Esperanza Andrade
Hoy, lastimosamente, para muchas madres es una tarea tortuosa y hasta vergonzosa tener que buscar, batallar y casi que arrastrar hasta una notaría al hombre con quien concibió el bebé para que, haciendo pataleta y expresando amenazas, le dé su ‘valioso’ apellido. Pero ese trato indigno para la mujer, para la mamá, y la criatura está a punto de ser cosa del pasado.
En adelante ese ‘viacrucis’ desaparecerá si el Congreso de la República aprueba un proyecto de ley “por medio del cual se busca modificar parcialmente los requisitos necesarios para el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales”, presentado por la senadora conservadora Myrian Ponente, y del cual soy orgullosa ponente.
Bastará, al momento de registrar el menor, la declaración de la madre sobre quién tiene la paternidad de su hijo, que luego será notificada al presunto padre. En caso del sujeto rechazar la filiación, deberá someterse a un examen de ADN, la que comprobará o no el parentesco. Si este probase que no es el padre, se modificará el registro civil y se le asignarán al pequeño los apellidos de la madre.
Lo importante de esta iniciativa es que revoluciona el reconocimiento de los hijos extra matrimoniales. La carga de la prueba la tendrá el presunto progenitor quien tendrá que demostrar que no tiene filiación. Mientras se da la investigación por parte del Defensor del menor correspondiente al caso, se presumirá padre a quien aparezca en el registro civil. Entonces, bastará que la madre asista a la notaria respectiva y señale quién es el presunto padre y de una vez se registra el niño con su apellido y entra a tener y a gozar las garantías y obligaciones que por ley tiene el papá. Por ejemplo, que empiece a cumplir con la cuota alimentaria.
Es decir, como dice la senadora Paredes, “la declaración de la madre surte efectos jurídicos inmediatos; el padre queda obligado en forma instantánea a responder por las exigencias, y si quiere objetar esa responsabilidad, tiene que impugnar la paternidad y practicarse un examen genético”.
De esta manera cumplimos uno de los propósitos que nos propusimos cuando ingresamos al Senado: proteger a la mujer, al niño y a la familia. Brindarles protección y asistencia en situación de vulnerabilidad por problemas de tipo jurídico, violencia intrafamiliar, maltrato y abandono, así como procurar el respeto de sus derechos. Es nuestro compromiso social en el que trabajamos con mucha esperanza y dedicación.