Alejandro Serna
Seguimos caminando por el municipio de Neiva, donde los fines de semana hemos enfocado nuestras energías políticas y humanas, para concentrarnos en la Neiva profunda, en la Neiva rural. El fin de semana pasado, visite el Corregimiento de Vegalarga, situado al nororiente de nuestra ciudad capital, que limita al norte con el municipio de Tello. Este territorio conocido porque en el pasado fue fuertemente golpeado por la violencia, pero que hoy, es un terruño de paz.
Para quienes desconocen donde queda Vegalarga, es menester precisar que, este corregimiento está ubicado ha tan solo 39 kilómetros de Neiva y se llega a esta población por la vía Balsillas – San Antonio, quedando a una hora y media por carro. Vegalarga está conformado por un importante Centro Poblado que se llama San Antonio de Anaconia, que a futuro se proyecta como un nuevo corregimiento. Dentro sus principales veredas están: El Cedral, Ahuyamales, Piedramarcada, Colegio, Santa Lucia, Santa Librada, Palacios, y San José. Todo un paraíso para el desarrollo agroturístico.
Los campesinos “Vegalargunos”, que trabajan y cultivan la tierra en este territorio ávido de oportunidades, están apostándole para que éste sea una despensa agrícola para nuestro municipio. Allí, están produciendo alimentos de muy buena calidad, como: Mandarina, banano, café especial, frijol, naranja, aguacate, plátano y panela. No obstante, sigue siendo una sempiterna problemática, el precario estado de las vías, que limita que los alimentos puedan transportarse fácilmente, restringiendo el productor local.
Este territorio tiene una gran dificultad, en relación con la Ley 1523 de 2012, que define la política colombiana en materia de gestión del riesgo y manejo de desastres, la cual obliga al municipio efectuar estudios de riesgos naturales como parte esencial de las políticas de planificación del desarrollo seguro y gestión ambiental territorial sostenible. En la actualidad, existen unos estudios AVR muy generales que datan del 2014, realizados por la Gobernación del Huila y la CAM, en el marco del contrato interadministrativo Nro. 127 del 2012, que aseguran que esta población se encuentra en “zona de riesgo”, lo cual ha restringido la inversión de la Alcaldía en este corregimiento, en especial en la adecuación de la infraestructura educativa.
Esta situación indigna a sus raizales, dado que, según información de ingeniería, es necesario hacer unos estudios con más detalle, a una escala 1 a 2000 o de 1 a 5000, que permitan determinar que, si bien hay algunas zonas con amenazas, estas no son vulnerables y por ende no se debe catalogar como zona riesgosa. Ahí está el reto de la administración municipal, en la consecución de los recursos para avanzar en un nuevo estudio, que hoy genera incertidumbre y que no permite que sus pobladores, tengan mejores condiciones en servicios públicos, vivienda, vías y desarrollo económico.
Tenemos una deuda histórica con el sector rural. ¡A camellar se dijo!