron en el censo electoral, votaron en otros municipios, o los nombres de sus titulares no correspondían con los números de las cédulas registradas.
Según el segundo informe técnico de validación entre los 11.355 registros aportados aparecieron 1.329 firmas cuyos nombres no corresponden con los números de las cédulas. Otras 2.534 presentan datos incompletos, 2.818 no aparecen en el censo electoral de Campoalegre, lo que puede significar que no votaron en esa localidad o fue un “trasteo” de firmas.
Otras 51 firmas fueron manuscritas por distintas personas, 34 no aparecen en el censo nacional, 60 registran datos ilegibles y 102 firmas se recaudaron en fechas que no corresponden al periodo autorizado.
El mismo documento técnico reportó 126 firmas duplicadas y 331 no aparecen registradas en el censo nacional electoral desde 1988 cuando se comenzó a reportar las personas habilitadas para sufragar.
Otras 523 firmas cuyos titulares no aparecen en el Registro Único de Identificación, lo que significa que no existen. Adicionalmente se reportaron 752 renglones en blanco.
Suspensión
Sorpresivamente la Registraduría no tuvo en cuenta todas las pruebas que remitieron, el informe de los peritos, las denuncias penales sobre suplantación ni las declaraciones extra juicio, admitió el abogado José Nelson Polanía.
“Las pruebas por mí aportadas no fueron siquiera valoradas para poner en evidencia las irregularidades del proceso de consignación de las firmas, como de la verificación de éstas”, reforzó la alcaldesa, quien cuestionó el procedimiento para la revisión y demandó su revocatoria.
Además solicitó al Consejo Nacional Electoral la suspensión del proceso por las irregularidades denunciadas.
La solicitud fue radicada por la alcaldesa Elizabeth Motta el 18 de noviembre pasado denunciando “las gravísimas anomalías detectadas en la revisión de los apoyos aportados para promover en mi contra la revocatoria del mandato”.
Frente a la solicitud de suspensión del proceso, enviado al Consejo Nacional Electoral, es improcedente, eso no procede, no es posible”, alegó Lombo Moncaleano.
Entre las suplantaciones apareció el nombre de Víctor Félix Motta Quimbaya, padre de la alcaldesa Elizabeth Motta.
El propio registrador de Campoalegre Nelson Trujillo Patiño apareció suscribiendo la revocatoria, sin haberlo hecho.
También aparecieron en el listado de apoyos personas que nunca firmaron y cuyos nombres y cédulas aparecen el reporte. En otros, aparecen personas ya fallecidas.
Muertos firmantes
Durante el proceso de verificación la totalidad de los formularios fueron revisados integralmente y grabados con la respectiva novedad explicó Cadavid, incluyendo los muertos firmantes.
El Director de Censo Electora aclaró la validación que se dio a los apoyos de personas fallecidas.
“Los apoyos relacionados con las cédulas canceladas por muerte fueron firmados por los ciudadanos antes de la fecha de su fallecimiento, según consta en los registros civiles de defunción incorporados en el Sistema de Información de Registro Civil”, explicó. Estos documentos acreditan legalmente la muerte de las personas de conformidad con lo establecido en las normas legales que se constituyen el soporte para la expedición del acto administrativo que ordena la cancelación de la cédula de ciudadanía por muerte de su titular.
“Lo anterior, unido al corte realizado al censo electoral del 23 de octubre del 2021 para el proceso de verificación de revocatoria del mandato, objeto de este estudio, permiten concluir que los apoyos respectivos fueron otorgados por los ciudadanos en vida y verificados conforme al corte de la respectivo censo electoral es decir antes de la fecha de la novedad de cancelación por muerte 25 de octubre de 2021 reportada en la base de datos del Archivo Nacional de identificación lo que determina su validez para efectos de la verificación de apoyos de terminarlo así en el informe técnico de verificación de apoyo por apoyo y resumen expedidos por esta dirección”.
Sin embargo, ese argumento no coincide con lo ocurrido con el señor Evangelista Quedada, padre del asesor externo Aldemar Quesada. LA NACIÓN confirmó que en su caso la cédula efectivamente fue cancelada el 26 de febrero de 2020 por fallecimiento de su titular.
Datos falsos
Frente a las denuncias formuladas por la Alcaldesa, Registraduría presumió la buena fe en las actuaciones desplegadas por el comité promotor y los ciudadanos durante la etapa de recolección de apoyos entendiendo que los apoyos consignados en los formularios de recolección de firmas que respaldan el mecanismo de revocatoria se recogieron en debida forma.
“De no ser así el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto mecanismos para salvaguardar la defensa y protección de los ciudadanos que manifiesten que han sido engañados están facilitado su firma o suplantado para esto deberán colocar la respectiva denuncia ante la autoridad competente con el fin de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar”, informó Cadavid.
Además le respondió a la alcaldesa por las firmas supuestamente suplantadas, a las que anexó las declaraciones extra juicio de sus titulares afirmando que nunca ofrecieron esos apoyos.
“Del análisis realizado a las 232 firmas presentadas por la como falsificadas o suplantadas no se puede determinar si hay o no suplantación porque la Registraduría Nacional del Estado Civil no es competente para decidir si se presentó un hecho punible. Por tal motivo la entidad no podría invalidar dichos apoyos”, reiteró Cadavid.
“Hasta tanto no haya orden judicial que así lo decrete la Registraduría pondrá en conocimiento de las autoridades competentes el presunto hecho delictivo con el fin de que se inicien las investigaciones pertinentes de conformidad con lo estipulado en la Ley 906 de 2004 código de procedimiento penal.
Denuncias
La alcaldesa Elizabeth Motta denunció supuestas irregularidades que vienen ocurriendo en la Dirección de Censo Electoral de la Registraduria y demandó del organismo un “pronunciamiento de fondo sobre el estado de cosas inconstitucionales”, así como una reforma integral de la Resolución que reglamenta la verificación de los apoyos.
La mandataria liberal cuestionó igualmente los procesos de revisión de los apoyos, los cuales, en su opinión, no era serio, riguroso ni estricto.
“Este hecho puesto en conocimiento del Registrador Delegado en lo Electoral como la Dirección de Censo Electoral, no pasó de ser un comentario de que la entidad no podía hacer nada diferente que revisar las planillas y que no gozaba de ninguna competencia para verificar que cada una de esas firmas y datos fueran aportados por su verdadero titular”, se quejó la mandataria.
“Frente a los hechos que se dan en mi caso, solicito que se adopten medidas inmediatas que suspenda el proceso de mi revocatoria mientras se estudian y adoptan las medidas a las que haya lugar para dar garantías al debido proceso, al principio de legalidad y a la defensa”, concluyó la alcaldesa Motta Álvarez.
El elefante
Adicionalmente la funcionaria solicitó al director de Censo Electoral, Roberto Cadavid, la revocatoria de la decisión que avaló el informe técnico, manteniendo incólume la validación de las firmas para la revocatoria. También solicitó que se anulen todos los apoyos que fueron objeto de suplantación según sus titulares, por estar frente a declaraciones de la más alta gravedad para los mecanismos de participación ciudadana.
Entre otros, estimó como una “afirmación grave” admitir la existencia de 232 firmas suplantadas.
“Con ese solo hecho, me lleva, a no seguir adelante en el análisis de su respuesta, y dejar en evidencia, que de no revocarse su posición, se estará avalando un estado de cosas inconstitucionales”, anotó.
“Lo que en criterio suyo señor Director, es como la teoría del elefante, paso por enfrente de mis narices, pero no lo vi, eso es justamente lo que usted declara en su escrito. Es el aval más grave que una entidad como esa puede dar a la corrupción electoral”, advirtió la mandataria.