No es un nuevo concurso de televisión ni una miniserie al estilo gringo, es la cruda realidad que vive la política colombiana, cortesía de algunos exfuncionarios públicos y políticos reconocidos.
Darse a la fuga pareciera estar de moda, el que roba se fuga, el que se estrella borracho se fuga, y ahora importantes figuras de la vida pública nacional emprenden vuelo cuando sienten pasos de animal grande.
¿La última estrella del escapismo? La ex contralora Sandra Morelli, más reconocida por sus férreos enfrentamientos con el fiscal general y la defensa a ultranza de sus animalitos que fueron víctimas del bullying de vecinos insensibles que no los dejaban ladrar en las madrugadas.
Y cuando ella partió para Italia-su tierra ancestral- muchos llegamos a pensar que se trataba más de una rencilla personal con el fiscal Montealegre que una verdadera investigación penal.
Tal y como pasa en el cuento del pastorcito mentiroso, el Fiscal General ha tenido tantas salidas en falso, tanta simpatía hacia el presidente Santos y hacía su proceso de paz (cuando debería estar persiguiendo criminales y no sugiriendo formas de que no paguen ni un día de cárcel) que muchos no creemos en lo que dice o hace.
Ahora, cuando habla el Vice fiscal Perdomo, -un tipo pedante pero a quien no se le puede negar su gestión como cabeza visible del ente investigador- la cosa es distinta. Y detrás del caso de la Ex – contralora hay algo que va más allá de unas simples diferencias irreconciliables entre dos altos funcionarios del Estado.
Pareciera entonces que el Fiscal General en medio de su desatención temporal de las funciones que tiene asignadas, tiene razones para acusar. Y no es para menos, La contraloría, como el ente de control por excelencia de los recursos y las inversiones públicas, no puede estar fijando sus instalaciones en un local arrendado que supone unos gastos exorbitantes por concepto de canon de arrendamiento. Es decir, Sandra Morelli tuvo que cerciorarse que el contrato que iba a celebrar para tomar en arriendo un imponente edificio en el occidente de Bogotá, no fuera a generar sobrecostos, y por ende un detrimento patrimonial para el Estado, es decir, daños e irregularidades que la misma Contraloría investiga y sanciona. ¡Las ironías de la vida!
Pero el caso Morelli no es el único. Todo se remonta a la época en que Maria del Pilar Hurtado decidiera salir del país por el escándalo del Das, o cuando el ex – comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias también salieron del país. Todos ellos alegando una presunta persecución política.
Esto no tendría nada de raro por supuesto, porque como ya se dijera, las mismas actuaciones de la Fiscalía dejan mucho que decir. Halando hilos invisibles, el ente acusador ha revolcado expedientes e iniciado investigaciones curiosamente justo cuando la situación política lo requiriera.
Al parecer Oscar Iván Zuluaga ya le hace ojitos a los aeropuertos, y estaría próximo a partir del país en busca de refugio o un status de perseguido político por el caso del Hacker Sepulveda. Su hijo por lo pronto ya se encuentra en U.S.A, presto -según él- a colaborar con la justicia, pero en ningún caso con el ánimo de postergar sus estudios en Nueva York para volver a Colombia y rendir interrogatorio.
Que sean Uribistas o no (salvo morelli) lo atribuyo a una mera coincidencia. Pues el fenómeno del “plan escape” puede aplicar a todos los políticos de todos los partidos y colores, quienes cobijados bajo el argumento de persecución política, prefieren huir cual conductor borracho de la escena del crimen y esperar que les creamos que son inocentes, cuando no tienen la mínima intención de colaborar con la justicia y esclarecer los turbios episodios que los rodean. Si creen que el Estado Colombiano y sus Instituciones no les provee garantías suficientes, simplemente no intenten después postularse o ejercer cargos públicos que suponen la obligación de respetarlos.