RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
La ‘torcida’ elección de la expersonera de Neiva, Heidy Lorena Sánchez Castillo y del ex contralor José Hildebrand Perdomo, realizadas en enero de 2016, estaban amarradas desde antes de la convocatoria.
Es más, los términos y procedimientos para realizar el concurso y evaluarlo, fueron sincronizadamente planeados con suficiente anticipación.
Sólo cuando estuvieron seguros de haber consumado el ‘pacto secreto’ con los concejales, los dos funcionarios decidieron inscribirse en los concursos de méritos, según quedó consignado en las 33.000 interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía.
Los registros fueron aportados como pruebas que se harán valer en la audiencia preparatoria contra los implicados entre ellos diez concejales, un particular y cuatro servidores públicos, acusados como probables coautores de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
Las primeras revelaciones están contenidas en el escrito de acusación, anticipado por LA NACIÓN, que comenzó a sustentar la fiscal doce seccional, Susana Lozano Lozano y el fiscal de apoyo Óscar Ochoa Ramírez.
La acusación se adelanta ante la juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Elvira Inés Zamora Gnecco.
Pacto secreto
El complot fue orquestado por Perdomo Fernández, quien se desempeñaba como jefe jurídico de la Usco a través de la Grupo de Proyectos Especiales e Innovación, centro de operaciones de los concursos fraudulentos, que se realizaron en Neiva y en otras 35 ciudades del país.
Perdomo Fernández, en una de las interceptaciones grabadas por la Fiscalía, reveló que tres meses antes de la elección ya había iniciado los acercamientos con los concejales para ambientar el plan. Esas primeras ‘gestiones’ arrancaron en octubre de 2015, comenzando el último periodo de sesiones ordinarias.
Es más, tranquilamente comentó por teléfono, que ya contaba supuestamente con el respaldo de Hernán Andrade, Carlos Julio González, Cielo González, Jorge Eduardo Géchem y Rodrigo Villalba, sin aportar ningún elemento que confirme esa aprobación. Solo aparece una referencia escueta de esa conversación.
Esa llamada fue interceptada el 11 de enero de 2016 a la 1:46 p.m. cuando conversa con una persona que identifica como ‘Faguti’, quien debía encargarse a través de la prensa, del manejo de imagen de los dos funcionarios elegidos. Según esa conversación, grabada por el CTI, el objetivo era contrarrestar los efectos de los escándalos previos originados por el polémico concurso.
Los hechos posteriores confirman esas revelaciones. El convenio fue firmado por el presidente del Concejo Luis Eduardo Penagos el 12 de noviembre de 2015 sin autorización de la mesa directiva de la corporación.
Como coordinador fue designado el médico Luis Antonio Medina Arias quien facilitó toda la estrategia para favorecer a los dos funcionarios, miembros del mismo equipo, amigos personales y compañeros de farra.
‘Operación prepago’
Mientras avanzaba la organización del concurso estaba en marcha la ‘operación prepago’. El plan de sobornos comenzó el 17 de noviembre de 2015, según la documentación que descubrirá la Fiscalía en la audiencia preparatoria.
Para concretar los ofrecimientos y asegurar las demás prebendas, Perdomo y otras personas, organizaron varias reuniones secretas. Los encuentros se realizaron en recintos privados con la mayoría de los concejales, estratégicamente clasificados. En un primer grupo estaban los concejales nuevos, en otro los ‘veteranos’ y en otro los concejales indecisos.
El trabajo de persuasión también lo hizo por vía telefónica o a través de otros concejales o de servidores públicos y particulares que facilitaron el acercamiento. La mayoría aceptó el pacto.
“En todos los casos mediaron promesas de pago de dinero y prebendas, cargos y contratos. Perdomo Fernández acordó con René Cantillo y Óscar Humberto Urueña que estos últimos realizarían el pago de los dineros ofrecidos que ascendían a un monto aproximado de 15 millones de pesos por concejal como contraprestación por el apoyo a la elección de personero y el voto favorable a su favor en la elección como contralor”, revela el documento obtenido por LA NACIÓN.
En el voluminoso registro de llamadas obtenido por LA NACIÓN queda evidenciado que a finales de 2015 y principios del 2016, Heidy Lorena Sánchez, actuando de común acuerdo con José Hildebrand Perdomo, René Cantillo y Óscar Urueña, ofrecieron dinero, puestos y prebendas a los concejales para que la favorecieran y apoyaran su elección.
Cuando se selló el pacto secreto Sánchez Castillo decidió participar en el concurso. En efecto, se inscribió a finales de noviembre de 2015.
Los sobornos
En otra conversación telefónica, en poder de la Fiscalía, Óscar Urueña y René Cantillo, sin saber que los estaban grabado, destaparon los montos de dinero entregados a los concejales Roberto Escobar, Dolcey Andrade y Carlos Posada. Los montos se hicieron en diferentes pagos hasta completar los 15millones de pesos por concejal. Estos dineros se entregaron como contraprestación por el apoyo a la elección de la Personera y el voto favorable a su favor por la elección como Contralor.
“Me costó un ojo de la cara”, relata Cantillo, encargado de ‘prestar’ el dinero. La llamada fue interceptada el 23 de enero de 2016 a las 8:34 a.m. cuando ya los dos funcionarios estaban en pleno ejercicio de sus cargos y
“Por eso la gente que ubiquen con puestos o con contratos tienen que ayudarles políticamente”, comentaban alegremente. “Eso ya está hablado con el entrante contralor Perdomo”, afirmaron.
Las interceptaciones obtenidas legalmente por la Fiscalía, confirmaron que Perdomo Fernández, ya por fuera de la Usco y ejerciendo su cargo de Contralor, impartía las instrucciones y daba órdenes en el Grupo de Proyectos Especiales de la Usco, encargado de la organización del concurso.
“Desde esta posición, gestionaba indebidamente otras actividades, ajenas a su ejercicio misional y tramitaba contratos y gestionaba nombramientos”, explicó la fiscal Susana Lozano. Entre otros aparecen contratos en Empresas Públicas de Neiva en la época de Cielo Ortiz Serrato, Empresa Social del Estado, Sept, y en entidades como Infihuila, Comfamiliar del Huila, Terminal del Transporte. Además, presionaba con auditorías especiales a otras entidades como el mismo Sept y Secretaría de Hacienda.
En otra de las grabaciones con el empresario René Cantillo, aparece el esposo de la gerente de la ESE de Neiva comentándole los resultados de sus “gestiones” encomendadas en la entidad y criticando al alcalde y a algunos concejales como Mateo Trujillo que se cuestionaron el concurso.
Primer triunfo
La elección de Heidy Lorena Sánchez Castillo fue la primera victoria del complot.
La funcionaria fue elegida el 8 de enero pasado al haber ocupado en forma tramposa el primer lugar en un concurso de méritos al que participaron 47 candidatos, como ella misma lo admitió en las interceptaciones realizadas por la Fiscalía.
El puntaje asignado a la especialización en la etapa de la valoración de antecedentes no correspondía. Sánchez Castillo sólo acreditó un título de especialización, valorado en dos oportunidades y obteniendo el mismo puntaje de otros participantes que presentaron dos o más especializaciones.
Para compensar las especializaciones le asignaron el mismo puntaje a un diplomado haciendo que la ganadora obtuviera más puntuación. La funcionaria admitió que era un error y señaló que en su caso, esa calificación no aplicaba, como quedó registrado en otra interceptación.
Segunda victorias
El Concejo modificó inexplicablemente los términos de la convocatoria pública para la Contraloría, sin aviso previo al cierre de inscripciones violando abiertamente los principios de publicidad, igualdad y equidad.
La corporación, siguiendo al pie de la letra el cronograma del ‘pacto secreto’ modificó la estructura y criterios de selección del concurso pasando de ser un concurso de méritos a una convocatoria pública (Resolución No. 131 de 2015)-
Insólitamente, la mesa directiva de la época utilizó para evaluar a quienes presentaron las reclamaciones un software especializado en detectar que resultó pirata. Además, esta herramienta no estaba estipulada en la reglamentación de la convocatoria. Ese cambio le permitió al jefe jurídico de la Usco, llegar a la Contraloría, con el favor de un reducido grupo de asesores y con el beneplácito de un empresario que se prestó para patrocinar la corruptela.
Finalmente Perdomo Fernández fue elegido Contralor de Neiva mientras ejercía como jefe de la Oficina Jurídica de la Usco, y quien revisó los convenios para la realización de los concursos.
En estas condiciones, en forma espuria, Perdomo obtuvo el primer lugar con 80.2 puntos. La elección se produjo el 9 de enero de 2016 por 17 de los 19 votos. Los dos restantes, uno no votó y el otro no estuvo presente.
La audiencia de acusación continuará este viernes durante todo el día. De concluirse, hoy se fijaría la fecha para la primera audiencia preparatoria, la última fase antes del juicio.