Rodrigo Villalba Mosquera
El anuncio de Iván Márquez -el nuevo jefe de las disidencias de las Farc- acompañado de otros exjefes y negociadores de la antigua guerrilla como ‘Santrich’, ‘el Paisa’ y ‘Romaña’, se constituye en la mala noticia de la semana y la demostración de que algo falló en el Acuerdo de Paz. Temores, incumplimientos, malos comportamientos de algunos de los reinsertados o un Estado paquidérmico con funcionarios despistados -del gobierno anterior y de este- que han tenido desdén con la paz.
El Estado debió hacer presencia real en aquellas zonas que fueron desocupadas producto del Acuerdo donde la insurgencia tenia dominio territorial, presencia real, con fiscales, jueces, fuerzas armadas, autoridades, entidades estatales con programas e inversión para atender esas necesidades que hacen parte de la ruralidad de esa Colombia atrasada por cuenta del conflicto.
La noticia de la semana es grave porque que en Colombia persiste una absurda polarización entre los amigos y enemigos de la paz. La verdad es que el grueso de los colombianos sí somos amigos de la paz, una paz incompleta, con errores, pero finalmente la paz que ha evitado la muerte de muchos compatriotas. Colombia no quiere regresar a ese pasado de zozobra y violencia.
Frente a lo que está pasando -paradójicamente en época electoral- hay posiciones serias de país que deberíamos estar revisando para avanzar y establecer cómo enfrentar, en unidad nacional, el reto de las disidencias. Pero aparecen disimiles posiciones, algunas guerreristas y muchas populistas creyendo sacar provecho de manera irresponsable de la situación. Vemos a un candidato a la gobernación posar como ‘Ministro de Defensa’, como director de operativos militares, facultad que no tiene el cargo al que aspira. Pero también vemos posiciones serias de otros candidatos, quienes afirman con razón que es lamentable lo que se está presentando y proponen hacer todo lo que esté al alcance para no regresar a la zozobra, intimidación y épocas de violencia del pasado. Para el caso del Huila proponen solicitar al gobierno nacional un plan especial para proteger a los empresarios, a los líderes sociales, a los huilenses en general, para que la intimidación, la extorción y la muerte no regresen a nuestro territorio, pero al mismo tiempo se comprometen a llevar propuestas que se materialicen en programas para que la actividad de los campesinos sea rentable, bajando costos de la producción, con inversión del Estado que entregue garantías a la ruralidad comarcana que les permita erradicar la inequidad para que esta no vuelva hacer caldo de cultivo de violencia.
Por más que estemos en elecciones regionales, esta es una situación que amerita reflexión y mucha seriedad de los dirigentes.