El manejo irresponsable y doloso de los recursos y bienes públicos, coadyuvado por el marco legal institucional vigente, la politiquería, el clientelismo y el tráfico de influencias, son los determinantes del subdesarrollo general de la nación, de las desigualdades sociales, la inequidad socioeconómica, la impunidad judicial, la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
La corrupción, el clientelismo y la inmoralidad, penetró y sometió todas las instancias del poder público, en Colombia y demás países sometidos al modelo neoliberal. Es innegable, desde todo ángulo que se le juzgue.
Tal situación, hizo de la contratación pública en general y en particular en Colombia, el instrumento especial y específico, para robarse los recursos del estado, nacional, departamental y municipal, con la anuencia y tolerancia de la institucionalidad. La evidencia, para cualquier observador, es el festín de obras inconclusas y de elefantes blancos, que revela la Contraloría General de la República, entre otros.
La corrupción en la contratación pública, se tornó incontrolable, con el marco legal que la rige y la laxitud e inoperancia, tolerancia y complicidad, de los órganos de control, del poder judicial, la institucionalidad en general y los gobernantes de turno.
Colombia demanda profundas reformas en todos los sectores del desarrollo nacional, y específicamente en contratación pública, para poder impulsar el crecimiento económico, tecnológico, científico y social, que garanticen condiciones que hagan posible el mejoramiento socioeconómico de todos sus ciudadanos.
Diversas investigaciones concluyen que por corrupción y pago de coimas, el estado colombiano, pierde anualmente más de $60 billones anuales. Y nadie se inmuta y menos los gobernantes de turno. ¿Quiénes reciben las coimas? Ahí esta la clave.
Con la profundización del modelo económico, impuesto por occidente y redefinido con el Consenso de Washington, se profundizo la privatización de lo público y la transferencia de la riqueza de las naciones, al dominio de lo privado.
La contratación pública fue el mejor instrumento, para adornar de legalidad, el saqueo y transferencia de lo público, a los intereses privados. En todos los casos, los gobiernos de turno se encargaron de consumar el designio, mediante las Concesiones y las APP, entre otras, y la normatividad legal, definidas y aprobadas a la medida, para legalizar el saqueo de lo público.
El sainete con las concesiones 4G. La privatización de la Red Vial Primaria y el negocio de los peajes, a favor de seis oportunistas, consagrados dueños de los principales corredores viales nacionales y la ausencia de inversión pública, en la red vial nacional, la desaparición de la Red Ferroviaria y el Transporte fluvial, son el reflejo fiel de la anarquía y el caos que impera en las altas esferas del poder y el desarrollo nacional. Y no aparece ni la formula ni el gobernante responsable y capaz de revertir el desastre.
Es inaplazable extirpar el cáncer de la corrupción, en la contratación pública. Para alcanzar ese objetivo, es imprescindible disponer de un nuevo Estatuto de Contratación Pública, sencillo, concreto, práctico, preciso y obligatorio para toda entidad pública o mixta, sin excepción y para toda cuantía y la extirpación de la corrupción, en la Ramas judicial y Órganos de Control.
Ante la gravedad del desastre público nacional, en contratación pública, Colombia, debe adoptar un nuevo Estatuto de la Contratación Pública, lo más pronto posible, mediante Decreto Ley, con la correspondiente autorización del Congreso.
Si resulta imposible lograr aprobación de un Nuevo Estatuto de la Contratación, mediante decreto ley y/o el Congreso niega al Sr. Presidente facultades para dictarlo mediante Decreto Ley, en los términos que se requieren para derrotar la corrupción, el Sr. Presidente, debe asumir ese desafío, a través del Constituyente Primario.
¿Será posible que el Sr. Petro haga ese milagro? Y en ese caso, el gobierno, como imperativo moral, debe instruir al Constituyente Primario, en todo lo concerniente al procedimiento a desarrollar, para que entienda las dimensiones y la amenaza del cáncer de la corrupción en contratación pública y dimensione, cómo afecta los intereses de la mayoría de colombinos, el cáncer de la corrupción.
El gobierno u organizaciones sociales, con todo el apoyo logístico del gobernó, deben proceder inmediatamente a desarrollar los procedimientos requeridos legalmente, para lograr a través de un Referendo de iniciativa del Constituyente Primario y de conformidad con la ley, desarrollar los procedimientos requeridos para la adopción de un Nuevo Estatuto de La Contratación Pública, que contenga las especificidades básicas suficientes, para extirpar, de la Contratación Pública, el cáncer de la corrupción.
Puede ser el mayor desafío, para el actual gobernó de Colombia. El Nuevo Estatuto de la Contratación Pública, debe contener definiciones y precisiones únicas, sobre todo tipo de Contratación Pública y en particular sobre Concesiones Viales y APP e infraestructura pública, en general.
EL Nuevo Estatuto debe ordenar que toda entidad, ordenadora de gasto público e inversión, solo puede contratar las obras, de inversión pública, cuando el Estado disponga de Estudios y Diseños completos, revisados y aprobados, con estricto rigor técnico y económico.
El cumplimiento de este objetivo, pueden lograrlo con el concurso de las dos o tres universidades públicas mejor ubicadas en el Ranking mundial de universidades, de cada año, en la realización de Estudios y Diseños y asesorías técnicas, si demuestran solvencia técnico-académica, para el propósito que se requiere.
Debe ordenar que todos los Estudios y Diseños, deben estar soportados sobre estudios de ingeniería de detalles y deben ser contratados por el Estado y revisados exhaustivamente, en lo relativo a la pertinencia y sustentabilidad técnica y económica. Y que toda inversión debe tener el correspondiente presupuesto actualizado, soportado con análisis de precios unitarios y estos, soportados, en precios del mercado.
Lo anterior, porque hay consenso en que la infraestructura vial en Colombia, especialmente la construida por Concesión y APP, cuesta entre tres y cuatro veces más que en el resto del continente y al mismo tiempo, que Colombia tiene el mayor atraso en infraestructura en general, en Sur Américas y los mayores índices de corrupción en contratación pública.
Además, todo estudio y diseño, del sector público, debe ser contratado por licitación pública, y siempre, en la adjudicación de la correspondiente licitación, debe prevalecer la experiencia real, honestamente adquirida, no los dudosos títulos de posgrado, en muchos casos, otorgados por universidades de garaje.
Insisto en la urgencia de tomar todas las medidas legales, técnicas y administrativas, para cortar la hemorragia fiscal, que la corrupción crónica evidente, en la mayoría de procesos de contratación pública, ocasionan un déficit anual superior a $60 billones, al fisco nacional, departamental y municipal, de acuerdo con resultados de diversas investigaciones realizadas, entre 2017 y 2019.