Con un hacinamiento carcelario superior a 50 mil presos, es decir que superan en ese número la capacidad instalada de los penales, es pertinente y conveniente la medida anunciada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, de decretar una emergencia con el fin de enfrentar esa grave problemática, ahondada en los recientes años pese a los sucesivos esfuerzos de los gobiernos pasados, que han consistido tanto en modificaciones a las leyes represivas como a la construcción de nuevos establecimientos, algunos denominados “megacárceles” pero que aún así se han quedado pequeños frente al volumen de detenidos que día tras día desborda tanto el número de cárceles como la tarea de investigación y juzgamiento del Estado.
Tiene hoy Colombia 117.000 reclusos, es decir una persona en la cárcel por cada 384 habitantes – cifra realmente alta y muy por encima de los estándares internacionales – producto por supuesto del estado de cosas en que se ha movido el país por orden y desorden público, delincuencia de toda calaña y enorme nivel de conflictividad personal, comunitaria y familiar. Y pese a ello tenemos hoy 16 cárceles clausuradas o con patios cerrados por cuenta de decisiones judiciales y los resultados de unas políticas públicas que se han mostrado deficientes a la hora de convertir a las penitenciarías en centros de resocialización. Al contrario, y lastimosamente, la cárcel es desde hace décadas, para el ciudadano del común, más sinónimo de mayor delito – “Universidad del delito” la llaman los mismos internos – que en centros de recuperación del hombre para la sociedad. Dicen los penales en sus frases de cajón que “aquí entra el hombre, no el delito”, pero lo que se encuentra el desgraciado que llega allá es que el crimen es el que pulula, campea y domina todos los penales de Colombia. Y que bajo esos regímenes oscuros, siniestros y ya crónicos, cualquier preso se convierte en objeto de mayores delitos que los que se cometen fuera de las rejas.
Por ello no se trata solo de hacer más centros penitenciarios para que quepan todos los delincuentes, y los que apenas van en etapa de investigación del delito como imputados o acusados. No, el asunto es mucho más serio, requiere medidas de choque y de fondo, acciones de corto y largo plazo para que la entrada a una cárcel no se convierta en un castigo mucho más gravoso que el que la ley, teóricamente, dice estar fijando. Además de estar privado de su libertad, el recluso en Colombia se convierte en objeto, en mercancía, en carne de cañón para otros crímenes, en víctima de horrendos delitos sexuales, de intimidaciones, sobornos y otra larga lista de aberraciones dentro de los penales. Y a esa realidad horrorosa no parece apuntar por ningún lado la anunciada emergencia del presidente Santos.
Y como la han indicado tanto el Consejo Superior de la Judicatura como el Defensor del Pueblo, la emergencia carcelaria no toca los problemas de fondo, sino, apenas, algunos problemas administrativos y que la crisis no se soluciona con nuevas cárceles, sino con cambios serios en la política criminal.
“La crisis no se soluciona con nuevas cárceles, sino con cambios serios en la política criminal”.
Editorialito
La designación del coronel Miguel Moncaleano Gómez como primer comandante de la Policía Metropolitana de Neiva es un gran acierto. El oficial, huilense de nacimiento, conoce como nadie la problemática y sabrá cómo enfrentarla. La confirmación del coronel Juan Francisco Peláez, le garantizará la continuidad de las políticas de seguridad urbana.