El anuncio fue hecho por la Vicefiscal Martha Janeth Mancera en el marco de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección a firmantes del acuerdo de paz, cumplida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Redacción Web/LN
Durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección a firmantes del acuerdo de paz, cumplida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, destacó la labor que ha venido realizando la entidad para desmantelar organizaciones criminales que más afectan a esa población. También se refirió a la acción penal que se adelanta contra los posibles responsables de estos crímenes.
“Una sola muerte de un firmante de paz, de un líder social, de la población, es un hecho doloroso no solamente para la familia, sino también para la sociedad y por supuesto a la comunidad en donde esa persona habita. La responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación es esclarecer los hechos que constituyan un delito, y acusar a sus responsables frente al juez”, señaló la Vicefiscal, Martha Janeth Mancera.
En ese sentido, destacó el modelo implementado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en cuanto implementó la articulación, la itinerancia y la concentración como estrategias para avanzar en las investigaciones y lograr esclarecer los hechos delictivos ocurridos en los distintos territorios.
Los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de ese modelo generaron un cambio en la metodología, y en el enfoque de la investigación respecto de distintos delitos, pues se establecieron patrones de criminalidad en los territorios y se identificaron las organizaciones criminales responsables de los hechos: “los equipos hoy son itinerantes para abordar (homicidios) colectivos, abordar homicidios de firmantes de paz, abordar homicidios de defensores, abordar los homicidios de la población civil, abordar los delitos donde hay mujeres como víctimas”, afirmo la Vicefiscal.
La Vicefiscal señaló que, en algunas zonas del territorio nacional, la Fiscalía no puede ingresar por la presencia de actores armados que ponen en riesgo la acción institucional y a los funcionarios judiciales.
“No hemos podido lograr ingresar nuevamente a los territorios para poder hacer los actos urgentes. Ustedes lo vieron y los colombianos también lo vieron cuando sucedió el caso de Tierralta. Fue hostigado el helicóptero donde iba la comisión de la Fiscalía para hacer los actos urgentes y qué decir de Tuluá, donde son amenazados los jueces, los fiscales y los abogados. Ya estamos hablando de zonas urbanas, no zonas rurales, donde en anteriores años la situación era compleja, pero podíamos entrar al territorio para poder tener el primer eslabón de derechos que tienen todos los colombianos: acceso a la justicia”, enfatizó la Vicefiscal General.
Además, no ha sido posible materializar 60 órdenes de captura de cabecillas de grupos armados, señalados como posibles determinadores de crímenes en los que las víctimas son firmantes del acuerdo de paz, o defensores de derechos humanos. Estas capturas son contra integrantes del Clan del Golfo, el ELN, y las disidencias de las FARC. De acuerdo con el material probatorio en poder la de Fiscalía, el 80% de los homicidios, desapariciones y amenazas a reincorporados son causados por organizaciones criminales de las cuales el 63% son atribuidas a las disidencias de las Farc.
“Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, señores magistrados y magistradas, de tener las órdenes de captura, de preservar los elementos probatorios, de identificar la estructura criminal, pero si a los territorios no llega el Estado no es posible que nosotros podamos hacer lo que denominamos mitigar los riesgos de la población“, puntualizó la Vicefiscal.
Por disposición de la Constitución Política la Fiscalía es responsable de la acción penal y por ende del esclarecimiento de los delitos, y para lograrlo se articula de manera eficiente con jueces, fuerzas militares o de policía y la judicatura. El objetivo común es el desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales no solo para obtener las condenas respectivas, sino en la afectación a sus finanzas criminales.
La Vicefiscal Martha Mancera destacó que para desmantelar estas organizaciones criminales es necesario contar con: “una verdadera política de desmantelamiento con recursos, con aportes a la Fiscalía desde sus fiscales, analistas e investigadores. Fortalecer la DIJIN, no es solamente al cuerpo élite es la DIJIN y los distintos grupos, y fortalecer los jueces de la República, que en últimas es a donde nosotros acudimos a litigar nuestros casos para que sea un juez con su autonomía e independencia, el que tome la decisión que en derecho corresponda”.
Con información de: Fiscalía